El caso es disimular… cada vez menos. Si la Virgen, madre de Jesús de Nazaret existió, la mujer debió sufrir mucho, tener un hijo tan atrevido, tan rebelde, enfrentado sin recato al Sanedrín, a los fariseos, a los comerciantes reductores del templo a mercado. Y encima nunca había levantado el brazo salvo para saludar, pero jamás inclinado y con la mano recta, como parte de una misma pieza. Si aquella historia recogida en los Evangelios entre cien y doscientos años después, hubiera sido cierta ¿para qué se molestó Jesús, si sus descendientes, los pretendidos seguidores-mantenedores de su doctrina, lo único que mantienen es justo cuanto condenó, como la mezquina codicia y el placer de acumular riquezas? Si en vez de desprendimiento, pensar en los demás y combatir la corrupción y el poder omnímodo de una autoridad autoimbuída de supuesta legitimidad porque ha recibido el voto de una mayoría previamente desinformada y manipulada con habilidad maniobrera, apoyan esa corrupción, porque su única preocupación, su mayor ocupación es obtener privilegios para seguir acaparando, acumulando dinero y bienes y vuelven a convertir los templos, ahora privatizados, en centros comerciales para su único uso, disfrute y enriquecimiento.
Ahí está la prueba: eso y otros problemas han traído las inmatriculaciones. Tras ellas, tras apropiarse de la mayor parte del Patrimonio monumental, artístico, histórico y etnológico, y —ya que estamos— junto a otros elementos, con el aumento concerniente de su poder, ampliarlo un poco más, con la ayuda incuestionable de un gobierno oscilante e inseguro como un péndulo, capaz de dar carta de legalidad a la apropiación de la Mezquita de Córdoba, inscrita en el registro a nombre del Obispado por treinta euros, treinta monedas, para igualarse a la “proeza” (o mejor a la traición) de un tal Iscariote, modelo de hipocresía y traidor, y de esta forma, por parte también del gobierno, dar carta de normalidad a una adaptación irregular de la ya de por sí dudosa legalidad de la dictadura y a una segunda reforma aún más irregular, rayana ya en la ilegalidad absoluta, porque el decreto de Aznar contradice frontalmente a la Constitución de 1978, apoyado en una Ley anterior, derogada de forma automática al ser aprobada la citada Constitución.
Pues a pesar de la a-confesionalidad del Estado, consagrada también por la Constitución, los autodenominados «constitucionalistas» decididamente tan solo del artículo 155, y siempre según determinada interpretación favorable a su tendencia, a pesar de los artículos que consagran esa ausencia de confesionalidad, continúan practicando arbitrario confesionalismo con las imágenes de María, la mujer que tanto debió sufrir por haber parido un hijo rebelde que pretendió modificar la Ley, según la palabra adjudicada en los ya mencionados evangelios. El último acto de sumisión a una religión específica, después de las reiteradas salidas cansinas hasta para sus fieles, ha sido protagonizado por el Ayuntamiento de Tomares, localidad de treinta mil habitantes vecina a Sevilla, separadas tan solo por los brazos del río. La Virgen de los Dolores, imagen de gran ascendiente en el pueblo, ha sido nombrada «alcaldesa perpetua».
Ahora los alcaldes de esta localidad tendrán menos complicación en su gestión, pues cualquier error se lo podrán achacar a Alcaldesa tan poderosa y bien situada, por encima del actual y de los venideros. Con el trabajo que la mujer debe tener todavía, viendo el horror en que las actuales jerarquías civil y eclesiástica, han convertido la obra, se ignora si alguna vez puesta en práctica. Y no es que esto sea una aprobación a la doctrina subsiguiente, pero desde luego debía mediar un abismo con el resultado actual. Eso debe tenerla muy ocupada y preocupada, pues debe pensar —¿Para esto se sacrificó mi hijo?
Pero la jerarquía eclesiástica a quienes eso debe traerles sin cuidado, se podrán seguir aprovechando del ambiente creado con la permisividad y tan excesiva generosidad gubernamental. Pero, claro, después de darles tanto poder, ahora deben cuidarse. Porque siempre conservan reforzada, la posibilidad de chafar sus ambiciones políticas, vía consejo a sus seguidores. Una pescadilla difícil de enderezar. Pero ¿Será eso, por sí solo, justificación suficiente?
Entre tanto, los obispos inmatriculadores ya pueden seguir apropiándose bienes, con la inmunidad de hecho otorgada por el gobierno.
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