El reciente escándalo en el cribado de cáncer de mama en Andalucía, donde la Junta ha reconocido que al menos 2 000 mujeres con pruebas «dudosas» o «no concluyentes» no fueron notificadas de la necesidad de seguimiento, es más que un error administrativo, es una grave negligencia. Es un retrato dramático y peligroso de un modelo de gestión sanitaria que ha abandonado su principio fundamental: la prevención. Este fallo sistémico del Servicio Andaluz de Salud (SAS), que ha supuesto un silencio de hasta dos años, ha puesto en riesgo la vida de miles de mujeres andaluzas, forzándolas a vivir en una cruel incertidumbre y, lo que es peor, permitiendo una posible progresión de una enfermedad donde la rapidez del diagnóstico es la clave de la supervivencia.
La prevención, encarnada en el programa de mamografías, es la primera línea de defensa de la Sanidad Pública andaluza. Su objetivo es pillar la enfermedad a tiempo, cuando es más tratable, menos agresiva y, crucialmente, más económica para el sistema. Una detección precoz evita tratamientos largos, costosos y un mayor sufrimiento humano. El principio es simple: una población sana supone menos gasto público.
Lo que presenciamos en Andalucía no es un mero «fallo de comunicación» como eufemísticamente se ha intentado reducir. Es una consecuencia directa de la priorización del modelo curativo sobre el modelo preventivo en la gestión sanitaria. El modelo curativo se enfoca en la enfermedad ya manifestada, en el tratamiento complejo y, a menudo, hospitalario.
Este modelo es el que beneficia al sector privado de la sanidad. Para una empresa, el «negocio» se encuentra en la enfermedad, en las listas de espera de la sanidad pública que fuerzan la derivación, en las operaciones y tratamientos complejos que generan grandes facturas. Una población enferma o con diagnósticos tardíos necesita más intervenciones costosas, lo que se traduce en mayores plusvalías para las clínicas concertadas. El incentivo perverso está claro: el desmantelamiento o la ineficacia de la prevención y la Atención Primaria crean el caldo de cultivo perfecto para la externalización de servicios.
La Atención Primaria es el corazón del modelo preventivo: la puerta de entrada al sistema, el control crónico, las revisiones periódicas y, por supuesto, la gestión rigurosa de los programas de cribado. Al debilitar la Atención Primaria (con falta de personal, agendas saturadas y escasa inversión), el gobierno andaluz ha estado demoliendo silenciosamente el dique de la salud pública, dejando vía libre al modelo curativo y, por ende, a la sanidad privada.
Esta visión se agrava al observar la política de externalización de servicios. El gobierno andaluz ha presupuestado cientos de millones de euros para concertar operaciones y pruebas diagnósticas, a menudo con empresas privadas con sede social y fiscal fuera de Andalucía. Esto significa que los recursos públicos andaluces, generados por los impuestos de los andaluces, no solo alimentan el negocio curativo, sino que permiten que las plusvalías se extraigan de la comunidad, sin reinvertirse en el sistema público que las generó.
El retraso en notificar una mamografía dudosa es una dejación de funciones que tiene consecuencias fatales y responsabilidad penal. El cáncer de mama detectado en etapas iniciales tiene un pronóstico infinitamente mejor que el tardío. Cada día de retraso es un riesgo exponencial para la vida de una mujer. Al minimizar el problema y culpar a «errores de comunicación», la administración minimiza el valor de la vida y la angustia de miles de familias.
La rectificación debe ser profunda y la consecuencia no puede ser otra que se asuman las responsabilidades políticas y administrativas de tan nefasta gestión. El foco debe volver a la Sanidad Pública y al modelo preventivo. Se necesita una fuerte inversión y urgente en la Atención Primaria, la digitalización de los procesos de comunicación de resultados (para que un silencio no sea sinónimo de salud) y una total transparencia en la gestión de los recursos. La salud de los andaluces y las andaluzas no es una mercancía ni una oportunidad de negocio. Es un derecho fundamental y es decisivo defender ese derecho, e impedir que el «jefe de protocolo y su junta de comerciales de Andalucía» siga con sus acciones y omisiones, facilitando la expansión del negocio de la enfermedad a costa de la vida de sus ciudadanos y ciudadanas y de la riqueza de Andalucía. La vida no espera; la sanidad pública tampoco debe hacerlo.
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