El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, respalda la regularización extraordinaria de migrantes que ha puesto en marcha el Gobierno pero avisa de que "no ofrecerá una solución definitiva", según se desprende del Informe anual de la actividad del 2025 de la institución, que ha registrado este martes en el Congreso y entregado a su presidenta, Francina Armengol.
En este sentido, expone que considera "muy acertado" que este proyecto normativo se centre en "corregir" aquellos elementos que ya señaló la reforma del Reglamento de Extranjería de 2022 "al reconocer que el modelo migratorio español no solo carece de agilidad para dar respuesta a los retos del mercado laboral, sino que padece importantes ineficiencias y potencia prácticas de economía informal que tienen elevados costes humanos, económicos, sociales y de gestión".
Sin embargo, el Defensor del Pueblo sostiene que esta medida extraordinaria, por su propio alcance temporal, "no ofrecerá una solución definitiva" al "problema" con respecto a la figura del arraigo y su aplicación a personas a las que, tras largo tiempo, se les deniega sus solicitudes de protección internacional.
El Consejo de Ministros aprobó el inicio de la tramitación de una regularización extraordinaria el 27 de enero de este año, dirigida a extranjeros que ya se encuentran en España, con el objetivo de garantizar derechos y dotar de seguridad jurídica al sistema.
Según la información facilitada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el proceso estará dirigido a todos los extranjeros que se encontraran en España antes del 31 de diciembre de 2025 y que acrediten haber permanecido al menos cinco meses de forma continuada en el país en el momento de presentar la solicitud.
En el caso de los solicitantes de protección internacional, bastará con que dicha solicitud se hubiera presentado antes del 31 de diciembre de 2025 y así se pueda acreditar. Otro de los requisitos anunciados será el de no contar con antecedentes penales ni suponer una amenaza para el orden público.
Las personas que participen en este proceso y acrediten el cumplimiento de los requisitos podrán acceder a una autorización de residencia en España con una vigencia inicial de un año y, según se ha indicado, la propia autorización de residencia permitirá trabajar, desde el primer día, en cualquier sector y en cualquier parte de España.
El Defensor del Pueblo también destaca que, en su motivación, el proyecto recupera "elementos esenciales" de la reforma operada en el Reglamento de Extranjería de 2022, que modificó la figura del arraigo para "hacer frente de forma ágil a los crecientes desajustes del mercado de trabajo español asociados a la escasez de mano de obra desde el ámbito migratorio".
