El primer ministro de Hungría, Péter Magyar, ha anunciado este lunes el nombramiento de un comisionado ministerial para investigar los casos de abuso infantil en el país, incidiendo en las críticas al anterior Ejecutivo de Viktor Orbán por sus fallos en este asunto.
«El legado del Gobierno de Orbán es dramático», ha señalado el dirigente húngaro, recalcando que su predecesor dejó un sistema «sobrecargado, humillado y traumatizado, donde los profesionales están agotados, las instituciones saturadas y los responsables políticos se dedican a encubrir la realidad», informa el portal de noticias Telex.
De esta forma, ha respondido al escándalo por el indulto al subdirector de un orfanato declarado culpable por encubrir abusos sexuales a diez menores por parte del director del centro, así como los abusos destapados en un centro de menores en Budapest, asuntos que desencadenaron importantes protestas en Hungría y fueron bandera de Magyar en su oposición a Orbán.
Ante esto, ha defendido el nombramiento de un comisionado que investigue los casos, insistiendo en que su Gobierno «escucha a las víctimas, propone reparaciones y se asegura de que ninguna petición de auxilio quede sin respuesta».
Magyar se propone reformar también el sistema de acogida dado que se necesitan unas 2.000 familias para niños menores de 12 años, tras indicar que menores con traumas graves o que presentan problemas de conducta esperan hasta un año y medio para ser ubicados en un centro de acogida adecuado.
Según ha relatado durante años hubo más personas dispuestas a adoptar que menores en situación de tutela pero ahora se ha invertido la situación y hay más niños esperando que familias dispuestas a acoger.
La crisis por el encubrimiento de abusos a menores en centros de acogida alcanzó tal magnitud que obligó a dimitir a la anterior presidenta de Hungría Katalin Nóvak, y se llevó por delante la carrera de la entonces ministra de Justicia Judit Varga, quien refrendó el indulto.
El subdirector del orfanato fue condenado a tres años y cuatro meses de prisión por obligar a una de las víctimas a firmar una declaración falsa y ofrecer a otra dinero si se retractaba de su testimonio. Mientras, el máximo resonsable del centro fue condenado a ocho años de prisión.
