El Sindicato de Enfermería SATSE ha denunciado públicamente la consumación de lo que considera un «escándalo de recolocación encubierta» en el seno de la Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud (FPS), dependiente de la Junta de Andalucía. Según el sindicato, cinco nuevas jefaturas han sido creadas y adjudicadas con el aparente objetivo de recolocar a antiguos directivos que fueron cesados hace apenas unos meses, tras una supuesta reestructuración del organigrama.
De las cinco plazas ofertadas, tres han sido adjudicadas precisamente a esos mismos directivos cesados, mientras que las dos restantes han quedado desiertas, aunque SATSE ya alerta de que podrían volver a convocarse en breve, cerrando así un «pleno perfecto» de recolocaciones que esquiva de forma flagrante los principios de igualdad, mérito y capacidad que rigen el acceso al empleo público.
Un proceso bajo sospecha desde el inicio
El proceso de selección fue cuestionado desde el primer momento por los sindicatos con representación en la FPS y por los comités de empresa, que alertaron de irregularidades y de un posible uso instrumental de las convocatorias para beneficiar a perfiles concretos. Hoy, tras conocerse la adjudicación definitiva, esas sospechas se han convertido en denuncia formal.
Según SATSE, no solo se han vulnerado los principios de transparencia y concurrencia, sino que además las nuevas jefaturas cuentan con una retribución anual de 63 985,93 euros, cifra que en algunos casos supera incluso el salario que los directivos percibían antes de ser cesados.
«Es decir, no solo han sido recolocados, sino que lo han sido en condiciones aún más ventajosas», señalan fuentes del sindicato, que tildan esta maniobra de «fraude de ley» en toda regla.
Exigen responsabilidades a Salud Pública y Consumo
SATSE exige a la Consejería de Salud y Consumo, así como a la Secretaría General de Salud Pública e I+D+i en Salud, una intervención inmediata para revertir esta situación y restaurar la confianza en la gestión de las instituciones públicas.
«No se puede tolerar que se diseñen estructuras a medida para reubicar a antiguos altos cargos, mientras miles de profesionales sanitarios se enfrentan a contratos temporales, rotaciones forzosas o sueldos precarios», denuncian.
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El sindicato ha asegurado que permanecerá «vigilante y combativo» ante cualquier intento de convertir la administración pública andaluza en un «refugio de privilegios para una élite gestora que se recicla a sí misma, sin rendir cuentas ni pasar por procesos competitivos reales».
Una política de personal bajo la lupa
Esta denuncia se produce en un contexto especialmente delicado para el sistema sanitario andaluz, inmerso en protestas por la precariedad laboral, la falta de recursos en atención primaria y el agotamiento estructural del personal de enfermería.
SATSE advierte de que este tipo de prácticas no solo erosionan la credibilidad institucional, sino que alimentan la desafección entre los profesionales sanitarios y contribuyen a consolidar una cultura de impunidad en el sector público.
La pelota queda ahora en el tejado de la Consejería, que deberá decidir si respalda estas adjudicaciones o toma medidas para frenar lo que empieza a adquirir visos de escándalo político y administrativo.
