Un total de 18 entidades sociales y humanitarias han denunciado la amenaza de la externalización de fronteras para los derechos humanos y el derecho al asilo. Las entidades han dirigido una carta el Gobierno reclamando transparencia ante las propuestas actualmente en discusión en el seno de la Unión Europea para la profundización de un modelo de externalizacion de control migratorio hacia terceros países.
Con motivo del Día Internacional de las Personas Migrantes, que se celebra este 18 de diciembre, el grupo de organizaciones que realiza el seguimiento del Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA) han advertido de que las medidas que se están adoptando «menoscaban gravemente derechos y garantías consolidadas en el Derecho internacional, el acervo europeo y las legislaciones nacionales».
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Para las entidades sociales, estas medidas debilitan garantías fundamentales «como el derecho a solicitar asilo, la protección frente a devoluciones, el acceso a una defensa jurídica efectiva, el derecho a la información, la protección al derecho a la salud integral de las personas o la atención específica a las personas en situación de mayor vulnerabilidad».
Según han indicado en un comunicado, el refuerzo del concepto de «tercer país seguro», que permite a los Estados de la UE rechazar una solicitud de asilo como inadmisible si se considera que la persona podía haber solicitado protección internacional en un tercer país, «contraviene la práctica general del derecho internacional sobre personas refugiadas, y permite expulsar a personas que solicitan asilo a países donde no tienen ninguna relación, por la fuerza y sin posibilidad de recurrir la decisión».
La alarma, según las ONG, «es mayor porque en la lista de países seguros en los que se delega la identificación y detención de las personas migrantes se incluyen algunos países que han sido denunciados en múltiples ocasiones por violación de derechos humanos y libertades fundamentales». Destacan que, con respecto al impacto en la infancia migrante y solicitante de protección internacional, la aplicación de estos conceptos es «especialmente preocupante y podría ir en contra del interés superior de la infancia».
Otros de los aspectos de los que han alertado las organizaciones es del refuerzo de los procedimientos de control, identificación y evaluación rápida de nacionales de terceros países en frontera (triaje) y el uso intensivo de datos biométricos, que pueden aumentar la criminalización y el racismo institucional.
Asimismo, cuestionan que la llamada «solidaridad flexible» (acuerdo que permite a los Estados miembro financiar proyectos en terceros países destinados al control migratorio, como alternativa a la reubicación de las personas con necesidad de protección en la UE), no puede sustituir a un verdadero sistema de solidaridad y acogida y se debe garantizar un reparto equitativo de la responsabilidad de acoger de forma justa y digna a las personas solicitantes de protección internacional en UE.
Las ONG destacan, por otra parte, la importancia de la negativa mantenida por el Gobierno español respecto al Reglamento de Retorno de la UE, en el que se propone «acelerar y simplificar los procedimientos para el retorno de las personas en situación irregular en los Estados miembros, permitiendo el establecimiento de centros de deportación en terceros países».
Han manifestado, no obstante, su inquietud ante «informaciones recientemente publicadas sobre la participación de la agencia de cooperación española FIAP (Fundación para la Internacionalización de las Administraciones Públicas) en la construcción de dos centros temporales de recepción para extranjeros en Mauritania, en los que se podrá privar de libertad también a menores de edad, incluidos bebés en edad lactante; así como ante el aumento de recursos para la transferencia de inteligencia, equipamiento policial y vigilancia fronteriza hacia los países africanos para el control migratorio».
Ante esta situación, exigen que el Gobierno garantice máxima transparencia e insisten en la necesidad de que el mecanismo de supervisión independiente previsto para garantizar el respeto de los derechos fundamentales en la gestión fronteriza «incorpore una participación regular y efectiva de las organizaciones de la sociedad civil». Reiteran que, sin vías legales y seguras, sin compromisos reales y ambiciosos de reasentamiento y sin un sistema de acogida fuerte y estable, el PEMA está condenado al fracaso desde el punto de vista humanitario.
El escrito ha sido firmado por Amnistía Internacional, Asociación Rumiñahui, Comisión española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Convive – Fundación Cepaim, Federación Sur Acoge, Fundación Alboan, Fundación Entreculturas, Iridia-Centro para la Defensa de los Derechos Humanos yla Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo-España.
Asimismo, suscriben el comunicado Médicos del Mundo, Médicos Sin Fronteras, Movimiento por la Paz, MPDL, Novact, Oxfam Intermón, Red Acoge, Servicio Jesuita a Migrantes, Salud por Derecho y Save the Children.
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