El salario andaluz no vale lo mismo

Una brecha de 250 euros

El salario medio en Andalucía continúa por debajo de la media estatal, y no por una cuestión coyuntural o puntual, sino por una estructura económica persistente que parece escrita en piedra. En 2024, un trabajador o trabajadora andaluza gana de media 1 751 euros mensuales, frente a los 1 988 euros del conjunto del Estado. Esa brecha de más de 250 euros no solo no se ha reducido, sino que en ciertos tramos se ha ampliado, consolidando una realidad: el trabajo en Andalucía vale menos, aunque pese lo mismo.

Cuando se analizan los datos salariales por comunidades, la fotografía es tan nítida como dolorosa. Madrid, el País Vasco, Navarra o Cataluña lideran con salarios medios que superan holgadamente los 28 000 o 30 000 euros anuales, mientras que Andalucía se instala en los 22 870 euros, sólo por encima de Canarias y Extremadura. La desigualdad territorial en España no es solo cuestión de inversiones, infraestructuras o trenes que nunca llegan: también se manifiesta en el bolsillo de quien trabaja.

Si miramos el salario medio anual por comunidades, los datos del INE para 2023 son contundentes:

Comunidad Autónoma	Salario Medio (€/año)
Madrid	32 040,11
País Vasco	30 676,45
Navarra	29 856,22
Cataluña	28 672,14
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Andalucía	22 870,45
Canarias	22 450,90
Extremadura	20 773,85

Ahora bien, ¿es esto suficiente para catalogar a Andalucía como una comunidad pobre? No exactamente. Andalucía no es pobre en recursos, ni en población, ni en potencial. Lo que arrastra es una estructura productiva heredada, una especialización en sectores de bajo valor añadido, una industrialización tardía y, en muchas zonas, raquítica, y un tejido empresarial dominado por microempresas con escasa capacidad de inversión y crecimiento. No es la pobreza de la escasez, sino la del modelo.

El Producto Interior Bruto per cápita andaluz es el más bajo del Estado, y aunque existen proyecciones positivas para 2025 —algunas hablan de un crecimiento del 2,5 %, otras incluso del 3,0 % impulsado por la recuperación agrícola y el turismo—, el desequilibrio estructural no se soluciona con buenas campañas turísticas o cosechas generosas. Málaga, por ejemplo, destaca como motor económico de la región, con un 3,5 % previsto de crecimiento. Pero no es extrapolable. Lo que ocurre en la Costa del Sol no sucede igual en la Sierra de Huelva o en la comarca de los Pedroches.

El problema no es solo cuánto se crece, sino cómo y con qué base se crece. Andalucía sigue basando su economía en el sector terciario —turismo, hostelería, comercio— y en el sector primario —agricultura intensiva y exportadora, olivar, frutas, hortalizas—. Son sectores importantes, estratégicos incluso, pero también lo son por su baja capacidad para generar empleo cualificado, estable y bien remunerado. Mientras tanto, la industria andaluza, cuando existe, se concentra en zonas concretas (Sevilla, Málaga, San Roque, Palos de la Frontera) y presenta un nivel tecnológico bajo, empresas pequeñas y escasa presencia en el conjunto del territorio.

Todo esto repercute directamente en los salarios. Una economía basada en sectores intensivos en mano de obra, pero con escaso margen de beneficio, tiende a generar empleos mal pagados, inestables y fácilmente sustituibles. La productividad por trabajador es baja, el valor añadido por sector también, y el tamaño empresarial impide a menudo acceder a mercados internacionales, innovar o resistir crisis.

En paralelo, la brecha salarial de género en Andalucía persiste. Aunque se ha reducido en los últimos años, todavía en 2022 las mujeres cobraban, de media, 14,93 euros por hora frente a los 16,11 euros de los hombres. La parcialidad en el empleo —mucho más extendida entre mujeres—, la segregación horizontal en los sectores laborales y la desigualdad vertical en los puestos de responsabilidad alimentan una discriminación que no solo se traduce en menos sueldo, sino en menos pensión, menos autonomía económica y mayor riesgo de pobreza a lo largo de toda la vida.

Por si fuera poco, el paro estructural es otra losa. A pesar de que 2024 ha traído cifras esperanzadoras —con una caída histórica del desempleo de 74 800 personas y una cifra récord de ocupación por encima de los 3,48 millones—, el paro estructural sigue rondando el 12 %, más del doble de la media europea. No se trata solo de que falte empleo, sino de que muchos de los trabajos que se ofrecen no se ajustan al perfil de la población disponible, o que determinados territorios quedan fuera del radar del crecimiento económico.

Una parte de este fenómeno se debe al tipo de empresas que predominan en Andalucía. Según el Directorio de Empresas del IECA, a comienzos de 2024 había 635 441 empresas activas en la comunidad. De ellas, más del 71 % pertenecen al sector servicios, y apenas el 5 % son industriales. El 80 % de las nuevas empresas creadas en España ese año fueron andaluzas, lo que suena muy bien hasta que se comprueba que la mayoría son microempresas, con escaso recorrido y salarios modestos. Aunque también hay signos positivos —más de 5 000 empresas medianas y grandes, crecimiento de unas 3 000 firmas tecnológicas en los últimos años—, aún estamos lejos de tener un tejido empresarial sólido y moderno.

Todo esto no es casual ni coyuntural. Tiene raíces profundas en la historia económica de Andalucía: en su retraso industrial, en el peso del latifundismo, en décadas de políticas de infrafinanciación, en una transición económica mal resuelta y en una autonomía que, pese a sus avances, sigue peleando por el pan y la palabra. No basta con atraer turismo ni plantar más olivos. Hace falta una estrategia de país.

Una estrategia que no pase por resignarse al «esto es lo que hay», sino por apostar por sectores de alto valor añadido —tecnología, renovables, biotecnología, economía del conocimiento—, por planes de reindustrialización con justicia social y territorial, por políticas públicas que impulsen la digitalización, la investigación y la formación profesional avanzada. Y, sobre todo, por entender que no hay transformación real sin empleo digno.

En Andalucía se trabaja, y mucho. Pero no se remunera con justicia. Y eso no es solo un problema de la comunidad, sino del país entero. Porque mientras una parte del Estado va en AVE, otra sigue empujando el vagón de cola.

La pregunta no es si Andalucía puede salir de esa situación. La pregunta es cuándo decidiremos dejar de aceptarla.