Navantia acuerda con los sindicatos un nuevo convenio hasta 2029

Navantia y los sindicatos mayoritarios han alcanzado un preacuerdo para la renovación del convenio colectivo que regirá hasta el año 2029. El pacto, calificado como «sólido» por ambas partes, incluye subidas salariales progresivas, blindaje del empleo, formación interna y un compromiso de inversión en modernización tecnológica. En un contexto de conflictos laborales crecientes y pérdida de derechos, el acuerdo ha sido recibido como un raro ejemplo de diálogo social efectivo en el mapa industrial andaluz.

La empresa pública, especializada en construcción naval militar y civil, cuenta con astilleros en Cádiz, San Fernando y Puerto Real, y es uno de los principales motores económicos de la Bahía gaditana. Con una plantilla envejecida y una cadena de subcontratación altamente precarizada, la negociación del nuevo marco laboral era un desafío tanto técnico como político.

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Según el borrador del preacuerdo, se contemplan mejoras salariales por encima del IPC, refuerzos en prevención de riesgos laborales, procesos de promoción interna y garantías de no destrucción de empleo estructural. También se aborda una tímida, pero relevante apuesta por la transición energética, con el impulso de buques propulsados por tecnologías limpias.

Desde los comités de empresa, el mensaje ha sido prudente pero positivo: «Es un paso necesario para dar estabilidad a los trabajadores y fijar población en la Bahía». El acuerdo debe ahora ser ratificado por las asambleas de trabajadores, pero todo apunta a una aprobación sin grandes fisuras.

La patronal, por su parte, celebra haber conseguido un marco de paz social que le permitirá optar a nuevos contratos internacionales sin sobresaltos. En los últimos años, la competencia global en el sector naval se ha endurecido, y cualquier parón podría haber supuesto la pérdida de contratos estratégicos.

Pero más allá de los términos técnicos, el acuerdo de Navantia tiene un valor simbólico: demuestra que es posible negociar a largo plazo sin conflictos abiertos, algo que en otros sectores —como el agroalimentario, la hostelería o la logística— sigue siendo impensable.

No obstante, no todo es euforia. Los sindicatos han recordado que la clave ahora será cómo se aplica el acuerdo a la cadena de subcontratación, que emplea a miles de trabajadores en condiciones mucho más precarias que la plantilla principal. El riesgo de que el pacto quede como un «acuerdo de élite» para la plantilla directa sigue sobre la mesa.

En paralelo, los partidos políticos se han apresurado a capitalizar el éxito. El Gobierno andaluz lo vende como «una muestra de confianza en Andalucía», mientras el Gobierno central lo utiliza como ejemplo del buen funcionamiento de las empresas públicas. Sin embargo, ni uno ni otro han tenido un papel activo en la mesa de negociación.

Lo cierto es que, en plena era de fragmentación laboral, el convenio de Navantia aporta un ejemplo útil: frente al modelo basado en rotación, bajos salarios y desprotección, aún es posible pactar condiciones dignas que beneficien tanto a trabajadores como a la empresa.

Ahora queda lo más difícil: extender este modelo a otros sectores. Porque si solo Navantia negocia con responsabilidad, la excepción no hará sino confirmar la regla general de precariedad.

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