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Las autoridades de Israel han anunciado este jueves el cierre del Consulado Británico en Jerusalén y ha impendido la entrada al país a más de una veintena de representantes y ciudadanos británicos a los que ha vinculado con actividades «antisemitas» y «antiisraelíes», en respuesta a las «medidas unilaterales contra Israel adoptadas por el Gobierno laborista desde que asumió el cargo en julio de 2024».
Concretamente, el ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, ha comunicado la expulsión de los representantes británicos del Centro Internacional de Ayuda Humanitaria para Gaza, de doce «cargos electos» y otros ciudadanos británicos presuntamente implicados en actividades contrarias a Israel, así como de «personas que rechazan la propia existencia del Estado de Israel». Igualmente, abandonará el país el cónsul general tras poner fin a sus funciones.
«No se puede actuar contra Israel sin que Israel adopte las medidas de respuesta apropiadas», ha sentenciado el ministro israelí, que ha criticado también la «retórica hostil, incluidas acusaciones falsas contra Israel, como las de 'limpieza étnica'», que acompaña a las actuaciones británicas denunciadas.
La última de ellas, ha apuntado Saar, es la puesta en marcha de un «amplio conjunto de sanciones» contra los asentamientos en Judea y Samaria —nombre bíblico de Cisjordania usado por las autoridades israelíes para referirse a este territorio palestino—, y la ampliación de la suspensión de licencias de exportación de material de defensa a Israel.
Así las cosas, el Ejecutivo israelí ha autorizado al Gobierno británico a operar en el edificio del Consulado, si bien este dejará de prestar funciones consulares a partir de hoy. En él con un equipo de trabajo compuesto «únicamente» por siete diplomáticos y «con un ámbito de actividad muy limitado».
«No puedo garantizar que no haya nuevas crisis en el futuro. Si las hay, las afrontaremos sobre la base de nuestros principios. Es importante recalcar una vez más que nosotros no iniciamos la crisis actual», ha expresado Saar, antes de asegurar que, «de acuerdo con los entendimientos alcanzados», esta decisión no derivará en medidas contra Israel.
«Queremos mantener buenas relaciones con todos los países del mundo. Pero todo país que actúe contra Israel debe saber que habrá un precio», ha concluido, lamentando que «en los últimos años no ha habido un diálogo genuino con el Gobierno laborista», pese a las «buenas relaciones» que Israel mantiene con Reino Unido.
Las declaraciones del ministro de Exteriores llegan después de que el Gobierno israelí anunciase a comienzos de septiembre el cierre del consulado de Reino Unido en Jerusalén y sanciones contra doce políticos británicos, entre ellos el exlíder laborista Jeremy Corbyn, además de otras medidas en represalia por el veto anunciado por Londres al comercio con los asentamientos israelíes en territorio ocupado de Cisjordania.
Saar enmarcó entonces estas «contramedidas» en respuesta a la decisión anunciada por su homólogo británico, Ed Miliband, que había tildado de «moralmente retorcida y una injerencia flagrante en los asuntos de un Estado soberano y en su proceso electoral», dado que Israel tiene previsto celebrar elecciones legislativas este octubre.
Tras el anuncio del Ejecutivo israelí, el Gobierno británico ha matizado en un comunicado que el Consulado General no cerrará y ha aclarado que pasará a denominarse Misión de Reino Unido en Jerusalén y que esta actuará de forma «independiente», y seguirá prestando «servicios esenciales, así como desarrollando nuestro trabajo con el pueblo palestino».
«Hemos dejado claro que no aceptamos que el Gobierno de Israel tenga el derecho legal de cerrar el Consulado General británico en Jerusalén, que lleva allí casi 200 años. El Gobierno de Reino Unido reitera su posición histórica de que Jerusalén Este es un territorio ocupado», ha manifestado el ministro de Exteriores británico Ed Miliband, en la nota.
Esta conclusión ha sido alcanzada, según Miliband, tras conversaciones mantenidas con el Gobierno israelí a fin de garantizar la «histórica presencia británica» en la región y el papel de Reino Unido «en apoyo de una solución de dos Estados».
Sin embargo, Reino Unido ha anunciado la retirada de varios miembros del personal y a sus familias por motivos de seguridad, alegando que, «sin un entendimiento», su personal y sus instalaciones no cuentan con las garantías necesarias para su protección.
«Trabajaremos durante los próximos meses para restablecer y reforzar nuestra presencia, y no adoptaremos medidas recíprocas mientras estas conversaciones sigan desarrollándose de manera creíble», ha concluido Miliband.
