El empresario Víctor de Aldama ha comunicado a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que acepta realizar trabajos en beneficio para la comunidad durante el periodo de un año, una de las condiciones impuestas por los magistrados para permitirle evitar la cárcel por la sentencia del 'caso mascarillas', que le condenó a cuatro años y medio de prisión por delitos de organización criminal y cohecho.
Mediante un escrito de este miércoles, al que ha tenido acceso Europa Press, Aldama expresa su «libre consentimiento, expreso, terminante y no condicionado, a realizar trabajos en beneficio de la comunidad durante un año».
La sentencia aplicó al empresario la atenuante analógica de colaboración muy cualificada y suspendió la ejecución de su pena por su «aportación realizada al descubrimiento de los delitos».
Eso sí, el Supremo lo condicionó a que el conseguidor del 'caso Koldo' no vuelva a delinquir en los cinco años que dura la suspensión, hiciera un año de trabajos en beneficio de la comunidad y presente un informe semestral de actividades.
Aldama acata en su escrito al Supremo que estos trabajos comunitarios se puedan realizar «en las actividades de utilidad pública que se determinen en Administración, entidad pública o asociación de interés general en que se presten los servicios» y «en los términos impuestos en la sentencia ejecutoria».
Para poder hacer efectiva la suspensión de las penas privativas de libertad, el Supremo indicó el «requisito indispensable» del consentimiento del condenado a la realización de trabajos comunitarios.
