El partido morado ha interpuesto recurso de reposición contra la resolución de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Granada, publicada el 18 de agosto en el BOP, que otorga calificación ambiental favorable a tres plantas fotovoltaicas promovidas por CIAL Stadium Plus S.L. en el barrio de El Fargue, por fragmentación artificial de “un único proyecto” con el objetivo de eludir la obligatoria Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) que exige la legislación estatal y europea.
Según Podemos las tres plantas, denominadas Gregorio I, Stadium Plus I y Soto Oscuro I, forman parte de un único proyecto. En este sentido, el portavoz de la formación en Granada, Salvador Soler, ha declarado que el proyecto «ha sido fragmentado artificialmente» en tres instalaciones de 4,95 MW cada una, cuando «en realidad constituye un único proyecto» de 14,85 MW, con línea de evacuación y punto de conexión comunes.
Para que el ayuntamiento de Granada corrija su actuación los morados han presentado recurso de reposición pidiendo provisionalmente, en tanto se resuelve, la «suspensión cautelar de la eficacia de la resolución» para evitar daños ambientales irreparables. Para Soler la intención es que el gobierno del Partido Popular, encabezado por Marifran Carazo, corrija «el fraude de ley y la arbitrariedad administrativa» cometidos por la fragmentación, dado que así «la intencionalidad» es omitir la EIA (Evaluación de Impacto Ambiental) que sería obligatoria por el tamaño del conjunto.
Además del fraude de ley y la omisión de la evaluación ambiental el recurso se sustenta en “normativa derogada y obsoleta”, en “incompetencia funcional” dado que la resolución fue firmada por un concejal delegado y no por el órgano colegiado competente.
Pero no acaba ahí la cosa, Podemos expone «falta de motivación y de análisis acumulativo de impactos, ignorando los efectos sobre suelo, agua, biodiversidad y paisaje», a lo que se añade «deficiente tratamiento de las alegaciones», en especial las de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, y publicación en pleno mes de agosto y sin indicar recursos a la resolución «lo que supone una práctica opaca y contraria a la buena fe administrativa», remacha Salvador Soler.
