La declaración de Feijóo afirmando que Mazón lo mantenía «puntualmente informado» sobre la gestión de la Dana en Valencia resulta, a todas luces, increíble y cómplice. No solo porque nunca se ha detallado en qué consistió esa información tan precisa, sino porque contrasta radicalmente con la realidad de los hechos. Mientras las autoridades se escudaban en que estaban «centrados en la reconstrucción», lo cierto es que el entonces presidente Mazón inició una espiral de explicaciones contradictorias y, según todas las evidencias, falsas. Su estrategia fue siempre la misma: diluir responsabilidades, señalar a otros y presentarse como un mero espectador, casualmente ajeno al desastre mientras, según sus propias palabras, se encontraba en «un reservado de El Ventorro».
Esta conducta no es un error de comunicación; es el síntoma de una cultura política, la del Partido Popular, que opera con una sensación de impunidad estructural. La tragedia, con un balance de 230 fallecidos, exige una investigación rigurosa y responsabilidades claras. Sin embargo, lo que hemos visto es una estrategia de defensa infame, donde figuras como Tellado lanzaban acusaciones espurias contra cualquier sombra que se moviera, intentando desviar la atención y proteger al presunto responsable último por omisión y dejación de funciones: el propio Mazón.
El trasfondo de esta negligencia es aún más oscuro. Mientras la ciudadanía sufre las consecuencias de una gestión desastrosa, se aceleraba la adjudicación de contratos de «reconstrucción» a empresarios vinculados a la trama Gürtel, ya condenados por corrupción. La emergencia se convirtió en una oportunidad para que el sector empresarial afín «hiciera caja». El plan de reconstrucción nunca fue transparente, pero los beneficiarios sí estaban claros.
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El desenlace personal de Mazón es la guinda de este pastel de desvergüenza. Quien no ha conocido un trabajo fuera de la política, dimite por la presión de los hechos y, acto seguido, es recompensado con un «chiringuito» a medida: sueldo elevado, coche oficial y personal adscrito. Es la confirmación de un “spoils system” donde la derrota ética se premia con prebendas. Es lógico pensar que, en el hipotético caso de una condena, entraría en el cupo de indultos que los partidos del régimen del 78 se han autootorgado tácitamente.
¿Por qué actúan así?, ¿con tanta normalidad? Porque se saben impunes. Confían en un sector de la judicatura afín, en que grandes grupos mediáticos minimizarán o desviarán la información, y en que operadores políticos como Abogados Cristianos o plataformas similares actuarán como barreras de contención. Es la España que Franco dejó «atada y bien atada»: una red de intereses y lealtades que perdura y protege a sus elegidos.
Pero hay una esperanza, un contrapunto que demuestra que no todos son iguales. La instrucción judicial que se sigue en el Juzgado de Catarroja avanza por el camino de la justicia, buscando la verdad más allá del ruido político. Este caso puede ser un punto de inflexión.
Acabar con esta impunidad no es una quimera. Está al alcance de la mayoría honrada de este país. La herramienta no es el voto a la extrema derecha, que es parte del mismo ecosistema de privilegios y opacidad. La herramienta es democrática y contundente: usar las urnas para apartar del tablero político, de una vez por todas, a quienes consideran la administración pública un botín y la vida de las personas un daño colateral: «si de todas formas iban a morir igual». La justicia debe seguir su curso, pero la ciudadanía tiene la última palabra: la de mandar fuera de la política a quienes traicionan su deber.
