Plásticos antes del alba, tierra quemada al anochecer

El amanecer sobre El Ejido tiene un sonido propio: un rumor sordo de motores y pasos en la grava. A esa hora —cuando la luz aún no distingue el verde del plástico— decenas de personas ya caminan hacia los invernaderos. Llevan mochilas pequeñas, gorros de lana, algunas bicicletas viejas. Nadie habla mucho.

Mohamed, 34 años, marroquí, baja la cabeza cuando un coche levanta polvo. «Si te ve la patrulla sin papeles, no te pasa nada… salvo que te toque el mal día», dice, encogiéndose de hombros. Trabaja desde hace cuatro temporadas en la misma zona, siempre con promesas de contrato que nunca llegan a firmarse. «Aquí el jefe paga por horas; si firmas, te da menos. Así que mejor sin papel. Pero luego no tengo derecho a nada». Su historia no es excepción. Andalucía, motor agrícola del país, sostiene buena parte de su productividad en manos migrantes. Sin ellas, la fresa de Huelva, el pimiento de Almería o la aceituna de Jaén se quedarían sin recoger. La paradoja es evidente: la región que más necesita el trabajo migrante es también la que más lo mantiene en la sombra.

En 2025, según la Junta de Andalucía, los afiliados extranjeros suponen ya más del 11 % de la fuerza laboral regional. Crecen a un ritmo del 8,5 % anual, muy por encima del empleo autóctono. Pero en los márgenes de esas cifras palpita una realidad que no entra en las estadísticas: miles de personas que trabajan sin contrato, sin Seguridad Social, sin nombre en ninguna base de datos.

El mercado laboral andaluz siempre ha sido peculiar: estacional, fragmentado y con una larga tradición de economía sumergida. La agricultura intensiva y el turismo concentran buena parte del PIB, pero también los índices más altos de precariedad. «Es el caldo de cultivo perfecto», resume un activista por los derechos migrantes. «Alta demanda temporal, bajos márgenes empresariales y población migrante vulnerable: la irregularidad no es una anomalía, es una estrategia de supervivencia del modelo». La ONU envió un relator para ver la situación y su dictamen fue contundente: «esto es esclavitud». En su informe señalaba además los factores que hacen que los desplazados, incluidos los desplazados internos, los solicitantes de asilo y los refugiados, sean vulnerables a la explotación y a las formas contemporáneas de la esclavitud.

Los últimos informes de ONGs sobre el terreno revelan que los migrantes cobran, de media, un 30 % menos que los trabajadores españoles en los mismos sectores. En el campo, la brecha se ensancha: jornadas de doce horas, salarios pagados en metálico y viviendas improvisadas en suelos sin electricidad. En los alrededores de Huelva y Almería, se calcula que unas 3 000 personas viven aún en asentamientos de chabolas.

El fenómeno tiene un anclaje económico profundo. Según el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), la economía sumergida podría rondar el 25 % del PIB regional: una cuarta parte de la riqueza producida no pasa por el sistema fiscal ni de cotizaciones. Una parte relevante procede de la agricultura y la hostelería, los sectores más intensivos en mano de obra migrante.

En un descampado de Lucena del Puerto, provincia de Huelva, un laberinto de chabolas de madera, plástico y uralita se extiende entre los pinares. Huele a humo y a humedad. Es septiembre, pero el calor aún aprieta. Lina, senegalesa de 29 años, calienta café en una lata vieja. Vive con otras tres mujeres en una caseta que comparte techo con un invernadero de fresas. Llegó hace dos años, con la idea de ahorrar y enviar dinero a su familia. Nunca ha firmado un contrato. «Dicen que si me dan de alta, luego tienen que pagar más. Yo quiero trabajar con papeles, pero nadie me coge así». La suya es una de las muchas voces que revelan la circularidad del problema. Las empresas necesitan mano de obra rápida, barata y flexible. Los trabajadores, necesitados y sin regularización, aceptan lo que haya. El Estado, con sus mecanismos lentos, apenas llega a observar lo que ocurre.

El Defensor del Pueblo Andaluz lo recoge en su informe de 2024: «El trabajo irregular de migrantes en asentamientos rurales constituye una vulneración estructural de derechos y una normalización de la exclusión social». Cada año, las campañas agrícolas repiten el patrón: las fincas se llenan, los asentamientos crecen, las inspecciones apenas cubren una fracción del territorio, y los titulares se suceden cuando un incendio arrasa chabolas o cuando alguien muere por un golpe de calor. Luego llega el invierno y el asunto se diluye hasta la próxima cosecha.

Cifrar el empleo irregular es un ejercicio de conjetura. No hay registros oficiales —por definición—, pero los indicios son contundentes. En Huelva, donde la fresa domina, se calculan unos 100 000 empleos en campaña. De ellos, sindicatos y ONG estiman que hasta un 30 % podría estar en la economía informal. En Almería, con más de 30 000 hectáreas de invernaderos, el porcentaje sería similar.

El problema no se limita al campo. En la Costa del Sol, el turismo y la construcción ofrecen empleos estacionales con condiciones que rozan lo ilegal: camareros sin alta, peones pagados en mano, horas extras invisibles. «El irregular no siempre es el que no tiene papeles», aclara Juanma, inspector laboral. «También hay españoles o europeos contratados por debajo del salario mínimo o en categorías inferiores. Pero en los migrantes se junta todo: precariedad y miedo». Ese miedo tiene rostro concreto. Quien carece de permiso de residencia o está en trámite evita denunciar. Quien vive en un asentamiento teme perder su lugar. Quien depende del patrón para renovar papeles no se queja. Es un ecosistema de vulnerabilidad que se sostiene a sí mismo.

Mientras tanto, el impacto económico es paradójico. Andalucía pierde cada año millones en cotizaciones y tributos por el trabajo en negro, pero las empresas mantienen costes bajos y competitividad. A corto plazo, todos ganan algo; a largo plazo, el sistema se vacía. Si la mano de obra migrante desapareciera un solo mes, la economía andaluza se resentiría. En la agricultura intensiva, el 60 % de los trabajadores son extranjeros. En la hostelería, un 25 %. En la construcción, cerca del 20 %.

Distintos economistas lo explican: «El trabajo migrante irregular es el amortiguador que mantiene los precios bajos y las exportaciones altas. Es como una válvula de presión: nadie quiere tocarla porque temen que se rompa el sistema». El problema, añaden, es que ese modelo frena la innovación. «Cuando una economía se acostumbra a mano de obra barata y abundante, deja de invertir en tecnología o formación. Lo vemos en el campo: Andalucía podría liderar en sostenibilidad, pero seguimos dependiendo de jornales precarios».

La contradicción se refleja en las políticas públicas. Por un lado, la Junta impulsa la Estrategia Andaluza para la Inmigración 2021-2025, que habla de integración y empleo digno. Por otro, cada año se denuncian nuevos asentamientos, retrasos en regularizaciones y contratos falsos. La estrategia choca con una práctica económica que premia la informalidad.

En los últimos años, el foco mediático ha girado hacia las mujeres migrantes en la fresa onubense. Muchas llegan con contratos en origen, firmados en Marruecos o Rumanía. En teoría, todo es legal. En la práctica, no siempre. Una de ellas, S., 42 años, cuenta su historia en un café de Lepe. Pide no dar su nombre completo. «Venimos con papeles, sí, pero los contratos se cambian, las horas no se pagan todas, y si protestas no te llaman el año siguiente». Su jornada empieza a las seis y termina cuando el camión se llena. «Si hay mucho calor, seguimos igual. Si te enfermas, te quedas sin día. Nadie te obliga, pero si no cumples, pierdes el viaje».

Las ONG que trabajan en la zona confirman el patrón: condiciones legales en el papel, pero con huecos que permiten la explotación. En un informe de 2025, la Universidad Pablo de Olavide detalla que el 70 % de las mujeres migrantes entrevistadas en campañas agrícolas había sufrido impago parcial de horas o amenazas de no renovación. En paralelo, muchas viven en alojamientos facilitados por los empleadores, a menudo sobreocupados o sin ventilación. «La frontera entre lo legal y lo abusivo es cada vez más delgada», resume María José, trabajadora social. «Y el problema no es solo económico, es de dignidad». En Huelva, la precariedad se extiende en horizontal: kilómetros de plásticos, fincas dispersas, chabolas a la vista de todos. En Almería, se esconde en vertical: invernaderos cerrados, poblados periurbanos y barrios invisibles entre naves industriales. Ambas provincias comparten síntomas: concentración de migrantes, debilidad institucional y un tejido empresarial que vive entre la urgencia y la indiferencia. En 2024, el Defensor del Pueblo Andaluz alertó de la «cronificación de los asentamientos» y pidió un plan integral de vivienda temporal y mediación laboral. Poco cambió.

El pasado verano, un incendio destruyó 120 chabolas en Lucena del Puerto —como en Palos, o en muchos otros municipios de producción hortofrutícola— . No hubo muertos, pero sí veinte personas sin nada salvo lo que llevaban puesto. La foto duró un día en los medios. A la semana, otro asentamiento se levantaba a pocos metros. «El fuego limpia, pero no resuelve», dice Ibrahima, gambiano, mientras muestra una cicatriz en el antebrazo, «solo cambia el humo».

En Almería, los invernaderos se extienden como un mar opaco. A simple vista, parece una industria moderna y controlada. Pero debajo del plástico hay una red de subcontratas difícil de rastrear. «El empresario principal a veces ni sabe quién trabaja para él» —confiesa un técnico agrícola—. «La empresa de mano de obra subcontrata a otra, y al final hay tres intermediarios. En algún punto se pierde el papel».

El Gobierno andaluz ha intentado reforzar la inspección laboral, pero las cifras son modestas. En 2024 se realizaron 8 000 inspecciones en el sector agrícola, un número que cubre menos del 10 % de las explotaciones activas. Las sanciones se concentran en irregularidades administrativas menores. Los ayuntamientos, por su parte, lidian con el problema sin recursos. En localidades como Níjar o Palos de la Frontera, el presupuesto municipal no alcanza para gestionar ni la recogida de basuras en asentamientos que triplican su población en temporada alta. «Es un fallo de coordinación», reconoce un funcionario de la Delegación del Gobierno. «Cada administración se lava las manos: el Estado controla permisos, la Junta las campañas, los ayuntamientos el suelo. Pero nadie tiene la visión completa». Mientras tanto, las ONG suplen lo que el sistema no cubre: atención médica básica, distribución de agua, asesoría jurídica. En 2025, Cruz Roja atendió a más de 10 000 personas en asentamientos andaluces, un récord histórico.

El calor del sur mata despacio. En los veranos recientes, varios trabajadores migrantes han muerto por golpes de calor en los campos andaluces. La mayoría, sin contrato ni registro. Uno de los casos más sonados fue el de un joven senegalés de 28 años hallado inconsciente junto a una finca en Níjar. No había constancia de su empleo en ningún registro. El médico que lo atendió en urgencias fue claro: «Llevaba tres días trabajando doce horas bajo el plástico. Cuando llegó, su cuerpo estaba colapsado. No tenía sombra ni descanso».

La salud, como el empleo, también se vuelve irregular. Quienes trabajan sin contrato no tienen derecho a baja médica ni a cobertura de accidentes laborales. Muchos acuden a urgencias solo cuando no pueden más. «Hay miedo incluso a ser atendido», explica Laura, enfermera. «Temen que les pidan papeles». En una región que presume de modernidad agrícola, estas historias rompen el discurso; Andalucía exporta más frutas y hortalizas que nunca, pero parte de esa abundancia se riega con vulnerabilidad. «Nos hemos acostumbrado a mirar hacia otro lado», confiesa Antonio, productor de fresas de segunda generación. Habla sin tapujos. «Yo mismo he tenido gente sin contrato. No porque lo quiera, sino porque el sistema es imposible. Si hago todos los papeles, me quedo sin margen. Si no contrato, no recojo. Es un callejón». Esa honestidad incómoda resume el dilema de muchos pequeños agricultores. La burocracia para contratar, los costes de cotización y la rigidez de las campañas empujan a soluciones informales. A menudo, el problema no es solo voluntad, sino estructura.

Pero también hay quienes están intentando hacerlo distinto. En la comarca de Níjar, una cooperativa local ha implantado un sello de «temporada justa» que exige alta inmediata, alojamiento digno y transporte regulado. Al principio, perdieron beneficios. Ahora, cuentan con nuevos contratos de exportación a países que exigen trazabilidad social. «Cuesta, pero se puede», dicen sus trabajadores. «El cliente europeo empieza a preguntar de dónde viene lo que come. Y si detrás hay explotación, no lo compra».

Andalucía vive en una frontera difusa entre la necesidad económica y la responsabilidad ética. Nadie ignora la existencia del trabajo irregular, pero pocos quieren asumir su coste político. En las conversaciones de bar, en las cooperativas, incluso en las delegaciones de gobierno, el tema aparece con resignación: «Siempre ha sido así». El problema es que esa normalidad erosiona el tejido moral de la sociedad. Cuando un sistema se sostiene en la desigualdad estructural, no solo empobrece a los excluidos; también degrada el valor del trabajo para todos. «Mi abuelo fue jornalero sin papeles en Francia», recuerda Rafael, agricultor de Jaén. «Ahora yo contrato a marroquíes sin papeles. Me da vergüenza pensarlo, pero es verdad». Esa memoria migrante —ida y vuelta— debería servir como espejo. Andalucía fue durante décadas tierra de emigrantes, hoy es tierra de acogida y de contradicciones.

Algo empezó a moverse en los últimos años, aunque lento. En 2024, la Junta de Andalucía incluyó por primera vez a representantes de colectivos migrantes en la Estrategia de Integración y Convivencia. No era habitual que las decisiones sobre migración se tomaran con los migrantes en la mesa. «Solo nos invitaban cuando ya estaba todo decidido», cuenta Mamadou, portavoz de una asociación de temporeros. «Ahora al menos escuchan. Pero todavía no cambian las cosas». El cambio no vendrá solo de un decreto, sino de una suma de gestos pequeños: municipios que ofrecen empadronamiento flexible, empresas que optan por la contratación directa, cooperativas que revisan sus cadenas de suministro. El camino es largo, pero empieza a haber grietas en la costra del cinismo.

En Jaén, por ejemplo, el dispositivo de albergues para temporeros ha pasado de ser una medida de emergencia a una política pública estable. «Hace diez años veías a cientos de personas durmiendo en la calle», recuerda Lucía, trabajadora social. «Hoy siguen faltando camas, pero hay coordinación, se evita la intemperie». Son logros discretos, sin grandes titulares, pero que indican que la realidad puede transformarse cuando se la nombra sin eufemismos.

Andalucía, pese a su potencial, no ha roto del todo con un modelo de baja productividad y alta dependencia del trabajo barato. La irregularidad no es tanto una anomalía como un síntoma. «El problema no es la migración, es la estructura productiva», insiste los economistas consultados —que se escudan en el anonimato, pues trabajan en las mismas productoras de frutos rojos de la zona. «Si sigues apostando por sectores intensivos en mano de obra barata, atraerás siempre trabajadores vulnerables. Y mientras no cambie el modelo, las políticas de integración solo tapan grietas». Las cifras confirman su diagnóstico. El 70 % de los contratos en la agricultura andaluza son temporales, y un tercio dura menos de una semana. En la hostelería, la rotación es tan alta que muchos empleados suman diez o más contratos en un solo año. El empleo irregular es la forma extrema de esa lógica: flexibilidad total para el empleador, incertidumbre total para el trabajador. Mientras las reglas del juego sigan recompensando la precariedad, difícilmente cambiará la partida. El impacto de esta economía sumergida va más allá del campo o de las cuentas públicas. Es un coste que se infiltra en la vida cotidiana: en la educación, la sanidad, la convivencia.

En los colegios de zonas agrícolas, los directores hablan de niños que llegan y desaparecen con las campañas. En los centros de salud, de pacientes sin historia clínica ni acceso estable a medicación. En los ayuntamientos, de padrones imposibles: vecinos que están pero no existen. «Cuando las personas viven al margen del sistema, todo se complica: no pagan impuestos, pero tampoco pueden acceder a ayudas; no cotizan, pero envejecen aquí; no están censadas, pero llenan las aulas», explica Teresa, socióloga. «El Estado invisible genera problemas visibles». Esa doble invisibilidad alimenta el discurso del miedo. En algunos pueblos, la llegada masiva de temporeros despierta recelos y prejuicios. «Se les culpa de los males del pueblo, como si no fueran quienes lo sostienen», lamenta Margarita, profesora de secundaria en Almonte. «Es la vieja historia del extranjero necesario e indeseado».

En campaña electoral, la palabra «migrante» se usa con cálculo. Unos la cargan de amenaza, otros de compasión, casi nunca de complejidad. Mientras tanto, la realidad se mantiene intacta. En los últimos años, ni la derecha ni la izquierda andaluza han articulado una estrategia sostenida de formalización laboral. Los discursos se enredan entre competencias y titulares. «Todo el mundo dice estar en contra de la explotación, pero pocos se atreven a hablar de regularización masiva», apunta Mamadou. «Y sin papeles no hay derechos». El propio término «irregular» sirve de coartada. Designa una situación, pero acaba justificándola: si alguien es irregular, parece lógico que su empleo también lo sea. Es un círculo perverso del lenguaje. Quizá la política necesite menos eufemismos y más realismo: reconocer que sin la fuerza de trabajo extranjera, buena parte del PIB andaluz se vendría abajo; y que dignificar esas manos no es un acto de caridad, sino de inteligencia económica.

Fuera de los despachos, hay gente moviendo piezas. En Níjar, la asociación Alianza para la Dignidad Agraria ha montado una red de mediadores laborales que visitan fincas, informan a los trabajadores de sus derechos y sirven de enlace con las empresas. No van con pancartas ni con megáfonos, sino con libretas y paciencia. «Nos damos cuenta de que muchos empresarios no saben cómo contratar legalmente a un migrante en trámite», dice Mónica, coordinadora del proyecto. «Les enseñamos que se puede, y que no es tan caro como creen».

En Huelva, otra iniciativa, Cultiva Respeto, ha logrado acuerdos con grandes cooperativas de frutos rojos para auditar las condiciones laborales de sus temporeros. Han perdido algunos proveedores, pero han ganado reputación y contratos con supermercados europeos que exigen trazabilidad social. «Nos dimos cuenta de que la sostenibilidad no es solo ambiental», explica Isabel, la gerente de una pequeña cooperativa. «También hay que ser sostenibles en lo humano».

El cambio también pasa por quien compra. El auge de los sellos de comercio justo y de las certificaciones éticas empieza a tocar la puerta del campo andaluz. Algunos distribuidores internacionales ya piden pruebas de cumplimiento laboral para importar frutas y hortalizas. «Hace diez años eso era impensable», comenta Antonio, el productor onubense que antes nos hablaba con culpa. «Ahora, si quiero vender a Alemania o a Holanda, tengo que demostrar que mis trabajadores están dados de alta. Me costó, pero al final lo entendí: o cambias, o te quedas fuera». No todos pueden hacerlo. Los pequeños agricultores, asfixiados por los precios, temen que las exigencias éticas sean un lujo de los grandes. «Necesitamos apoyo público para no morir del intento», reclama. «Si el mercado pide limpieza, el Estado tiene que acompañar». Esa conexión entre ética y viabilidad económica es todavía frágil, pero abre una vía: la de un consumidor que no solo pregunta por el sabor del tomate o la fresa, sino también por la historia de quien lo recogió.

Entre las propuestas más repetidas por los expertos está la regularización por arraigo. En 2022, el Gobierno central ya aprobó un decreto que facilitaba el permiso de residencia a quienes demostraran haber trabajado al menos seis meses. En Andalucía, miles de personas se acogieron a ese proceso, pero la tramitación sigue siendo lenta, sobre todo por los requisitos de continuidad en el empleo: el trabajo tiene que ser regular, y consecutivo. La realidad, los contratos, cuando los hay, son por días.

«Hay personas que llevan cinco años aquí y todavía no tienen papeles», se denuncia. «Mientras tanto, trabajan igual, pagan alquiler, consumen, crían hijos. El sistema se beneficia de ellos sin reconocerlos».

Regularizar no es solo un gesto humanitario. Es, sobre todo, una inversión. Cada trabajador que sale de la economía sumergida aporta cotizaciones, paga impuestos y reduce el gasto asistencial. Los cálculos del Ministerio de Inclusión estiman que por cada 10 000 regularizaciones, el Estado gana unos 80 millones de euros al año en ingresos netos. El argumento económico se impone al moral: la formalización es rentable. Y si además devuelve dignidad, es doble ganancia.

Otro frente es el control laboral. No basta con sancionar; hace falta educar. Algunas provincias han empezado a probar modelos de inspección pedagógica: visitas conjuntas de inspectores, mediadores y traductores que detectan irregularidades y ofrecen soluciones inmediatas. «En lugar de multar a la primera, se da un plazo para corregir y se ayuda a registrar los contratos», explica Juanma, inspector. «El efecto es mejor: muchos empresarios simplemente desconocen cómo hacerlo bien».

Las cifras avalan el método: en las zonas donde se ha aplicado, el número de regularizaciones voluntarias aumentó un 40 %. El miedo al castigo se sustituye por cooperación. El reto es extender esa práctica más allá de los proyectos piloto. La inspección laboral andaluza necesita recursos, pero también empatía. «Hay que entender que detrás del incumplimiento no siempre hay mala fe», insiste Roldán. «A veces hay desinformación, y ahí podemos intervenir».

Pocas cosas definen mejor la desigualdad que el lugar donde uno duerme. En los márgenes de Huelva y Almería, la frontera entre casa y chabola se mide en metros. El Defensor del Pueblo Andaluz ha pedido reiteradamente un plan integral de vivienda temporal para trabajadores agrícolas. No se trata solo de levantar albergues, sino de crear un sistema estable de alojamiento rotatorio, con gestión pública y participación de empleadores. El modelo existe: en Jaén, el dispositivo de albergues para la aceituna lleva años funcionando con relativa eficacia. Replicarlo en Huelva o Almería requeriría voluntad política y coordinación.

Mientras tanto, las soluciones improvisadas se repiten. «Construimos con lo que encontramos: palés, lonas, cartones», dice Lina, la senegalesa del asentamiento. «Cuando llueve, dormimos de pie». A su lado, un niño corre entre las chabolas con una camiseta del Betis. Nació en España, pero no tiene papeles. Su vida, de momento, se mide en campañas. El cambio climático añade otra capa a la vulnerabilidad: los veranos son más largos y las temperaturas más altas, los golpes de calor, más frecuentes. Quienes trabajan bajo plástico o a pleno sol lo saben mejor que nadie. En 2023 y 2024, varios fallecimientos de temporeros volvieron a poner el foco en las condiciones de trabajo. Algunos ayuntamientos han empezado a exigir planes de prevención obligatorios en campañas agrícolas: zonas de sombra, agua fría, descansos programados.

«Es un comienzo, pero sigue sin controlarse bien», admite Laura, enfermera. «El calor mata, y lo seguirá haciendo mientras las horas extra valgan más que la salud». El clima también afecta a las cosechas. La presión por recoger más rápido se traduce en más jornadas y menos pausas. En esa carrera contra el tiempo, los cuerpos se desgastan como si fueran herramientas.

Andalucía se juega más que su reputación agrícola. Se juega el tipo de sociedad que quiere ser. Si acepta una economía que convive con la exclusión estructural o si apuesta por un crecimiento inclusivo. La irregularidad no solo degrada a quienes la sufren. Degrada el valor del trabajo en conjunto. Mientras existan dos mercados laborales —uno visible y otro oculto—, la desigualdad será estructural.

El trabajo migrante no es un problema que resolver, sino un recurso que cuidar. Y hacerlo requiere un cambio de mirada: del asistencialismo a la corresponsabilidad. No se trata de «ayudar» a los migrantes, sino de reconocerlos como parte esencial del sistema productivo.

Entre los expertos circulan propuestas concretas, casi de manual:

• Programas de formación dual en sectores agrícolas y turísticos, con certificados oficiales que permitan el arraigo laboral.
• Incentivos fiscales a empresas que acrediten empleo formal y alojamiento digno.
• Mecanismos de contratación colectiva entre municipios y cooperativas, para evitar intermediarios abusivos.
• Sello andaluz de producción justa, visible en mercados y exportaciones.
• Mesa de coordinación permanente entre administraciones, sindicatos, ONG y asociaciones de migrantes.

Ninguna de estas medidas es revolucionaria, pero todas comparten algo esencial: parten del reconocimiento de la interdependencia. Andalucía necesita a sus trabajadores migrantes, y ellos necesitan un marco que no los condene a la sombra.

Más allá de la ley y la economía, hay un cambio cultural pendiente. Reconocer que los cuerpos que sostienen los invernaderos, las cocinas y las obras no son prescindibles. Que su presencia no es una amenaza, sino una extensión de lo que Andalucía fue cuando sus hijos emigraban a Suiza o a Cataluña. «Mi abuelo también mandaba dinero en un sobre, como yo», dice Rafael, el agricultor jienense. «La diferencia es que él era el extranjero entonces». La memoria puede ser una herramienta política. Recordar la emigración andaluza no como nostalgia, sino como espejo moral. Nadie que haya vivido la vulnerabilidad debería reproducirla en otros.

Cabe imaginar Andalucía dentro de diez o quince años: campos verdes, empresas transparentes, trabajadores con contratos digitales, albergues dignos y escuelas que ya no cierran cada temporada. No es una utopía. Es un escenario plausible si la región asume que la formalidad no es un obstáculo, sino una inversión. La productividad crecería, la recaudación también. El turismo ganaría reputación. Los mercados internacionales premiarían la trazabilidad social. Y lo más importante: la convivencia dejaría de medirse en tensión.

Todo empieza por una decisión política —sí—, pero también por un cambio cotidiano: el agricultor que da de alta a su cuadrilla, el vecino que no culpa al extranjero, el consumidor que pregunta de dónde viene lo que compra.

De vuelta en El Ejido, Mohamed termina su jornada. Esta vez, lleva un papel en el bolsillo: un contrato de tres meses gestionado por la nueva cooperativa. Sonríe, cansado. «No es mucho, pero ya no tengo miedo», dice. En la puerta del invernadero, el gerente lo saluda: «si va bien, te renovamos», promete. Mohamed asiente y se aleja en bicicleta. El sol cae, pero queda luz.

Andalucía, tierra de emigrantes y acogida, todavía puede reconciliarse con su reflejo. El trabajo migrante —ese motor invisible— podría dejar de ser una sombra si la región decide, por fin, mirarlo de frente. El reto no es menor: desmontar un modelo que lleva décadas justificando la precariedad. Pero toda transformación empieza con una mirada distinta. Y quizás, como al alba, cuando el plástico aún brilla plateado y el campo despierta, haya una oportunidad de comenzar de nuevo.