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La Liga Árabe ha expresado este lunes su «gran preocupación» por las recientes declaraciones del ministro de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich, en las que abogó por expandir la «revolución» de los asentamientos en Cisjordania al Neguev y Galilea, en el marco de un plan para «judaizar» la zona a expensas de los residentes árabe-israelíes en estas zonas de Israel.
El secretario general del bloque, Nabil Fahmi, ha señalado que estos planes cuentan con «elementos discriminatorios, fundamentados en la identidad y la filiación nacional», algo que «refleja un peligroso repunte de las tendencias racistas en el seno de la sociedad israelí que refuerzan un patrón de discriminación y exclusión a expensas de los principios de igualdad y los derechos de los ciudadanos árabes».
Así, ha advertido contra «las graves consecuencias sociales y locales de la institucionalización de dichas tendencias y su conversión en políticas públicas», al tiempo que ha remarcado que se enmarcan en «un bloque más amplio de políticas israelíes destinado a imponer nuevas realidades sobre el terreno, especialmente en torno a la expansión de asentamientos y la erosión de los pilares de un Estado palestino».
«Estas políticas contravienen el Derecho Internacional y socavan las perspectivas de una solución política justa y duradera», ha argumentado Fahmi, que ha reclamado a la comunidad internacional que «cumpla con sus responsabilidades» y «preserve las condiciones necesarias para el establecimiento de un Estado palestino independiente dentro de las fronteras del 4 de junio de 1967, con Jerusalén Este como su capital».
El comunicado ha sido publicado después de que Smotrich asegurara la semana pasada que reclamará al Gobierno que surja de las elecciones legislativas de octubre que se le dé el control de la Administración de Planificación y la Autoridad de Tierras de Israel para lograr trasladar «un millón de judíos más al Neguev y Galilea a través del establecimiento de 40 asentamientos y decenas de granjas».
Smotrich, líder de Sionismo Religioso, sostuvo además que abogará por «una expansión significativa» de los asentamientos tras las próximas elecciones, según el diario 'The Times of Israel', si bien los últimos sondeos apuntan a que su partido podría no alcanzar el umbral mínimo del 3% para obtener representación parlamentaria.
Por su parte, el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha denunciado la confiscación de tierras por parte de Israel al este de Jerusalén y ha dicho que estas acciones «suponen un nuevo crimen en el contexto de los planes de asentamiento destinados a dividir geográficamente Cisjordania, aislando la ciudad de Jerusalén y reforzando el control sobre ella».
«Advertimos sobre el aumento de los planes para desplazar a nuestro pueblo y apoderarse de sus tierras en Jerusalén y Cisjordania, e instamos a la comunidad internacional a romper su silencio ante la guerra de asentamientos y judaización por parte de la ocupación», ha esgrimido en un comunicado, en el que ha solicitado «medidas» contra Israel «para detener la agresión contra el pueblo, la tierra y los lugares sagrados».
«Los planes y crímenes de la ocupación no lograrán doblegar la firmeza de nuestro pueblo ni su arraigo en su tierra, y nuestro pueblo y nuestra resistencia solo se enfrentarán a una mayor firmeza y resistencia contra los proyectos de anexión y desplazamiento, y los frustrarán», ha señalado el grupo palestino, que ha pedido además «unificar los esfuerzos y posiciones palestinas» y «reforzar la opción de la resistencia para proteger la presencia palestina».
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, prometió la semana pasada seguir expandiendo los asentamientos en Cisjordania a pesar de las críticas internacionales y adelantó que estos trabajos son llevados a cabo de cara a «una gran oleada migratoria» hacia los Territorios Palestinos Ocupados.
El Derecho Internacional considera ilegales todos los asentamientos en los Territorios Palestinos Ocupados, si bien el Gobierno de Israel hace diferencia entre aquellos a los que ha dado permiso y los que no, que son los únicos que considera contrarios a la ley, a pesar de las críticas internacionales y los pronunciamientos de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en este sentido.
