La Misión de Acompañamiento de la Unión Europea, que ha supervisado los procesos de autoridades judiciales y electorales en Guatemala, ha mostrado su «profunda consternación» por la decisión tomada este viernes por la Corte de Constitucionalidad (CC) de ordenar una nueva calificación de aspirantes a fiscal general y titular del Ministerio Público.
«Esta intervención modifica de forma abusiva los criterios de evaluación y vulnera la integridad del proceso y la confianza pública en las instituciones, excluyendo la experiencia judicial. Dicho criterio parece arbitrario y es incompatible con el principio y el deber de priorizar la capacidad, idoneidad y honorabilidad de quien ocupará el cargo de Fiscal General», ha condenado el comunicado de la Misión.
La Comisión de Postulación de Guatemala ha seguido este viernes las directrices de la CC, que proponía integrar una nueva nómina de seis aspirantes a jefe del Ministerio Público (MP) y fiscal general de Guatemala, que ha sido entregada al presidente Bernardo Arévalo de León. En su contra, la Unión Europea, que ha destacado el «alto grado de publicidad» del primer proceso, cree que este debería «ser respetado».
«Esta decisión contradice precedentes de la propia Corte que reconocían la relevancia de la experiencia en la judicatura. Ante esta decisión, la Misión recuerda que la Comisión de Postulación tiene que ejercer su mandato constitucional mediante una evaluación sustantiva, transparente, rigurosa y objetiva de las calidades de los aspirantes sin vulnerar el objetivo de la ley», ha condenado.
De esta manera, la CC exigió remitir una nueva nómina y la Comisión de Postulación, después de acatar la decisión y reiniciar la calificación de los aspirantes, verificó los expedientes enviados por el presidente, quien será el encargado de elegir al próximo fiscal general para el período 2026-2030.
La fiscal general en funciones, María Consuelo Porras, que cuenta con sanciones activas por Estados Unidos, la Unión Europea y Canadá por «socavar la democracia» y «participar en actos ilícitos», dejará el cargo el próximo 16 de mayo después de que este miércoles la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Guatemala haya rechazado «in limine» —sin entrar a considerar el caso por considerarlo infundado— la solicitud de retiro de inmunidad instada en su contra.
