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La premio Nobel de la Paz de 2026, la jurista sudafricana Navi Pillay, ha defendido las conclusiones de la comisión de Naciones Unidas sobre abusos de Derechos Humanos en Israel y los Territorios Palestinos Ocupados que presidió entre 2021 y 2025 y según la cual las autoridades israelíes habían cometido un genocidio en la Franja de Gaza. Así, ha manifestado que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, entre otras autoridades, «debería ser juzgado» por incitar al genocidio en el enclave palestino.
«Nuestra recomendación, nuestra conclusión, es que el presidente (Isaac Herzog), el primer ministro Netanyahu y el exministro de Defensa (Yoav Gallant) deberían ser juzgados», ha manifestado Pillay en una entrevista con la cadena Sky News en la que ha subrayado que los tres «deberían ser procesados por tribunales nacionales o por el Tribunal Penal Internacional (TPI), que es el tribunal internacional con más probabilidades de poder juzgar a estas personas».
Al hilo, ha querido recordar que «el propósito de la Convención sobre el Genocidio es prevenir el genocidio». «El mundo no quiere esperar a que ocurra un genocidio para después reaccionar. Entonces ya es demasiado tarde: miles de personas mueren en estos ataques genocidas», ha advertido, subrayando que, precisamente por eso, «el objetivo de todos los Estados» firmantes de la Convención era establecer que, «en cuanto se supiera que podía estar produciéndose un conflicto genocida, había que intervenir para impedirlo». «Es una obligación jurídica que recae sobre todos los Estados, aunque el genocidio no se produzca en su propio territorio», ha agregado.
Pillay, además, ha rechazado como «carentes de fundamento» y «reacción injustificada» las críticas desde el Ejecutivo israelí hacia su figura que argumentan un afán de desprestigiar a Israel por motivos políticos. «El Estado de Israel me recibió con los brazos abiertos. Fui la única alta comisionada para los Derechos Humanos que recibió una invitación de Israel para realizar una misión en el país», ha indicado la premio Nobel en la misma entrevista, en la que ha señalado que solo cuando se convirtió en presidenta de la comisión empezó «a recibir esos comentarios abusivos» acusándola «de antisemitismo y, ahora, de parcialidad».
«El informe, que concluye que Israel cometió genocidio, se apoyó en pruebas procedentes del propio Israel», ha subrayado, apuntando que «el Gobierno había prohibido a unos ocho organismos muy conocidos dentro de Israel compartir información con la comisión y con el Tribunal Penal Internacional, claramente con el objetivo de asegurarse de que lo que estaban haciendo quedara oculto».
Asimismo, preguntada por las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acerca de que haya sido ella la galardonada con el Nobel de la Paz, Navi Pillay ha remarcado que «preferiría no entrar en un enfrentamiento personal con él» y que el mandatario norteamericano «tiene ambiciones: desea recibir este premio de la paz».
Con todo, ha observado «muchas declaraciones irresponsables» por parte del inquilino de la Casa Blanca, a quien «desearía que sus asesores jurídicos se esforzaran por informarle sobre el Derecho Internacional, la justicia internacional, el Estado de derecho y hasta qué punto se ha aplicado».
«También deberían recordarle que fue Estados Unidos quien tomó la iniciativa: el juez (Robert) Jackson fue el fiscal jefe en los tribunales de Núremberg», ha añadido, alegando que «no se puede ser selectivo una vez que se establece un sistema que uno mismo apoya».
