Publicada en el BOE la ayuda directa de 5 millones a municipios de Huelva con asentamientos dentro del Marco de Doñana

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El Boletín Oficial del Estado (BOE) recoge este miércoles la publicación del Real Decreto que regula la concesión directa de cinco millones de euros para los tres municipios del área de influencia socioeconómica del Espacio Natural de Doñana con asentamientos chabolistas en sus términos municipales: Lucena del Puerto, Moguer y Palos de la Frontera (Huelva).

Esta norma incorpora los criterios de distribución de los fondos para financiar proyectos locales que impulsen soluciones habitacionales y de vivienda de los temporeros agrícolas en el entorno del espacio protegido, según ha indicado en una nota el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco).

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La inversión se encuadra en el Marco Socioeconómico de Actuaciones para Doñana, impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica. La contribución de Vivienda se concreta en actuaciones de la Línea 13, en concreto en el apartado 13.4 relativo al acceso de los temporeros agrícolas a un alojamiento digno, dotado con cinco millones de euros en 2025, a los que se les sumarán otros 10 millones adicionales en los años 2026 y 2027.

Recoge el Real Decreto que la finalidad es la implementación de un conjunto de actuaciones dirigidas a mejorar las condiciones de vida y habitabilidad de vivienda de los temporeros agrícolas en Doñana y que en sus informes, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, ponen de relieve una situación «alarmante» que exige una «actuación inmediata» de las administraciones.

Señala el Real Decreto que «la falta de viviendas dignas y seguras para las personas temporeras en Doñana no solo afecta a un derecho tan esencial como es el derecho a la vivienda digna, sino que también genera un problema social y sanitario de primer orden que no puede postergarse» y apunta que «los trabajadores temporeros no pueden seguir viviendo en condiciones habitacionales precarias», por lo que «es imperativo acelerar el diseño e implementación de soluciones habitacionales específicas que garanticen un alojamiento digno, salubre y respetuoso con el entorno protegido».

Esta problemática, según indica el Real Decreto, afecta a una población «compuesta mayoritariamente por hombres (en torno al 80 %), con edades comprendidas entre los 30 y los 40 años», así como que «las formas de infravivienda son variadas, incluyendo construcciones precarias de cañas, plásticos o materiales reciclados e inflamables, sin ningún tipo de condiciones mínimas de seguridad o salubridad».

Este Real Decreto busca que los ayuntamientos del Espacio Natural de Doñana y su área de influencia que tengan asentamientos de personas temporeras agrícolas, que son los de Moguer, Palos de la Frontera y Lucena del Puerto, «promuevan, a nivel local, proyectos y programas que favorezcan la mejora de las condiciones habitacionales y de vida de estas personas».

Para la distribución de los fondos destinados a la finalidad se ha considerado «procedente» su reparto equitativo entre los tres municipios, de forma que el importe total de las subvenciones se reparten entre los ayuntamientos beneficiarios «de forma equitativa», asignándose a cada uno de ellos la cantidad de 1,6 millones de euros.

El plazo de ejecución de las actuaciones y los proyectos de las subvenciones será hasta el 30 de noviembre de 2029. No obstante, se permitirá la ampliación del plazo «cuando surjan circunstancias imprevistas o de fuerza mayor que alteren las condiciones técnicas o económicas que afecten a la ejecución de las actuaciones subvencionables».

Las subvenciones recogidas en el Real Decreto para iniciativas locales deben enmarcarse en actuaciones de adquisición de inmuebles ya construidos para su posterior acondicionamiento y adecuación; la adquisición de suelo para la posterior construcción de viviendas sujetas a algún tipo de régimen de protección, y la adquisición de elementos funcionales habitacionales para su posterior instalación e implementación en el espacio público destinado a tal efecto.

También en la adquisición del equipamiento necesario para «garantizar la habitabilidad de las diferentes soluciones propuestas»; la rehabilitación de viviendas sujetas a algún tipo de régimen de protección para su adecuación y posterior uso como viviendas sociales destinadas a las personas temporeras; así como para la construcción de nuevas viviendas sujetas a algún tipo de régimen de protección basadas en el modelo de industrialización de la vivienda, en consonancia con el Proyecto Estratégico para la Recuperación y la Transformación Económica (Perte) promovido por el Gobierno de España, el cual «permitirá una reducción de costes y tiempos en la construcción además de mejorar en eficiencia y sostenibilidad».

Igualmente, deberá destinarse a la construcción de nuevas viviendas sujetas a algún tipo de régimen de protección en suelos de titularidad pública o dotacionales públicos y a «todas aquellas acciones preparatorias necesarias para la posterior ejecución de las soluciones habitacionales, tales como implementación, adaptación o adecuación de redes, suministros o accesos rodados necesarios para permitir y cumplir con las condiciones mínimas de habitabilidad» o «cualesquiera otras actuaciones destinadas a dar solución habitacional a las personas temporeras».

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