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La moción de censura contra el ministro del Interior de Perú, César Astudillo, por el asesinato de una candidata regional finalmente no saldrá adelante después de que dos partidos de la oposición hayan retirado su apoyo a esta iniciativa, la primera de este tipo desde que Keiko Fujimori asumió como presidenta a finales de julio.
La iniciativa había sido impulsada hace una semana por el opositor Juntos por el Perú en respuesta al asesinato de la periodista y candidata al gobierno de la región de Ánchash, Susy Isabel Aponte Polo, quien ya había alertado de que un alto mando policial había ordenado su muerte.
Los últimos en salir han sido los diputados de Cívico Obras, una de las formaciones que ayudó a promover la iniciativa de Juntos por el Perú, que finalmente se ha quedado solo junto al Partido del Buen Gobierno, insuficiente para que la medida pueda ser debatida y votada este jueves.
La salida de los últimos diputados díscolos de Cívico Obras se ha producido después de que el otro partido de la oposición Ahora Nación acordara no respaldar la moción de censura contra Astudillo, si bien algunos de sus diputados han confirmado su predisposición de votar a favor de la misma.
Polo, también conocida como 'La China Polo', fue asesinada a tiros hace un par de semanas durante un acto de campaña en la ciudad de Caraz, noroeste de Perú. Nueve días antes había acusado al entonces jefe de Investigación Criminal de la Policía, Víctor Revoredo Farfán, de haber ordenado su ejecución.
Farfán, por su parte, tan solo ha sido trasladado a otro puesto de la Policía. Sí han sido detenidos de manera provisional los ciudadanos venezolanos Luis Obispo Díaz y Ronald José Toro Ardila, investigados como presuntos sicarios.
El Gobierno de Fujimori ha heredado una de las peores crisis de seguridad ciudadana y de orden público de la historia reciente de Perú, con una rápida expansión del crimen organizado, los ataques selectivos contra transportistas y aumento de la extorsión y las ejecuciones por encargo.
Fujimori ha optado también nada más llegar prorrogar el estado de emergencia y la presencia de los militares para intentar contener la grave situación de inseguridad, en especial en las regiones de Lima y Callao, a pesar del escaso éxito que han tenido estas medidas en el mandato anterior.
