Eran las 9 y media pasadas cuando sacaron a Pite de su celda en el acuartelamiento militar de Hoyo de Manzanares, en Madrid. Ya habían sido asesinados los otros cuatro sentenciados a muerte por el franquismo. Él fue el último fusilado del franquismo, el régimen que llevó a cabo un genocidio contra su propio pueblo.
El primero fue Ángel Otaegi Etxeberria, de 35 años, militante de ETA, sacado de su celda en la prisión de Burgos a las 8 de la mañana. Acusado de la muerte del guardia civil Gregorio Posadas. 10 minutos después, a las 8,10 de la mañana, murió con su cara destrozada por los impactos de bala recibidos, por fusiles Mauser. El coronel auditor jubilado, Pedro Ramírez Barbero, entonces ayudante del fiscal que promovió la acusación, afirmó que Otaegui «no había sido autor material del asesinato, había sido Garmendia». El propio Otaegui le confesó a su carcelero que sólo había buscado un piso franco para el comando.
Después, llegó el turno de Txiki, Jon Paredes Manot, de 21 años, a las 8,30 de la mañana, en un bosque cercano al cementerio barcelonés de Sardañola del Vallés. Txiki, atado de pies y manos, cantaba el Eusko gudariak y llegó a gritar «Gora Euskadi askatuta. Aberria ala hil!» (Viva Euskadi libre. ¡Patria o muerte!). El capitán que comandaba el pelotón de seis guardias civiles voluntarios pronunció la orden de «A discreción, fuego». No dispararon a la vez, se tomaron su tiempo. Txiki recibió 12 impactos, de subfusiles Z-70, uno tras otro, que no le causaron la muerte en el acto. Tuvo que ser el capitán quién le remató con el tiro de gracia. «Mañana, cuando yo muera, no me vengáis a llorar. Nunca estaré bajo tierra, soy viento de libertad» le dijo a su hermano, Mikel.
En Hoyo de Manzanares, a las 9,10, mataron a Ramón García Sanz, y 20 minutos después a José Luis Sánchez Bravo, ambos compañeros de Pite, en el FRAP. El Frente Revolucionario Antifranquista y Patriótico fue inspirado por el PCE (m-l), de Elena Modena (Benita Ganuza, 1930-85) y Raúl Marco (1936-20) y por el Frente Español de Liberación Nacional, del ex ministro socialista durante la II República, Julio Álvarez del Vayo. Álvarez del Vayo fue presidente del FRAP hasta su muerte en 1975.
El PCE (m-l) nació en 1964, en plena clandestinidad, y fue la primera escisión del PCE, opuesta a la política de reconciliación nacional impulsada por Carrillo y a nivel internacional, a la coexistencia pacífica de Kruschev, alineándose primero con las tesis maoístas y finalmente, con el líder albano, Enver Hoxha. El FRAP se lanzó en 1971 y se fundó formalmente en 1973. Los seis puntos fundamentales del FRAP definen un programa antiimperialista y antimonopolista y de ruptura democrática con el franquismo, a saber:
- Derrocar la dictadura fascista y expulsar al imperialismo estadounidense de España mediante la lucha revolucionaria.
- Establecimiento de una República Popular y Federativa que garantice las libertades democráticas y los derechos para las minorías nacionales.
- Nacionalización de los bienes monopolísticos y confiscación de los bienes de la oligarquía.
- Profunda reforma agraria sobre la base de la confiscación de los grandes latifundios.
- Liquidación de los restos del imperialismo español.
- Fundación de un Ejército al servicio del pueblo.
Pite fue acusado de la muerte del policía nacional, Lucio Rodríguez, sucedida en Madrid, el 14 julio de 1975, a las puertas de las oficinas de Iberia, en la calle Alenza. Una testigo de los hechos, Carmen, describió al autor, corriendo, pistola en mano, hacia un Seat 127 azul, aparcado en la misma calle. Sin embargo, cuando la testigo vio la cara de Pite en la televisión se dirigió inmediatamente a la comisaría de policía para informar que esa cara ni siquiera se parecía al autor de los disparos. El policía le respondió: «No le dé más vueltas, señora. Están todos en el mismo saco. Váyase a casa y olvídese».
Pite, además, no pudo ser el autor material porque, efectivamente, no se encontraba en Madrid cuando ocurrieron los hechos. La noche antes cenaba en un restaurante portugués en el Algarve. Fernando, su padre, juntó muchas piezas sueltas, para dibujar el itinerario de su hijo entre el 13 y el 14 de julio de 1975. Llegó, incluso, a contratar un detective privado para la tarea y lograr así declaraciones juradas del chófer que había estado cenando con su hijo en la frontera y del dueño de la posada. Tras el asesinato de su hijo, alguien entró en la casa familiar y destruyó todas las pruebas que había acumulado.
A pesar de las torturas recibidas, Pite jamás reconoció la imputación: «Me lanzaban de un extremo a otro de la pared, golpeándome con porras y con los puños. Caí varias veces al suelo, pero me levantaban rápidamente para seguir golpeándome. En una ocasión, mientras me sujetaban por la espalda, me agarraron por el cuello y me golpearon la cabeza contra un mueble metálico».
Pero daba igual, el régimen quería dar un escarmiento y los jueces militares cumplieron a la perfección y no admitieron 194 pruebas presentadas por los abogados defensores de los 11 acusados. Tampoco admitieron testigos. Los juicios fueron una farsa, sin garantías. 11 condenas de muerte. Las otras seis personas (cinco activistas del FRAP, dos de ellos mujeres, y uno de ETA), acusados de participar en los mismos delitos, se les conmutó la pena de muerte por la de 30 años en un Consejo de Ministros con un Franco agonizante. Dos años después, todos fueron amnistiados y excarcelados.
A Garmendia, considerado autor material de la muerte del guardia civil Gregorio Posadas, no lo mataron porque en su detención recibió un disparo que lo dejó en una silla de ruedas de por vida. Y el Consejo de Ministros franquista entendió que era poco estético fusilarlo.
En el juicio sumarísimo, Pite dijó: «Milito en el PCE (m-l) porque me considero marxista-leninista y creo sólo al partido y al FRAP como las únicas organizaciones que podrán acabar con el fascismo. Una organización se conoce por sus hechos, aparte de su teoría […] Afirmo que soy militante del PCE (m-l) y espero que mi muerte sea la última que se produzca ante un Tribunal de estas condiciones. No he participado en los hechos que se me imputan».
Desde 1963 la dictadura no ejecutaba sentencias de muerte contra presos políticos. A aquel Consejo de Ministros que dictó las cinco penas de muerte, aparte de Franco y Arias Navarro, pertenecieron Fernando Suárez, Cruz Martínez Esteruelas, Tomás Allende y García-Baxter, León Herrera Esteban y Antonio Carro Martínez, que más tarde participaron en Alianza Popular, predecesora de la actual Partido Popular. Otros ministros, tras la muerte de Franco, participaron en los primeros gobiernos de la monarquía.
Protestas en todo el mundo
A pesar de que la CEE (anterior UE), la Santa Sede y la ONU pidieron el indulto, el régimen siguió adelante. La reacción popular no se hizo esperar tras las ejecuciones. Estalló una huelga general en el País Vasco de tres días, seguida mayoritariamente, con participación de más de 200.000 trabajadores. A pesar de la declaración del estado de excepción en el País Vasco y Navarra, hubo múltiples protestas, cortes de calles y manifestaciones ilegales. Muchos pueblos fueron tomados por la policía y la guardia civil. Un niño fue herido de bala por la policía. También se produjeron protestas en Barcelona y otras ciudades que fueron reprimidas muy duramente.
Noruega, Reino Unido, Francia, Suecia, Dinamarca y Holanda retiraron a sus embajadores como señal de protesta. México pidió la expulsión de España de la ONU. Incluso en el Congreso de EEUU se votó la posibilidad de romper relaciones diplomáticas con España. Y hubo muchas protestas ante embajadas y consulados españoles en numerosos países. En Roma fueron lanzados cocteles molotov y hubo disparos contra el edificio. En Lisboa la embajada española fue asaltada y quemada. En París la manifestación fue multitudinaria.
El 1 de octubre, Franco convocó la última concentración de apoyo al régimen en la Plaza de Oriente. Fue su última aparición pública, donde de nuevo criticó, con voz temblorosa, el «contubernio judeo-masónico-comunista» contra España.
Hace poco, en agosto, su hermana, Flor Baena, 50 años después del asesinato de su hermano, recibió un documento del Gobierno donde, en aplicación de la ley de memoria democrática, se declara «ilegal e ilegítimo el tribunal» que juzgó a Pite, «así como ilegítima y nula la condena dictada» contra él. Flor recuerda la última conversación de su padre con su hermano. «Mi padre le dijo que sentiría algo de alivio si fuera culpable de verdad y no sentiría “este dolor tan grande” y mi hermano le contestó que no podía darle ese consuelo porque no había sido él».
Luis Eduardo Aute compuso la canción «Al alba», que pudo burlar la censura. Los fusilamientos no fueron al alba, pero el mensaje interpretado por Rosa León llegó a todos los rincones.
«Maldito baile de muertos
Pólvora de la mañana
Presiento que tras la noche
Vendrá la noche más larga
Quiero que no me abandones
Amor mío, al alba».
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