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La Alianza por la Crianza, formada por Save the Children, Federación Española de Familias Numerosas, Federación de Familias Monomarentales (FAMS), la Asociación de Madres Solteras por Elección y la Unión de Asociaciones Familiares, ha lanzado una campaña de recogida de firmas para reclamar la aprobación «urgente» de la prestación universal por crianza y una mejora en las medidas de conciliación, ante el coste de la vuelta al colegio.
En concreto, piden la puesta en marcha de una prestación universal por hijo o hija, «de carácter estable y suficiente, que ayude a compensar el coste real de la crianza y alcance a todas las familias, con refuerzos específicos para aquellas que afrontan mayores dificultades y riesgo de pobreza o exclusión social, como las familias monomarentales, familias numerosas, de origen migrante o con niños o niñas con discapacidad».
Asimismo, exigen una mayor inversión en la educación pública y más apoyo a las familias a través de becas de comedor, gratuidad de libros de texto, ayudas para material escolar y medidas de conciliación.
«El problema no es únicamente el gasto extraordinario de septiembre. La vuelta al cole pone de manifiesto una realidad estructural: criar es cada vez más caro y las familias siguen asumiendo prácticamente en solitario un esfuerzo económico que debería ser compartido por toda la sociedad mediante políticas públicas suficientes», señalan las asociaciones que conforman la alianza.
Según advierten, afrontar el coste de la educación supone «un gran esfuerzo» para las familias. Así, por ejemplo, señalan que el 59% de las familias numerosas ha tenido problemas para asumir los gastos educativos en el último año o que el 58,25% de familias monomarentales ha afrontado un gasto de entre 200 y 600 euros.
Además, precisan que garantizar el acceso a la educación no puede limitarse a la escolarización gratuita sino que implica «poder participar plenamente en la vida escolar sin que el coste de libros, material, comedor, transporte o actividades complementarias suponga una barrera».
«La educación es un derecho, no un privilegio. Ningún niño o niña debería comenzar el curso en desventaja porque su familia no puede asumir los gastos que conlleva la escolarización», subrayan las entidades.
Por ello, instan a reforzar la inversión pública en infancia y familia «para acercarla a la media europea» y añaden que las familias «no necesitan medidas excepcionales cada mes de septiembre» sino «políticas estables que reconozcan que criar tiene un coste y que garantizar el bienestar de la infancia es una responsabilidad colectiva». «España no puede seguir situando el peso de la crianza casi exclusivamente sobre las familias», zanjan.
