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El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha reconocido un «fallo de anticipación» por parte de los servicios de Inteligencia durante la ola de disturbios y saqueos del pasado 17 de octubre, un estallido de violencia que ha achacado a la acción premeditada de grupos de extrema izquierda y a delincuentes coordinados. Al mismo tiempo, ha descartado tajantemente que el Gobierno planee cortar las redes sociales, apostando en su lugar por obligar a las plataformas a retirar los contenidos ilícitos que incitan a la violencia.
Durante una entrevista concedida al canal del 'youtuber' Hugo Décrypte, el mandatario galo ha abordado la crisis social y estudiantil que mantiene en tensión al país a escasos meses de las elecciones presidenciales. Sobre el 17 de octubre, Macron ha admitido que la movilización ciudadana por el poder adquisitivo fue «subestimada» (esperaban 250.000 asistentes y acudieron cerca de medio millón) y que el dispositivo policial se vio superado por una táctica inédita de los 'Black Blocs' y grupos 'antifa', que atacaron infraestructuras antes del inicio de las marchas.
A esta violencia de grupúsculos radicales se sumó, ha explicado, una movilización de miles de jóvenes delincuentes que utilizaron aplicaciones para coordinar el saqueo de comercios en los centros de grandes ciudades como París, Lyon o Marsella.
Frente a los rumores sobre un posible 'apagón' digital exigido por el Gobierno a las operadoras, Macron ha sido claro: «No es cuestión de prohibir las redes sociales». El presidente ha precisado que la actuación del Ejecutivo se ciñe a exigir a las plataformas el cumplimiento de la normativa europea (DSA) para retirar contenidos de odio o llamadas al pillaje, apoyándose en la labor de rastreo de la plataforma policial Pharos.
Asimismo, ha defendido la decisión de los prefectos de prohibir ciertas convocatorias de protesta que carecían de respaldo sindical y cuyo único fin era «crear el desorden», asegurando que el derecho de manifestación se ha preservado ofreciendo trazados alternativos para proteger a los comerciantes.
Preguntado por el elevado saldo de jóvenes heridos durante las cargas policiales en los bloqueos de los institutos, Macron ha expresado su «compasión» por las víctimas y ha calificado la situación de «fracaso colectivo».
No obstante, ha recordado que cientos de policías y miembros del personal educativo también han resultado heridos, subrayando que «ninguna reivindicación justifica la violencia».
Para atajar el descontento de los estudiantes, el jefe del Estado ha puesto en valor el inminente reemplazo de la criticada plataforma de acceso universitario Parcoursup de cara a 2028. Macron ha abogado por utilizar herramientas como la Inteligencia Artificial para dotar de mayor «transparencia y claridad» a los criterios de selección académica, aunque ha rechazado el postulado de que exista un «derecho universal a la universidad», apostando en su lugar por prestigiar los ciclos técnicos (BTS) y la formación profesional.
En el plano económico, motor del descontento ciudadano general, el presidente ha vinculado la pérdida de poder adquisitivo a una «inflación importada» derivada de la crisis geopolítica mundial y el aumento de los precios del combustible.
Para aliviar esta carga, Macron ha rechazado la propuesta de aplicar una bajada generalizada de los impuestos a los carburantes, argumentando que beneficiaría de forma desproporcionada a las clases altas y detraería fondos cruciales para el presupuesto de las regiones, encargadas, por ejemplo, de la renovación de los institutos.
En su lugar, ha defendido la vía de la negociación, destacando el compromiso alcanzado con la petrolera Total y otros distribuidores para aplicar rebajas directas en los surtidores a partir de este 1 de noviembre, evitando así imponer un tope administrativo.
Por último, el mandatario se ha referido al atentado terrorista de índole racista perpetrado la semana pasada en la localidad de Trappes, que dejó un muerto y varios heridos graves. Macron ha alertado de que existe un «racismo ambiental» y una clara «desinhibición» en los discursos de odio, señalando directamente como responsables a la Agrupación Nacional —formación liderada por Jordan Bardella y Marine Le Pen— y a los movimientos de extrema derecha.
Frente a las críticas de diversos investigadores que acusan a su propio Gobierno de banalizar términos de la extrema derecha, Macron ha defendido a sus ministros y ha pedido centrar el combate político en rebatir ideas «democráticamente», rechazando la imposición de etiquetas de «fascistas» a responsables políticos del bloque republicano.
Respecto a la responsabilidad de los medios de comunicación en la propagación de estos discursos, ha recordado que el control del pluralismo y el respeto a la ley recae sobre la autoridad audiovisual independiente (ARCOM) y no sobre el Ejecutivo.
