La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Granada ha señalado para este martes el juicio de un caso en el que la Fiscalía ha pedido tres años y nueve meses de cárcel y 2.400 euros de multa para cuatro hombres de entre 40 y 51 años por la supuesta apropiación indebida de un total de 90.347 euros a un negocio de hostelería en cuyos establecimientos en la capital granadina trabajaban como camareros.
Lo habrían hecho, según consta en el escrito de conclusiones provisionales de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press, concertándose al parecer entre ellos para aprovechar "las posibilidades de eludir el control documental que la aplicación informática" que usaban estos bares para los cobros tenían previstas para "situaciones extraordinarias".
Por ejemplo "dividir el pago entre los comensales o trasladarse los clientes de una mesa a otra". Todo ello en unos hechos que el fiscal sitúa durante el año 2020 en el que estos camareros habrían actuado "con el propósito de lograr un enriquecimiento injusto a costa de su empresa".
La cantidad supuestamente sustraída es la marcada como indemnización a abonar entre los cuatro a la empresa por la Fiscalía, que los acusa por la presunta comisión de un delito continuado de apropiación indebida con agravante de abuso de confianza.
Al parecer "los querellados atendían las mesas y, en algunas ocasiones, tras abonar el cliente la consumición, se quedaban con todo lo recibido o parte, introduciendo en el sistema informático de gestión datos que no se correspondían con la realidad de lo servido ni cobrado, dejando sin efecto el ticket generado".
También habrían actuado "modificando su contenido, reduciendo los productos y consumiciones servidos o trasladando las consumiciones y productos a otras mesas". Habrían simulado en definitiva "haber servido menos productos de los realmente ofrecidos y haber cobrado menos dinero del realmente recibido".
"La distribución del dinero se hacía mediante el ingreso de las cantidades apoderadas en el bote de la barra, siendo repartido su importe entre los acusados copartícipes del procedimiento empleado durante sus turnos", agrega el fiscal.
En 2020, la empresa arrojó por ello un resultado de pérdida de 64.826 euros, apunta el ministerio público, que añade que el lucro cesante según pericial judicial ha sido establecido en 15.426 euros, con "pérdida de valor de la cantidad por efecto de la inflación en 10.064 euros".
