El Juzgado de Instrucción número uno de Sevilla ha acordado prorrogar seis meses, en concreto hasta el 23 de noviembre de 2025, la investigación de la denuncia de la Fiscalía por posible delito de revelación de secreto en una publicación del líder de Se Acabó la Fiesta y europarlamentario, Luis «Alvise» Pérez, en su canal de Telegram, con una fotografía de una de las hijas del presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, obtenida de su perfil privado de Instagram, cerrado al acceso público; con la previsión además de citar como testigo a la afectada.
Así figura en un auto emitido el pasado 15 de mayo por el Juzgado de Instrucción número uno de Sevilla, adelantado por ABC y recogido por Europa Press, que responde a la petición interesada por la Fiscalía en demanda de prorrogar la investigación del asunto.
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Ello, según figura en el auto, para «practicar las diligencias necesarias para el completo esclarecimiento de los hechos» investigados, diligencias entre las que figura la «declaración testifical» de la afectada y el análisis de la información solicitada al Grupo de Delitos Tecnológicos.
El pasado mes de septiembre de 2024, recordémoslo, la Audiencia de Sevilla ordenaba la «apertura de instrucción» respecto a la citada denuncia de la Fiscalía. En concreto, la Sección Séptima de la Audiencia abordaba en un auto un recurso de apelación de la Fiscalía, contra un auto emitido en mayo de 2024 por el Juzgado de Instrucción número 18, que ordenaba el sobreseimiento de la causa incoada por la denuncia del Ministerio Público, con relación a que Alvise Pérez había publicado en su canal de Telegram, con unos 326.000 seguidores, una imagen de la hija del presidente del Gobierno, que después fue «difundida en otras redes sociales», con comentarios vejatorios.
Según denunciaba la Fiscalía, la imagen mostraba el rostro de la hija de Pedro Sánchez, pero después fue sustituida por otra imagen con un «emoticono» que tapaba la cara, incluyendo el comentario de que esta persona es la «hija de Pedro Sánchez, estudia en un centro privado en Inglaterra y la traen un par de veces al mes en vuelo privado. Socialistas, pero van a centros extranjeros de 40 000 euros al año, viajes de avión incluidos. La hija no tiene culpa de la hipocresía de su padre, el tirano, pero es prueba de ello y España lo debe saber».
En su denuncia, la Fiscalía avisaba de que la imagen había sido tomada de una cuenta «privada» de la red social Instagram, «a la que no se tiene acceso en abierto».
El Juzgado de Instrucción número 18 ordenó inicialmente el archivo de la causa considerando que aunque Alvise Pérez hizo «un uso indebido de la imagen durante tres minutos», no habría trascendencia penal por la «casi inmediata rectificación» de la publicación y la condición de persona adulta de la aludida, así como la «nula afectación a su dignidad personal» al no mostrar «actitudes íntimas o reservadas».
Pero ante el recurso de apelación de la Fiscalía, la Sección Séptima de la Audiencia señalaba que aunque se trata de una fotografía «aséptica», la imagen, «unida a la información de su nombre y la filiación, con las características de ser hija del actual presidente del Gobierno, sí supone un dato que podría calificarse técnicamente de reservado de carácter personal».
Para el tribunal, los hechos podrían encuadrarse en los puntos primero y tercero del artículo 197 del Código Penal, que castiga la revelación de secretos o vulneración de la intimidad de una persona sin su consentimiento.
Por eso, la Sección Séptima de la Audiencia estimaba parcialmente el recurso de la Fiscalía, revocando la decisión inicial del Juzgado de Instrucción número 18 de archivar la causa y ordenando la «apertura de la instrucción» sobre los hechos en cuestión, tarea de la que se encarga el Juzgado de Instrucción número uno.
Previamente, el Juzgado de Instrucción número 18 de Sevilla, que tramita una causa por presuntas injurias y calumnias del jefe de comunicación de Se Acabó la Fiesta al secretario general de la asociación de consumidores y usuarios Facua, Rubén Sánchez; ordenaba librar testimonio a la Fiscalía del Tribunal Supremo (TS), para que examine una serie de contenidos difundidos por Luis Alvise Pérez, que podrían suponer «amenazas y represión a la función jurisdiccional» con relación a la magistrada titular de dicha instancia judicial.
En los citados contenidos difundidos, Pérez habría manifestado que en caso de no ser rectificada una resolución judicial respecto a Vito Quiles que incurría en un error, aludiendo expresamente a la titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Sevilla, publicaría «cosas sobre la definición del término soborno».
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