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El expresidente de Cataluña y líder de Junts, Carles Puigdemont, ha emplazado al Tribunal Supremo a aplicarle, «sin más demora», la ley de amnistía y ha asegurado que hacerlo sirve al «fin» de la medida de gracia, la «normalización» de Cataluña.
A través de un escrito de alegaciones de este miércoles, al que ha tenido acceso Europa Press, Puigdemont pide al alto tribunal que acuerde ya «iniciar los trámites legalmente previstos» para la aplicación de la amnistía al delito de malversación por el que está procesado, después del aval del Tribunal Constitucional a perdonarlo.
También solicita que dicte resolución que declare terminado el sumario en su contra, que sigue abierto porque no fue juzgado al huir de la justicia después del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.
Y reclama que acuerde el alzamiento definitivo de las órdenes nacionales de detención e ingreso en prisión dejadas provisionalmente sin efecto por el magistrado instructor, Pablo Llarena, al conocerse la decisión del Constitucional a principios de este mes, «así como de cualesquiera otras medidas cautelares, personales o reales acordadas».
A su juicio, el Supremo lo tiene que llevar a cabo "con el carácter preferente y urgente que el contendido de la ley atribuye a la aplicación de la amnistía.
«La ley persigue la normalización institucional, política y social en Cataluña, finalidad cuya legitimidad ha reconocido el Tribunal Constitucional; su aplicación serena y sin dilaciones a quien presidió la Generalitat sirve también a ese fin», sostiene el dirigente independentista.
Puigdemont ha presentado este escrito dentro del plazo de cinco días que el Supremo dio a las partes para que puedan presentar alegaciones después de recibir la sentencia la corte de garantías que le ordena amnistiar el delito de malversación.
Y lo ha hecho el mismo día que el Tribunal de Cuentas ha decidido aplicarle la amnistía en la causa que tenía abierta contra él y una treintena de encausados más por los gastos del 'procés', al no haberse demostrado que se realizaran con fondos públicos provenientes del presupuesto de la Unión Europea.
Además de sobre el expresidente de la Generalitat, la malversación todavía pesa como procesados sobre los exconsejeros Toni Comín y Luís Puig, que tampoco fueron juzgados al haber huido, y sobre el exvicepresidente Oriol Junqueras y los también exconsejeros Dolors Bassa, Raül Romeva y Jordi Turull.
