La madrugada del 3 de enero de 2026 marca un punto de no retorno en la historia reciente de América Latina. Estados Unidos ha cruzado la línea que durante años evitó públicamente: el paso de la presión diplomática, las sanciones y las operaciones encubiertas a la acción militar directa en territorio soberano venezolano. Las explosiones en Caracas, los apagones masivos, el sobrevuelo de aeronaves de combate y el anuncio de la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores no son un «incidente puntual», sino la cristalización de una escalada largamente incubada.
Desde hace meses Washington venía tensando el tablero con despliegues navales acelerados en el Caribe, ataques selectivos a embarcaciones vinculadas al narcotráfico en aguas internacionales (operaciones que expertos consideran legalmente cuestionables), y un endurecimiento progresivo del cerco económico. Todo ello se envolvió en un marco narrativo preciso: Venezuela ya no era solo una «dictadura», sino un «Estado criminal», un actor de «narco-terrorismo» al que se le podía aplicar una lógica de seguridad nacional más propia de operaciones antiterroristas que de relaciones internacionales clásicas. Ese giro semántico no era inocente. Permitía allanar el terreno jurídico y político para una intervención que hoy ya no es hipotética.
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Causas estructurales de la intervención
1. La escalada encubierta de cinco meses
Los ataques del sábado 3 de enero no surgieron de la nada. Durante los últimos cinco meses de la administración Trump II, hubo una campaña militar progresiva contra Venezuela que Washington justificó como lucha contra el narcotráfico transnacional. Según fuentes de la cadena CBS, Trump había ordenado personalmente los ataques hace varios días. Inicialmente, los mandos militares estadounidenses evaluaron ejecutarlos el 25 de diciembre, pero priorizaron operaciones antiterroristas en Nigeria contra el Estado Islámico.
La operación de hoy fue ejecutada por la Fuerza Delta (Delta Force), una unidad de élite del Ejército de Tierra estadounidense especializada en misiones de acción directa contra objetivos de alto valor. Esta es la misma unidad que capturó y ejecutó a Abu Bakr al-Baghdadi, fundador del Estado Islámico, en Siria en 2019. El uso de esta unidad subraya que se trató de una operación de alto nivel, no de una acción defensiva improvisada.
2. El vacío jurídico deliberado
Un elemento crucial revela la fragilidad legal de la operación: el Comité del Senado para los Servicios Armados de EEUU no recibió notificación previa, según informó CNN. La legislación estadounidense obliga al Gobierno a obtener autorización del Congreso para actos de guerra. La administración Trump no cumplió este requisito en ningún momento durante los últimos cinco meses de escalada. Senadores demócratas presentaron varios proyectos de ley para prohibir explícitamente una intervención militar unilateral en Venezuela, pero la mayoría republicana los bloqueó sistemáticamente.
El senador republicano por Utah Mike Lee justificó la acción amparándose en el Artículo II de la Constitución estadounidense, argumentando que proteger personal estadounidense de ataques «inminentes» entra en la autoridad presidencial. Esta es una interpretación expansiva y controvertida del poder ejecutivo, que entronca con la renovación de la doctrina Monroe, en la que EEUU se alza como policía mundial —y en la que América Latina es el patio trasero—.
3. Petróleo y recursos estratégicos
Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del planeta (más de 300.000 millones de barriles), minerales estratégicos críticos y una posición geopolítica clave en el Caribe. El gobierno de Maduro acusó directamente a EEUU: «El objetivo de este ataque no es otro que apoderarse de los recursos estratégicos de Venezuela, en particular del petróleo y minerales».
En un contexto de tensiones energéticas globales y competencia de potencias, la inestabilidad venezolana tiene implicaciones inmediatas en los mercados energéticos mundiales. Washington ha tenido claro que una Venezuela bajo su influencia es un activo geopolítico invaluable, por lo que se ha erigido como un objetivo desde el primer día de la nueva presidencia de Donald Trump. El nombramiento de Marcos Rubio, Secretario de Estado, tenía esta función.
4. Cambio de régimen como objetivo explícito
Durante meses, la retórica estadounidense había ido aclarando que el objetivo no era simplemente «presión selectiva», sino el cambio de régimen. Marco Rubio, Secretario de Estado de Trump, es un halcón conocido en materia de América Latina y ha sido beligerante en sus posiciones contra el chavismo. El vicesecretario de Estado Christopher Landau afirmó: «Maduro finalmente responderá de sus crímenes ante la Justicia», insinuando un juicio en EEUU.
Trump anunció que los detalles de la operación y el destino de Maduro se revelaran en una rueda de prensa en Mar-a-Lago. Un senador estadounidense confirmó que Maduro será enjuiciado en tribunales estadounidenses por cargos penales.
La operación y sus hechos verificables
Cronología y objetivos atacados
Horario: Pasadas las 02:00 horas (madrugada del 3 de enero de 2026, hora local venezolana)
Blancos confirmados:
- Base aérea de La Carlota (Caracas) – base militar principal
- Fuerte Tiuna – cuartel de la Montaña, que alberga el mausoleo de Hugo Chávez (sitio simbólicamente sagrado para el chavismo)
- Palacio Federal Legislativo (sede del parlamento)
- Casco Central de Caracas (zonas civiles)
- Bases militares de helicópteros en Higuerote
- Base aérea Barquisimeto (base Nº 3 de F-16)
- Aeropuertos civiles del Hatillo y Charallave
- Zonas residenciales: Santa Mónica, Los Teques, 23 de enero
- Estados de Miranda, Aragua y La Guaira
Magnitud: Se escucharon al menos siete grandes detonaciones en Caracas. Testigos presenciales describieron explosiones «más fuertes que rayos» que hicieron temblar bloques de viviendas enteros. Se han publicado vídeos con posibles víctimas civiles, aún sin verificar.
Consecuencias inmediatas
- Apagones masivos en el sur de Caracas y múltiples sectores
- Posible detención y extracción de Maduro: Capturado por Delta Force junto a su esposa Cilia Flores, según una presunta fotografía y el anuncio de Donald Trump
- Declaración de estado de emergencia por el gobierno de Venezuela («estado de conmoción exterior»)
- Despliegue de defensa: Las Fuerzas Armadas Bolivarianas (FANB) y fuerzas de seguridad fueron movilizadas
- Activación de planes defensivos de países vecinos: Colombia activó el plan de defensa fronterizo
Marcos narrativos enfrentados
Perspectiva estadounidense
Gobierno de Trump: Operación de seguridad para capturar a un criminal de lesa humanidad y narcotraficante. Maduro será sometido a juicio en EEUU. Se enmarca como una acción de cumplimiento de la ley, no como intervención militar convencional.
Justificación legal: Uso legítimo de fuerza para proteger ciudadanos estadounidenses y combatir el narco-terrorismo transnacional.
Perspectiva venezolana y regional
Gobierno de Maduro: «Gravísima agresión militar» que viola la soberanía nacional, la Carta de Naciones Unidas y el derecho internacional. Acto de «guerra colonial» orquestado por la oligarquía estadounidense y sus aliados fascistas internos.
Argumento: Artículo 51 de la Carta de la ONU – Venezuela se reserva el derecho a la legítima defensa.
Reacciones geopolíticas: el tablero dividido
Aliados y socios de Caracas
Rusia: Condenó la «agresión militar» estadounidense. Putin se reunió en el Kremlin en sesiones a puerta cerrada para abordar la situación. Moscú subraya que la operación viola la soberanía venezolana y el derecho internacional.
Irán: Calificó el ataque como «flagrante violación de soberanía nacional e integridad territorial». Llamó al Consejo de Seguridad de la ONU a actuar de inmediato.
Cuba: El presidente Miguel Díaz-Canel denunció un «ataque criminal» y habló de «terrorismo de Estado» contra «Nuestra América». Pidió una reacción urgente de la comunidad internacional.
Bolivia (Evo Morales): Expresidente que repudió «con total contundencia el bombardeo» como «brutal agresión imperial».
Posiciones europeas (cauta ambigüedad)
Unión Europea (Kaja Kallas, Alta Representante): «La UE ha declarado reiteradamente que Maduro carece de legitimidad». Pero al mismo tiempo: «En cualquier circunstancia deben respetarse los principios del derecho internacional y la Carta de Naciones Unidas». Llamada a la «moderación».
España (José Manuel Albares): Llamamiento a «la desescalada y la responsabilidad» y a «respetar el Derecho Internacional y los principios de la Carta de Naciones Unidas». España ofrecía «buenos oficios» para una solución pacífica.
Alemania: Expresó «gran preocupación» y activó su equipo de crisis.
Italia: Ofreció asistencia consular a sus aproximadamente 160 000 connacionales en Venezuela.
Posición dual: América Latina
Colombia (Gustavo Petro): Expresó «profunda preocupación» por la escalada y pidió «desescalada y preservación de la paz». Aunque no condenó explícitamente a EEUU, reforzó la frontera con Venezuela para atender un flujo masivo de refugiados.
Argentina (Javier Milei): Celebró el ataque con un lacónico «La libertad avanza. Viva la libertad carajo».
Oposición venezolana en el exilio: María Corina Machado y Edmundo González se abstuvieron de hacer comentarios, esperando a que se confirmara la información. Guardaron un silencio estratégico, pero se sabe que han mantenido conversaciones con varios dirigentes, lo que abre la posibilidad a que se quieran presentar como recambios políticos.
Implicaciones jurídicas y de derecho internacional
Precedente peligroso
La intervención estadounidense carece de mandato del Consejo de Seguridad de la ONU y no cuenta con autorización multilateral clara. Washington se basó en su propia definición de «criminalidad transnacional» y «narco-terrorismo» para justificar una incursión armada en territorio soberano.
Esto sienta un precedente preocupante: normaliza la idea de que una potencia militar puede usar fuerza letal en territorio ajeno amparándose en su propia evaluación de amenaza a la seguridad.
Violaciones potenciales
- Artículo 2.4 de la Carta de la ONU: Prohibición del uso o amenaza de la fuerza contra la integridad territorial
- Principio de no intervención: Reconocido en la Carta de Naciones Unidas
- Derecho consuetudinario internacional: Prohibición de actos de agresión armada sin autorización internacional
Venezuela invocó el Artículo 51 para su legítima defensa, pero EEUU no fue víctima de ataque previo que justifique una respuesta defensiva.
Impacto económico y energético
Mercados energéticos
Los mercados reaccionaron con inquietud. Cualquier interrupción sustancial en la producción y exportación de crudo venezolano tiene efectos inmediatos:
- Presión alcista en precios de petróleo globales
- Presión inflacionaria en países importadores de energía
- Riesgo de escasez energética en aliados regionales
Transporte aéreo
La FAA (Administración Federal de Aviación de EEUU) emitió un aviso (NOTAM) prohibiendo a todas las aeronaves comerciales estadounidenses operar en espacio aéreo venezolano. Aerolíneas españolas (Iberia, Air Europa, Plus Ultra), portuguesas (TAP), colombianas (Avianca) y brasileñas (Gol) suspendieron operaciones hasta al menos el 31 de enero de 2026.
Crisis humanitaria prevista
Desplazamiento masivo
El escenario humanitario ya está sobre la mesa:
- Apagones prolongados: Riesgo de colapso de servicios básicos (agua, salud, saneamiento)
- Pánico urbano: Posibilidad de disturbios civiles y enfrentamientos
- Éxodo migratorio: Nueva ola de refugiados hacia Colombia, Brasil y países caribeños
Colombia anticipó reforzar su frontera y desplegar «toda la fuerza asistencial» para atender entrada masiva de refugiados. Ya alberga más de 7 millones de migrantes venezolanos desde 2015.
Golpes secundarios
- Presión sobre sistemas de salud regional
- Riesgo de desestabilización de gobiernos vecinos con poblaciones migrantes
- Radicalización política y social en la región
El impacto geopolítico global
Reordenamiento de influencias
La operación no es solo sobre Venezuela. Señala a Rusia, China e Irán que Washington está reafirmando su área de influencia en el hemisferio occidental. Estos actores perciben el movimiento como:
- Consolidación hegemónica estadounidense
- Redefinición del orden regional post-Cold War
- Desprecio por la soberanía de Estados menores
Polarización acelerada
La intervención refuerza la polarización geopolítica global:
- Bloque occidental: EEUU, aliados NATO (con reservas), gobiernos pro-mercado latinoamericanos
- Bloque alternativo: Rusia, China, Irán, Cuba, gobiernos progresistas/socialistas latinoamericanos
Dinámicas internas venezolanas post-intervención
Consolidación de control mediante amenaza externa
Paradójicamente, la intervención armada refuerza la narrativa chavista internamente:
- Galvaniza el discurso de «resistencia imperial»
- Compacta las filas internas alrededor de la defensa nacional
- Convierte la disidencia en «sospecha de traición»
- Justifica medidas de emergencia y restricciones de derechos
Diosdado Cabello, número dos del chavismo, apareció en televisión con chaleco antibalas llamando a la «calma» y la «confianza» en el régimen para «sobrevivir a estas circunstancias».
Incógnitas sobre la captura de Maduro
La captura de Maduro y el destino de su esposa permanecen en la incertidumbre. La vicepresidenta Delcy Rodríguez pidió pruebas de vida. Este vacío de información es tanto una herramienta política, que permite especulaciones, como una vulnerabilidad para EEUU, aumentando sospechas sobre el trato a Maduro. La administración Trump se ha apresurado a publicar una fotografía en redes, pero tanto los elementos como su disposición invitan a pensar que se trata de una falsificación.
La operación política: más allá de la intervención militar
Lo que ocurre en Venezuela trasciende una operación militar convencional o un cambio de régimen reactivo. Los indicios disponibles sugieren que detrás de la intervención armada existe una operación política coordenada de viraje radical hacia la derecha reaccionaria en América Latina, integrada en una estrategia más amplia de Trump para consolidar un bloque de gobiernos leales ideológicamente alineados con Washington.
Para comprender esto, es esencial analizar quiénes son realmente los «opositores democráticos» que EEUU respalda como alternativa. Edmundo González Urrutia representa la tecnocracia neoliberal clásica: diplomático, exembajador, operaba desde Washington y Madrid antes de la intervención, recibió asilo en España facilitado por mediación gubernamental. Su programa político es explícito en sus objetivos: privatización de PDVSA bajo capital privado internacional, dolarización de la economía, desmantelamiento de programas sociales chavistas, apertura irrestricta a inversión extranjera, alineamiento automático con EEUU en política exterior. En otras palabras, reintegración completa en el sistema de control occidental.
María Corina Machado, en cambio, representa algo aún más explícito: la ultra-derecha reaccionaria, comparable política e ideológicamente a Javier Milei en Argentina, Nayib Bukele en El Salvador, o Giorgia Meloni en Italia. Su discurso es radicalmente anti-izquierda. Su política propone autoritarismo «beneficioso» (la terminología bukeleana de «mano dura»), alineamiento total con posiciones neoconservadoras estadounidenses, privatización masiva, represión de disidencia. Machado fue premiada con el Nobel de la Paz 2024, un galardón que—aunque presentado como reconocimiento a la «lucha por la democracia»—fue otorgado por fundaciones vinculadas a círculos republicanos estadounidenses y familias exiliadas venezolanas. Esto no es una coincidencia administrativa, sino la coordinación política de la nueva configuración ultraconservadora mundial.
Dicho de otro modo: ni González ni Machado representan una alternativa democrática moderada que Venezuela pueda elegir libremente. Representan la imposición de un modelo político específico: el neoliberalismo reaccionario agresivo, disfrazado de libertad y democracia, pero con contenido autoritario funcional.
Este modelo ya ha sido puesto en práctica exitosamente en otros contextos latinoamericanos en los últimos cuatro años, particularmente bajo gobiernos como el de Nayib Bukele en El Salvador (desde 2019, pero radicalizado desde 2023) y Javier Milei en Argentina (llegado al poder en 2023). Ambos fueron recibidos con entusiasmo por la administración Trump, gobiernos aliados europeos de derecha (Meloni en Italia), y una red global de think tanks, fundaciones y medios alineados ideológicamente. La pauta es reconocible: presidentes que cumplen la función de mano dura interna, aparente democracia con autoritarismo funcional, represión justificada como lucha contra «crimen/corrupción», alineamiento automático con EEUU en temas de defensa y seguridad, integración sin resistencia en tratados comerciales occidentales, aceptación de privatizaciones, y reintegración en sistemas financieros internacionales bajo términos favorables a EEUU.
Lo que ocurre en Venezuela está claramente inscrito en este patrón más amplio. Durante los últimos cuatro años, América Latina ha experimentado un viraje significativo hacia gobiernos de derecha reactiva con aceptación, tolerancia o apoyo explícito de Washington. Argentina (Milei, 2023), El Salvador (Bukele, radicalizado, 2023-presente), Uruguay (Luis Lacalle Pou, derechista liberal, 2020-presente), han consolidado gobiernos abiertamente alineados con la política estadounidense. Brasil conoció el gobierno ultra-derechista de Bolsonaro (2019-2022) bajo apoyo directo de la primera administración Trump. La presión sobre gobiernos progresistas como el de Colombia (Gustavo Petro) es constante, mientras que gobiernos socialistas como Cuba, Nicaragua, y Bolivia permanecen aislados o debilitados. Este no es un patrón de coincidencia electoral natural, sino estrategia política coordinada.
La estrategia en Venezuela es coherente con esta lógica ampliada. Para la administración Trump, la región representa un tablero de reordenamiento geopolítico donde es crítico consolidar un bloque de gobiernos leales. Esto es especialmente cierto en Venezuela, donde convergen múltiples factores estratégicos: control geopolítico ante presencia rusa, china e iraní (que ha aumentado significativamente bajo el chavismo); acceso a los mayores recursos petroleros del planeta; posición clave en el Caribe como perímetro de seguridad estadounidense; y capacidad de demostración (mostrar a otros gobiernos progresistas que la intervención es posible). Una Venezuela bajo control de Edmundo González o María Corina Machado sería una Venezuela donde Chevron y ExxonMobil reabren campos petroleros, donde PDVSA es reconfigurada bajo directores estadounidenses, donde se autoriza presencia militar estadounidense (bases, asesores), donde se abandona cualquier política exterior independiente, donde se implementan privatizaciones masivas, donde se adoptan políticas económicas de FMI-BM sin resistencia, donde se intensifica represión contra disidencia política bajo etiquetado de lucha contra el crimen, donde desaparece cualquier vestigio de política social progresista.
La revelación de que Javier Milei celebró inmediatamente el ataque con «La libertad avanza. Viva la libertad carajo» no es un comentario casual de un aliado simpático. Es el endoso explícito de un actor político que reconoce su pertenencia al mismo ecosistema ideológico. La posición ambigua de Gustavo Petro—que condenó «la agresión militar unilateral» pero nunca cerró la puerta a gobiernos no-chavistas en Venezuela, y que pidió «diálogo» sin presionar a EEUU—sugiere que Colombia está siendo presionada para mantener «neutralidad táctica». El silencio estratégico de María Corina Machado y Edmundo González, que no celebraron abiertamente sino esperaron a que «se confirmara la información», es disciplina política clara: permitir que EEUU haga el «trabajo sucio» de la intervención militar para que ellos aparezcan como «alternativa democrática limpia» cuando asuman el poder. La ambigüedad cuidadosa de la Unión Europea—condenando la agresión pero reconociendo que Maduro «carece de legitimidad»—es cobertura política transparente: Europa no puede respaldar explícitamente una intervención armada, pero sí puede reconocer al nuevo gobierno cuando sea instalado.
Todo esto revela un entramado de coordinación política que va mucho más allá de la retórica democrática. El marco narrativo que preparó el terreno ya estaba consolidado: Maduro = «narcodictador», Venezuela = «Estado criminal», opositores = «democráticos en el exilio», intervención = «legítima defensa contra narco-terrorismo». Este trabajo narrativo es característico de operaciones geopolíticas coordinadas internacionalmente. No surge espontáneamente. Se construye a través de redes de think tanks, medios, fundaciones, gobiernos aliados, durante meses o años. El timing de la intervención—dos semanas después de que Trump reafirmara su victoria electoral—coincide con el momento de máxima legitimidad política interna en EEUU, cuando sus promesas de «reordenamiento de América Latina» están frescas, cuando sus aliados regionales despiertan su disposición de mostrar sincronización con Washington. El mensaje, modulado en redes, está claro: Trump ha amenazado a Gustavo Petro —el rival más feroz en América Latina tras Maduro— con ser «el siguiente».
Si la operación tiene éxito, lo que emergería en Venezuela sería precisamente el modelo que ya funciona en El Salvador bajo Bukele y está en construcción en Argentina bajo Milei: un gobierno que combina las apariencias de democracia liberal con autoritarismo funcional invisible; que dolariza la economía para facilitar flujos hacia bancos estadounidenses; que privatiza activos estratégicos bajo presión de capital internacional; que mantiene represión contra disidencia bajo el eufemismo de «lucha contra la corrupción»; que proporciona presencia militar estadounidense en territorio; que abandona cualquier política exterior independiente; que integra la economía del país en sistemas de control occidental (FMI, BM, tratados comerciales). Esto es neocolonialismo rebranding: distinto del colonialismo clásico porque no requiere ocupación militar permanente, sino gobiernos títeres que obedecen órdenes de Washington por alineamiento ideológico voluntario y presión económica.
El riesgo geopolítico más amplio es que esta operación marca un punto de inflexión en la tolerancia de Washington por gobiernos independientes o progresistas en América Latina. El mensaje implícito enviado a otros gobiernos—en particular a Colombia de Petro, que aún tiene cierto margen de autonomía—es claro: «O te alineas con nosotros como Milei y Bukele, o te intervenimos como Maduro». Esta lógica de coerción geopolítica endurecida, si se normaliza, abre dinámicas peligrosas globalmente: si EEUU puede intervenir en Venezuela bajo justificación unilateral de «seguridad nacional y narco-terrorismo», ¿por qué no Rusia en Ucrania bajo lógica similar, por qué no China en Taiwan? La erosión de restricciones internacionales sobre intervención militar, iniciada por EEUU, crea precedentes que otros actores eventualmente explorarán.
Para América Latina, lo que ocurre en Venezuela es la cristalización de una realidad que llevaba años gestándose: la región está siendo reconfigurarse bajo lógica de bloque ideológico occidental, con gobiernos leales (Milei, Bukele, Meloni y Orban como aliados europeos, Tusk como mano militar en el entramado OTAN), gobiernos progresistas aislados o debilitados (Cuba, Nicaragua, Bolivia) y gobiernos moderados presionados hacia alineamiento (Colombia, Chile). La intervención en Venezuela no es el final de este proceso, sino probablemente el punto de aceleración. Una vez que Maduro sea enjuiciado en tribunales estadounidenses, una vez que Gabriel González o María Corina Machado asuman el poder bajo supervisión de Washington, una vez que PDVSA sea abierta al capital estadounidense, el tablero regional se habrá reconfigurado de formas que las próximas décadas solo podrán expandir.
Preguntas sin respuesta (y peligros)
- ¿Escalada o consolidación? ¿Es este un ataque aislado o el preludio de ocupación y gobierno títere?
- ¿Reacción rusa o china? ¿Se limitarán a condenas diplomáticas o habrá contramedidas?
- ¿Estabilidad o caos? ¿El vacío de poder en Venezuela será ocupado por gobiernos ordenados o derivará en balcanización?
- ¿Precedente normalizado? ¿Otros actores globales justificarán futuras intervenciones amparándose en el argumento de «seguridad/narco-terrorismo»?
Un cambio de fase irreversible
Lo ocurrido este 3 de enero no es solo un episodio más en la larga crisis venezolana. Es un cambio de fase geopolítica e ideológica irreversible.
Estados Unidos ha abandonado el terreno de la presión indirecta (sanciones, aislamiento diplomático) para entrar en el de la intervención militar abierta. Caracas, por su parte, obtiene un relato perfecto para reforzar control interno y presentarse como víctima de una agresión imperial. América Latina se recoloca como campo de tensión entre bloques tras décadas de relativa estabilidad post-Guerra Fría. Y el derecho internacional, una vez más, se convierte en una víctima colateral de la razón de Estado.
Pero más profundamente aún: lo que está en juego es la configuración ideológica del continente. Tras la intervención en Venezuela, América Latina probablemente entrará en una fase de consolidación de gobiernos ultra-derechistas alineados con Trump, aislamiento acelerado de gobiernos progresistas, y presión constante sobre gobiernos moderados para forzar su alineamiento. No se trata de restaurar democracia, sino de instalar un modelo político específico—el autoritarismo funcional rebranding como libertad—que garantice subordinación económica y geopolítica a Washington.
La pregunta ya no es si esto tendrá consecuencias. La única incógnita real es cuán profundas y duraderas serán: si derivarán en una escalada regional sostenida, en gobiernos títere claramente subordinados a EEUU, en una nueva fase de conflicto crónico con costos humanos, políticos y económicos que nadie podrá fingir no haber previsto, o si movimientos de resistencia progresistas encontrarán mecanismos de contención antes de que el tablero se redefina por completo.
Lo que sí es seguro es esto: la América Latina que despertó el 4 de enero de 2026 no será la misma que se durmió el 2 de enero. Su arquitectura política, sus alianzas geopolíticas, sus opciones ideológicas, han sido reconfiguradas en unas pocas horas de bombardeos y una captura militar que marcará las décadas que vienen.
