Más de 20.000 alumnos y alumnas de Bachillerato y Formación Profesional con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) y necesidades educativas especiales (NEE) están siendo ignorados por la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, que no los tiene en cuenta para la asignación de orientadores y orientadoras en los Institutos de Educación Secundaria (IES), ni para la dotación de profesorado de Pedagogía Terapéutica (PT) y Audición y Lenguaje (AL).
La Consejería mantiene unos criterios de asignación de personal de orientación que solo consideran el número de unidades de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) de cada centro, excluyendo las enseñanzas postobligatorias, a pesar de que en Bachillerato y FP existe un volumen significativo de alumnado con diagnóstico y necesidad de atención especializada.
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En la práctica, la mayoría de los IES cuentan con un único orientador o orientadora para todo el centro, salvo aquellos que superan las 20 unidades de ESO (en torno a 600 alumnos y alumnas), momento en el que se asigna un segundo profesional. Esta decisión provoca que, al finalizar la ESO, parte del alumnado deje de recibir el apoyo educativo que necesita, quedando desatendido durante Bachillerato y Formación Profesional.
Diversos organismos internacionales como la UNESCO, la OCDE o la Asociación Internacional para la Orientación Educativa y Profesional (AIOPE) recomiendan desde hace décadas una ratio máxima de un orientador o orientadora por cada 250 alumnos y alumnas (1:250), recomendación reiterada en numerosos informes desde 1988 y recogida incluso en un informe del Ministerio de Educación de 2011. Frente a ello, en Andalucía se registran institutos con ratios que llegan a alcanzar 1:1000.
El informe elaborado por USTEA se apoya en los datos oficiales de la propia Junta de Andalucía correspondientes al curso 2023-2024, los últimos publicados, y evidencia la necesidad urgente de incrementar la dotación de orientadores y orientadoras en los centros de secundaria, así como de incluir las unidades de Bachillerato y Formación Profesional en los criterios de asignación de personal de orientación, tal y como el sindicato viene reclamando en la Mesa Sectorial y en el marco del Concurso General de Traslados. USTEA denuncia que esta política supone un abandono del alumnado NEAE y NEE en las enseñanzas postobligatorias, vulnerando su derecho a una educación pública inclusiva y de calidad, y reitera su compromiso de seguir luchando en todos los ámbitos sindicales, institucionales y sociales para que este alumnado sea atendido y los centros educativos cuenten con los recursos humanos necesarios.
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