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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado este martes una orden ejecutiva por la que insta a todos los organismos del Gobierno federal sustituir el término «inteligencia artificial» y su acrónimo «IA» por «superinteligencia» y «SI» en toda comunicación oficial, documentos públicos, sitios web e informes. La medida, que no afecta a normas o contratos ya vigentes, otorga un plazo de 60 días al asesor presidencial para Ciencia y Tecnología para presentar una propuesta legislativa que establezca una definición federal del nuevo término.
En el texto de la orden, Trump ha justificado el cambio argumentando que las capacidades de los sistemas actuales «van mucho más allá de imitar o automatizar aspectos discretos de la inteligencia humana» y que cada vez más «representan no simplemente inteligencia artificial, sino una nueva era de superinteligencia».
La medida se produce horas después de que el mandatario reuniera en la Casa Blanca a casi dos docenas de líderes tecnológicos de Silicon Valley para debatir sobre los riesgos de la tecnología. Según Bloomberg, el cambio de nombre busca revertir la percepción negativa creciente sobre la inteligencia artificial en Estados Unidos, donde su implantación ha generado un rechazo generalizado por el encarecimiento de la electricidad y el temor a la destrucción de empleos.
En paralelo a la orden ejecutiva, la Casa Blanca ha difundido un comunicado conjunto firmado por Trump y los directivos de las principales empresas del sector —Sundar Pichai (Google), Dario Amodei (Anthropic), Mark Zuckerberg (Meta), Greg Brockman (OpenAI), Elon Musk (X) y Jensen Huang (Nvidia)— en el que se comprometen a aplicar cuatro capas de controles y auditorías sobre sus modelos.
El acuerdo contempla la implantación de controles internos sobre ciberseguridad, bioseguridad y amenazas químicas; la creación de equipos internos de supervisión; la contratación de auditores externos independientes; y la designación de un comité independiente del consejo de administración de cada empresa para supervisar el conjunto del proceso.
Los firmantes han reconocido que estas medidas podrían trasladarse en el futuro en leyes o regulaciones. Además, han asegurado que implementar estos controles y auditorías es «fundamental» para garantizar un «futuro seguro para todos» y se han comprometido, por tanto, a aplicarlas en sus empresas.
