El expresidente de Bolivia, Evo Morales, ha pedido este lunes un proceso «imparcial» y «legal», después de haber sido declarado en rebeldía por la Justicia de su país al no personarse ante el Tribunal Departamental de Tarija, donde tiene lugar la causa judicial en su contra por un supuesto delito de trata de personas, relativo a una relación con una adolescente durante su etapa presidencial.
«No busco la impunidad, solo exijo un proceso imparcial, legal y apegado a la Constitución y al Derecho procesal», ha reclamado el exmandatario en un mensaje publicado en sus redes sociales en el cual ha defendido que «ningún ciudadano puede ser condenado jurídica y mediáticamente, sin el respeto del debido proceso y la presunción de inocencia».
En esa misma línea, Morales ha abogado por que «nadie» sea «condenado» por «razones políticas» con «acusaciones falsas y armadas con pruebas inventadas solo con el objetivo de aniquilar jurídica, moral y físicamente».
«Si un juez o un tribunal permite que un juicio avance sin resolver los incidentes pendientes, corre el riesgo de que todo lo actuado sea nulo de pleno derecho, pudiendo la defensa de un denunciado presentar acciones constitucionales y una denuncia penal por prevaricato contra los administradores de justicia», ha anotado el exdirigente, acompañando su publicación de jurisprudencia seleccionada en pro de sustentar sus palabras.
Morales, que se encuentra recluido en la región cocalera de Chapare, en pleno Trópico de Cochabamba, bajo la pétrea custodia de sus seguidores, no ha acudido a ninguna de las citaciones de las autoridades, a las cuales ha acusado, desde la etapa del expresidente Luis Arce, de haber fabricado un caso en su contra.
Con relación a su caso, la acusación sostiene que Morales mantuvo en 2015 una relación con una joven entonces de 16 años, con quien tuvo una hija en su etapa presidencial, que se prolongó desde 2006 hasta 2019, cuando salió del país, presionado por la oposición y una parte de las Fuerzas Armadas, que no reconocieron su triunfo electoral.
