La antigüedad o la Edad Media no serán los únicos momentos en los que el sacerdocio haya participado del poder del gobierno, si no lo ha tenido todo, e Irán no va a ser el único lugar gobernado por sacerdotes, mejor dicho, hay otros sacerdotes que también quieren tener responsabilidad de gobierno, como los ayatolás. Debe ser una posición inmejorable, en especial si se ejerce sin haberse sometido a ninguna votación, si no se ha preguntado a la gente, si ni siquiera han sido elegidos. La función mercantil de los templos recuerda aquellos tiempos en que la gobernanza era tan tibia, o quizá mejor, tan brumosa, que se confundían los poderes. Algo así como cuando el chamán de la tribu impone su poder al jefe, porque domina a los atemorizados moradores, atribulados por fenómenos adversos, desde la lluvia con sus descargas eléctricas, a las enfermedades, la mayoría de las veces curadas por sugestión. Pero era lo que había.
Ahora hay medicina, pero la sugestión sigue teniendo un lugar preferente. Es la que hace creer algo a determinados grupos pequeños, numerosos o muy numerosos. Y así como la mercadería en el templo fue combatida con empeño por el látigo de Jesucristo, hoy, como símbolo, el látigo se ha caído de la mano del Jesús de la puerta del Perdón. Y tiene su significado, porque la Iglesia española, como la de Irán, aspira a ejercer el poder absoluto, mejor manera de mantener el negocio y de camino evitar que, por manos de un gobierno progresista, si llegara, pudieran revertirse sus más de cien mil fraudes de ley, llevados a cabo por medio de inmatriculaciones. Hoy, por la gracia de los obispos, sí que son grasiosos, más de cien mil bienes, la mayoría monumentales, muchos de ellos BIC o Patrimonio de la Humanidad, han dejado de ser propiedad del Estado, o sea, del Común y han pasado por manos de la «varita mágica» de los registradores a poder de los obispos. Que por su estructura, son la jerarquía de la Iglesia católica y, por tanto, por su composición universal, en estos momentos y mientras no se ponga freno, todos esos bienes forman parte de la Administración de un gobierno extranjero, el del Estado Vaticano. Pero sostenidos por el común del reino de España: con sus impuestos y con el cobro de entradas por la visita
Las inmatriculaciones quedaron en la ilegalidad sobrevenida, porque la Constitución superó y anuló todas las leyes anteriores, a las que sustituía desde el momento de ser aprobada. Las leyes posteriores lo recalcaban, pero los obispos han seguido apropiándose propiedades, ilegalmente amparados en una ley derogada y en el apoyo de los registradores de la propiedad, quienes los siguen considerando notarios, aunque no hayan superado ninguna oposición.
Y a propósito de oposición, los obispos tan sólo se oponen a la democracia, será porque les impide ejercer su poder, como lo ejercían en la Edad Media. Quizá no quieren ser menos que sus colegas iraníes, salvadas las distancias religiosas, si las hay. Y, desde sus pedestales obispales se han permitido dictar sentencia sobre supuesta ilegalidad de determinadas decisiones del gobierno, dictadas, con o sin acierto pleno desde el poder emitido por las leyes. También más o menos justas, pero aprobadas por la mayoría de votantes del reino de España. Que por cierto tiene un rey como jefe de Estado, un Gobierno con su Presidente y un Parlamento, estos tres últimos elegidos en votación libre, cosa que los obispos no podrán presumir.
Si existe relación entre las inmatriculaciones y la inmiscusión obispal en cuestiones de gobierno, podría ser digno de dilucidarse. De que ambas obedecen al espíritu dictatorial de obispos y arzobispos, no cabe la menor duda.
