Trabajo sin papeles

Las cadenas invisibles del empleo irregular en Andalucía

«Yo trabajo. Trabajo mucho. Pero para la ley, no existo», dice Mamadou, mientras se seca el sudor con un pañuelo de tela deshilachado. Tiene 27 años, vino de Senegal hace tres, y vive en una chabola de plástico en los alrededores de Lepe. Trabaja en los invernaderos de fresas del entorno. Cobra entre 20 y 30 euros al día. Sin contrato. Sin derechos. Sin papeles.

La historia de Mamadou no es una excepción: es la norma.

Miles de personas migrantes, muchas de ellas en situación administrativa irregular, sostienen buena parte de la economía andaluza desde el silencio y la precariedad extrema. No solo en el campo: también en la construcción, en la hostelería, en los cuidados. Son la base oculta del modelo productivo. Es la Andalucía sumergida que nunca sale en los anuncios institucionales.

Radiografía de una trampa legal

Según el último informe del Centro de Estudios para la Democracia Laboral, se estima que más de 90 000 personas trabajan actualmente sin contrato en Andalucía, al menos una parte del año. El 65% son personas migrantes. De ellas, más del 40% no tienen regularizada su situación administrativa.

«La ley de extranjería impone una trampa perversa: si no tienes papeles, no puedes trabajar legalmente. Pero si no trabajas, no puedes obtener papeles», explica Rocío Camacho, abogada laboralista y activista por los derechos de las personas migrantes.

El resultado es un sistema económico que se beneficia directamente de la irregularidad. Porque quien trabaja sin contrato, no puede reclamar. No tiene vacaciones, ni baja por enfermedad, ni salario mínimo asegurado. Acepta lo que le den. Y si no lo acepta, hay otros esperando.

Hostelería, ladrillo y agricultura: la santísima trinidad de la explotación

En el poniente almeriense, invernaderos enteros funcionan gracias a jornaleros sin contrato. En los hoteles de la Costa del Sol, decenas de personas hacen turnos de limpieza por menos de 4 euros la hora, sin figurar en ninguna nómina. En la construcción sevillana, hay cuadrillas enteras donde solo el encargado tiene contrato, y el resto cobra en negro.

En todos los casos, el patrón se ahorra Seguridad Social, derechos laborales y cualquier forma de supervisión legal. Un negocio redondo.

«Muchos nos dicen que si no queremos trabajar así, que nos vayamos. Pero si nos vamos, no comemos», dice Nancy, trabajadora hondureña en la hostelería de Marbella. Tiene 49 años y tres hijos a cargo.

Miedo, chantaje y silencio

Denunciar es un riesgo. Y no solo para el empleo: para la vida.

Las personas sin papeles saben que, si alzan la voz, pueden acabar deportadas. Por eso, muchas callan. Y quienes intentan organizarse, enfrentan represalias.

«Cuando formamos un grupo para hablar con la empresa, al día siguiente nos dijeron que ya no nos necesitaban. Y nadie nos defendió», cuenta Ahmed, peón de obra en las afueras de Córdoba.

La inspección laboral apenas llega. Según datos del Ministerio de Trabajo, en 2023 solo se realizaron 1 134 inspecciones por contratación irregular en toda Andalucía. Una gota en un océano de explotación.

Las redes de falsificación

A esto se suma un negocio paralelo: la compraventa de contratos falsos para poder regularizar la situación a través del arraigo laboral o el arraigo social. En muchos municipios, se piden hasta 6 000 euros por un contrato ficticio. La persona paga por trabajar, literalmente.

«Nosotros llamamos a eso esclavitud moderna. Pagas por el derecho a tener derechos», explica Diana Romero, de la asociación Andalucía Acoge.

Estas redes mafiosas operan con la connivencia —activa o pasiva— de algunos empresarios, gestores e incluso intermediarios sindicales.

Entre la trampa y la esperanza: resistencias

Pero no todo es resignación. En Granada, un grupo de trabajadoras migrantes ha creado la cooperativa Cuidándonos, donde ofrecen servicios de limpieza y cuidados con contratos legales y condiciones dignas. En Jerez, la red Regularización Ya organiza asambleas para acompañar a personas sin papeles. En Huelva, varios temporeros han ganado demandas colectivas con apoyo jurídico.

Son pequeños faros en medio de un sistema injusto. Pero son faros.

¿Legalización? ¿Reforma? ¿Qué futuro?

La propuesta de una regularización extraordinaria —respaldada por más de 700 000 firmas en una ILP nacional— está bloqueada por el Gobierno central. Mientras, las reformas parciales no solucionan el problema estructural: Andalucía necesita migración para funcionar. Pero no está dispuesta a garantizar derechos a quienes vienen.

«No queremos caridad. Queremos papeles y trabajo digno. Con eso nos basta», resume Mamadou mientras vuelve al campo, mochila al hombro y esperanza frágil.

En TuPeriódico, creemos que contar estas historias no es un acto de compasión, sino de justicia. Andalucía no puede mirar hacia otro lado. Porque esta tierra, que presume de acogedora, también esconde cadenas invisibles. Y quienes trabajan sin papeles, también construyen nuestro presente.