Ecologistas en Acción registra alegaciones a la apertura de la mina de Aználcollar

• Se pretende autorizar al Grupo México un vertido tóxico al Guadalquivir cargado de metales pesados: Arsénico, Cadmio, Cobre, Cromo, Mercurio, Plomo, Selenio y Zinc.
• El Proyecto no estudia la vulnerabilidad frente a accidente grave o catástrofe en la corta minera de Aznalcóllar, que contiene los lodos recogidos tras la catástrofe anunciada de 1998.

Ecologistas en Acción ha registrado alegaciones contra el proyecto de explotación de recursos de la sección C) número 7976, Zona Aznalcóllar, presentado por la multinacional Grupo México para su filial española Minera Los Frailes (MLF).

El proyecto incluye una tubería de 30 km que parte del recinto minero, y atravesaría los municipios de Sanlúcar La Mayor, Valencina, Olivares y Salteras, y un punto de vertido tóxico en Santiponce, en el Estuario del Guadalquivir, Zona de Especial Conservación protegida por la Red Natura 2000, a escasos metros del término municipal de Sevilla, frente al Estadio de la Cartuja.

Las alegaciones se han registrado dentro del procedimiento para el otorgamiento de concesión directa de explotación que tramita la Delegación Territorial de Industria, Energía y Minas en Sevilla, anunciado en el BOP de Sevilla del pasado 13 de diciembre de 2023, y han sido compartidas con numerosos colectivos y organizaciones.

El Ayuntamiento de Aznalcóllar ha incumplido en este procedimiento minero sus obligaciones de información, participación pública y transparencia, no publicando hasta el 24 de enero los obligados anuncios en sus tablones de edictos, por lo que no puede considerarse culminado este trámite hasta el próximo 7 de marzo.

La empresa Minera Los Frailes (MLF) plantea un vertido contaminante inicial al Guadalquivir de 17.520 millones de litros a completar en 18 meses, de los cuales 15.000 millones de litros proceden del vaciado de la Corta de Los Frailes (CLF) y 2.520 millones de litros, muy contaminados, proceden de la Corta de Aznalcóllar (CAZ), en donde se almacenan los lodos tóxicos depositados allí desde la catástrofe ambiental de 1998.

Posteriormente, en la documentación sometida a información pública se plantea un vertido tóxico continuo al Guadalquivir de 2.600 millones de litros anuales, durante los 17 años de operación de la nueva mina subterránea.

La empresa explica en su proyecto que ese vertido operacional se produce después de una importante reutilización del vertido en su proceso industrial, pero en el Dictamen Ambiental al que Ecologistas en Acción ha tenido acceso, aprobado por la autoridad ambiental de la Junta de Andalucía, se incrementa el vertido tóxico operacional en más de un 50%, hasta los 4.000 millones de litros anuales, sin que este incremento sustancial haya sido objeto de información pública.

Esta ocultación grave —por parte de la autoridad ambiental— del incremento de 2.600 a 4.000 millones de litros anuales de vertido tóxico al Guadalquivir, justifican sobradamente la necesidad de que se produzca un nuevo trámite de información pública en donde toda la ciudadanía pueda conocer el contenido del Dictamen Ambiental, y exigir a la Junta de Andalucía que obligue a la empresa a una alternativa de reutilización completa del vertido en su proceso industrial, garantizando el vertido cero.

Y eso porque el vertido tóxico de 85.520 millones de litros, amparado por el Dictamen Ambiental para 18 años y medio, envenenará todo el Estuario del Guadalquivir hasta su desembocadura en Sanlúcar de Barrameda, junto al Parque Nacional de Doñana, afectando gravemente su biodiversidad.

A pesar del proceso de depuración que anuncian, la carga contaminante máxima acumulada en los 18 años y medio que se propone autorizar tiene un alto contenido en metales como Arsénico (2.709,12 kg), Cadmio (677,28 Kg), Cobre (5.577,60 Kg), Cromo (717,12 kg) Mercurio (23,90 kg), Níquel (5.577,60 Kg), Plomo (796,80 kg), Selenio (796,80 kg) y Zinc (26.294,40 kg), entre otros contaminantes.

En ese tramo del río se localizan las tomas de riego de las 36.000 hectáreas de arrozales, que pondrán en cuestión su seguridad alimentaria y donde se crían los alevines del caladero del golfo de Cádiz, con lo que la contaminación por bioacumulación de metales pesados del pescado y mariscos capturados en esa zona, pondrá en riesgo la viabilidad de cientos de puestos de trabajos. Sorprende por ello que el vertido propuesto cuente con el visto bueno de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, anteponiendo los intereses de Minera Los Frailes a los intereses de los arroceros, agricultores, pescadores y mariscadores del Estuario del Guadalquivir, y poniendo en riesgo además la seguridad alimentaria de sus productos y la salud general de sus consumidores.

Hay que tener en cuenta además, que todos los Ayuntamientos afectados por el proyecto incumplieron también sus obligaciones de participación, información y transparencia en el procedimiento de Autorización Ambiental Unificada (AAU) que todavía no ha culminado, y que, por tanto, necesariamente tendrá que retroceder para cumplir con la legalidad ambiental vigente.

La autorización del Proyecto de Explotación se está tramitando para Minera Los Frailes (MLF), filial española de Grupo México, a pesar del juicio oral que se va a celebrar entre marzo y julio de 2025 en la Audiencia Provincial de Sevilla contra 14 personas, funcionarias y autoridades de la Junta de Andalucía acusadas de delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación de fondos, fraude, negociaciones prohibidas y prevaricación ambiental. Allí se juzgará la sospechosa adjudicación de los derechos mineros de la Zona Aznalcóllar, que acabaron en 2015 en manos de MLF. También se juzgará a los hermanos López Magdaleno, socios minoritarios de MLF que actuaron como conseguidores de esos derechos, y la propia MLF y Grupo México constan como posibles responsables civiles subsidiarios en ese juicio. Los principios de precaución y de seguridad jurídica aconsejarían la suspensión de los procedimientos de todas las autorizaciones hasta que se celebre ese juicio oral en 2025.

La Corta de Aznalcóllar (CAZ) pretende ser usada durante el proyecto minero como un depósito de residuos de tratamiento (balsa de lodos), donde acumular los lodos mineros que no caben como relleno de las galerías subterráneas después de ser explotadas. Sin embargo, se niega esa realidad para evitar realizar los obligados estudios de vulnerabilidad para accidentes graves y catástrofes, y para evitar la elaboración de un obligado Plan de Emergencia para esa Corta de Aznalcóllar, olvidando una vez más, la Catástrofe Anunciada de 1998.