El PSOE-A ha anunciado este lunes que recurrirá la decisión de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia plaza 13 de Sevilla de archivar la causa de los contratos de emergencia del SAS durante la pandemia, al entender que los hechos denunciados «requieren de una investigación completa que está lejos de haber concluido» porque se «mantiene el delito de prevaricación».
En un comunicado, el PSOE-A ha manifestado que ha sido la propia Intervención General de la Junta de Andalucía la que, en informes posteriores a la denuncia de «la falta de fiscalización previa» de los contratos decidida por el Consejo de Gobierno el 6 de octubre de 2020, ha confirmado «múltiples irregularidades y un apartamiento total de la Ley de Contratos del Estado».
«Estamos, por tanto, ante un posible delito de prevaricación que debe de ser investigado hasta el final», según el PSOE-A, que ha considerado que la sanidad pública «merece que se investigue hasta el último euro pagado de más y, desde la prudencia que exige el desconocimiento aún del contenido íntegro del auto, que no ha sido notificado formalmente todavía al partido», entiende que el proceso «no ha terminado».
«Nadie duda de la urgencia inicial de la pandemia, pero el Gobierno andaluz prolongó la contratación a dedo de forma arbitraria y sin cobertura legal mucho después de que decayera dicha emergencia», según el PSOE-A, que ha insistido en que eso es «la conclusión de la Intervención General de la Junta de Andalucía».
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El PSOE-A ha expresado su «más absoluto respeto por la acción de la justicia» y desde su confianza en el Estado de derecho, espera que la resolución judicial «sea anulada y se llegue hasta el final tanto en la causa que se investiga en Sevilla, como en las investigaciones que están en marcha en las provincias de Cádiz y Córdoba sobre los mismos hechos».
El PSOE-A tiene claro que «las irregularidades reconocidas en el auto que hemos conocido a través de los medios de comunicación para nuestra sorpresa y perplejidad han causado un daño ingente al dinero de todos los andaluces», ya que se «ha contratado con las mismas empresas a precios superiores a los que se pagaban en contratos ordinarios, es decir, se ha pagado más por lo mismo».
Para el PSOE-A, «más allá de lo penal, estamos ante una estrategia política de privatización de la sanidad pública que nos preocupa y ocupa».
Ha añadido que su modelo sanitario para Andalucía es «diametralmente opuesto al de vaciar la sanidad pública y el estado del bienestar para beneficiar a empresas privadas mediante un uso abusivo y arbitrario de la contratación de emergencia, quitando, además, los controles previos para dar vía libre a contratos a dedo de decenas de millones de euros».
Ha reiterado su «absoluto respeto por la acción de la justicia» y ha confiado en que los tribunales «mantengan criterios ya aplicados con anterioridad en otros casos, ya que resulta, cuanto menos, llamativo el diferente rasero judicial ante situaciones procedimentales similares anteriores donde la modificación del sistema de fiscalización y la ausencia de procedimiento ordinario, aun con fines legítimos, fue razón suficiente para presuponer intencionalidades criminales y dictar condenas a personas inocentes».
En el caso actual del Gobierno andaluz del PP-A, según el PSOE-A, «nos encontramos con la misma supresión de la fiscalización previa, lo que permitió al SAS repartir discrecionalmente decenas de millones de euros sin control preventivo». Para los socialistas, la pregunta es «por qué lo que antes era indicio de criminalidad ahora se archiva como mera irregularidad administrativa».
