El Servicio Federal de Seguridad (FSB) de Rusia ha informado este miércoles de la acusación de terrorismo que se le ha imputado al fundador de Telegram, Pavel Durov, por no haber eliminado canales y usuarios de la plataforma de los que se servían los servicios ucranianos para organizar ataques y sabotajes contra el país.
Las autoridades rusas han informado de que Durov ha sido incluido en su lista de personas buscadas internacionalmente. El fundador de Telegram, que nació en San Petersburgo hace 41 años, tiene su actual residencia en Dubái, en Emiratos Árabes Unidos, donde están ubicadas las oficinas centrales de esta red de mensajería.
El FSB ha explicado que los servicios ucranianos han utilizado «numerosos» canales, grupos de conversación y usuarios «para preparar y coordinar actos de sabotaje y terrorismo, asesinatos en masa y fraudes cibernéticos en Rusia», provocando «numerosas víctimas» y «daños materiales multimillonarios».
Ya en febrero, las autoridades rusas advirtieron de que Telegram, cuyo uso comenzó a restringirse desde agosto de 2025, continuaba sin cumplir con la legislación. Debido a ello, desde principios de este año, Rusia ha impuesto a esta plataforma multas de hasta 100 millones de rublos (1,1 millones de euros) por no eliminar contenido considerado prohibido por la ley rusa.
No es la primera vez que la compañía y su fundador se ven envueltos en cuitas legales. Ya en 2024, Durov ya fue detenido en Francia, aunque poco después puesto en libertad, por no haber puesto freno a las redes criminales que utilizan su plataforma para cometer delitos, como tráfico de drogas, abuso de menores y fraude.
Durov sigue bajo investigación en Francia, donde tiene que presentarse de manera periódica ante las autoridades. Salió en libertad tras pagar una fianza de 5 millones de euros.
