Una jueza federal del estado de Florida ha determinado este lunes que el acuerdo al que llegó el presidente estadounidense, Donald Trump, con el Servicio Impuestos Internos (IRS) por el caso de la filtración de sus declaraciones de impuestos durante su primer mandato es nulo y carce de bases legales o fácticas.
El caso se remonta a cuando Trump, junto con sus hijos mayores (Donald Jr. y Eric) y la Organización Trump, demandó al IRS y al Departamento del Tesoro por no proteger su información fiscal, que fue filtrada a la prensa durante su primer mandato.
«Esta demanda no se interpuso para reivindicar derechos, sino para manipular el proceso judicial», detalla la jueza federal, Kathleen Williams, en un contundente fallo de más de 50 páginas en el que alude a que el magnate republicano utilizó la demanda para blindarse a nivel fiscal tras el polémico acuerdo extrajudicial.
El inquilino de la Casa Blanca logró un acuerdo extrajudicial con el Departamento de Justicia para retirar la demanda que incluía la creación de un fondo para compensar a supuestas víctimas de «instrumentalización» o «lawfare» de la Justicia en anteriores gobiernos y una polémica cláusula que impedía al IRS realizar futuras auditorías sobre sus declaraciones de impuestos pasadas.
Ante las dudas que generaba el fondo multimillonario, la Administración Trump finalmente optó por abandonar el plan, si bien intentó mantener las protecciones otorgadas por el acuerdo contra las auditorías del IRS. El fiscal general interino, Todd Blanche, había defendido que esto no otorgaba «ningún tipo de inmunidad futura al presidente, a su familia ni a sus organizaciones».
La jueza plantea en el fallo que Trump, al ser presidente, tiene jurisdicción sobre el Departamento de Justicia, el Tesoro y el IRS, por lo que demandó a agencias que se encuentran bajo su propio control directo, violando así el requisito de que las partes en litigio deben ser «adversas».
«Se trataba de un intento de utilizar a la corte para dar cierta legitimidad a un acuerdo que otorgara inmunidad a personas y entidades afiliadas al presidente y destinar miles de millones de dólares de los contribuyentes estadounidenses para reparar agravios no definidos en la ley», señala.
La jueza ha remitido a Alejandro Brito, uno de los representantes legales de Trump, al Colegio de Abogados de Florida —donde se puede enfrentar a posibles sanciones— y ha prohibido a Daniel Epstein, otro de sus abogados, participar en casos en el distrito sur de Florida durante al menos un año. Ambos son los responsables de firmar la denuncia inicial contra el IRS.
