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El juez federal estadounidense David O. Carter ha rechazado la solicitud del Departamento de Justicia para bloquear el escrutinio de aproximadamente 20.000 votos por correo en California, correspondientes a personas que la Administración liderada por Donald Trump considera «probables no ciudadanos», de cara a las elecciones de medio mandato del próximo 3 de noviembre.
En un dictamen al que ha tenido acceso Europa Press que deniega la orden de restricción temporal solicitada por el Gobierno, el magistrado ha advertido de que la medida causaría estragos e interrumpiría unos comicios que ya están en marcha. «Si el Ejecutivo puede descartar votos y amenazar unas elecciones en curso debido a acusaciones no probadas, entonces nuestra democracia está en peligro», ha sentenciado Carter, quien fue designado por el expresidente demócrata Bill Clinton.
El fallo recalca la injerencia sin precedentes de Washington en las competencias estatales para administrar las elecciones. «Nunca antes en la historia de Estados Unidos el gobierno federal, en la víspera de unas elecciones, había tratado de coaccionar a un gobierno estatal y local para que abandonara sus propios procedimientos electorales constitucionales y se doblegara a la voluntad de la Rama Ejecutiva», subraya la resolución judicial. El texto añade que, al presentar esta demanda, «el Ejecutivo pretendería que este tribunal crea que reina como soberano único. Pero California y su pueblo también son soberanos».
El caso se originó cuando el Departamento de Justicia entregó a las autoridades del condado de Los Ángeles y a la secretaría de Estado de California una unidad de almacenamiento con los datos de más de 20.000 presuntos no ciudadanos, exigiendo la segregación de sus papeletas en un plazo de 48 horas tras cotejar bases de datos de inmigración y de la Seguridad Social.
Sin embargo, el tribunal ha cuestionado duramente la fiabilidad del método utilizado por el Gobierno. El juez Carter ha recordado que el Departamento de Seguridad Nacional identificó inicialmente en el estado de Nevada a casi 16.000 supuestos no ciudadanos en las listas, cifra que redujo a 185 tras las revisiones pertinentes que, finalmente, resultaron ser todas ellas ciudadanos estadounidenses legales. Acceder a las peticiones del Ejecutivo basándose en un procedimiento «plagado de incertidumbres y errores» conllevaría el riesgo de «privar del derecho al voto a ciudadanos estadounidenses», ha razonado el magistrado.
La resolución advierte asimismo que implementar un sistema para apartar estas papeletas a escasos días del 3 de noviembre supondría obligar a las administraciones locales a crear procedimientos completamente nuevos, desviando recursos técnicos y humanos, lo que amenazaría la finalización del recuento y el cumplimiento de los plazos legales del proceso electoral.
El pronunciamiento de la corte de distrito de Los Ángeles llega apenas dos días después de que el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito rechazara otro recurso de urgencia de la Administración Trump para acelerar este proceso saltándose al juez Carter. En aquella ocasión, el tribunal de apelaciones culpó al propio Gobierno federal de generar una «emergencia» artificial por su demora a la hora de presentar el caso tan cerca de la apertura de las urnas.
