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El Tribunal Penal Internacional (TPI) ha rechazado «enérgicamente» las sanciones interpuestas por Estados Unidos contra la institución, una decisión que considera un intento de obstaculizar su labor judicial y que se suma a las medias adoptadas previamente contra trece de sus jueces y fiscales, todas ellas —ha denunciado— en detrimento del orden jurídico internacional.
«Esta medida atenta contra una institución judicial independiente, creada por tratado y encomendada por 125 Estados partes para investigar y enjuiciar el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el crimen de agresión», ha argumentado el Tribunal en un comunicado, en el que insiste que la decisión «constituye un intento de obstaculizar la Justicia», así como un «ataque contra el Estado de derecho y contra los fundamentos mismos del orden jurídico internacional, que atenta contra el principio fundamental de que nadie está por encima de la ley».
La institución ha alertado asimismo de que estas medidas no solo buscan interferir en el desarrollo de sus actividades, sino también ejercer presión sobre sus trabajadores y las personas que colaboran con ella. No obstante, «la Corte seguirá cumpliendo plenamente su mandato, con independencia e imparcialidad», de acuerdo con declaraciones de su presidenta, Tomoko Akane.
La Corte ha subrayado que su capacidad para seguir operando depende también del compromiso de los Estados que impulsaron su creación y ha recordado que el Estatuto de Roma constituye un compromiso colectivo para evitar que queden impunes «los delitos más graves que preocupan al conjunto de la comunidad internacional».
En la misma línea, la institución ha advertido de que el cumplimiento de ese compromiso requiere la voluntad de los países que lo suscribieron y ha instado a los Estados parte a adoptar nuevas medidas concretas para asegurar que el Tribunal dispone de los recursos necesarios para continuar con su actividad.
Aunque ha reconocido que la situación actual puede dar lugar a dificultades, la representante del TPI ha destacado los esfuerzos realizados junto a los países que lo sostienen «para garantizar la continuidad y la resiliencia de sus operaciones».
LA CORTE RECHAZA LA INTIMIDACIÓN Por otro lado, la Corte ha incidido en que las personas que trabajan para hacer justicia no deberían sufrir represalia alguna en el desempeño de sus funciones y ha advertido de que las consecuencias de la decisión estadounidense trascienden el ámbito institucional, cuestionando la voluntad de la comunidad internacional de defender los principios que ha proclamado.
«Nadie debería ser castigado por servir a la causa de la Justicia», ha señalado la institución, antes de apelar a la responsabilidad de los Estados ante un escenario que considera especialmente relevante para el futuro de la justicia internacional.
«La Historia juzgará este momento. Las generaciones futuras, y sobre todo las víctimas de atrocidades masivas, se preguntarán cómo respondimos cuando una institución creada para protegerlas fue atacada. Se preguntarán si la Corte se mantuvo firme y si la comunidad internacional defendió los principios que proclamó o permitió que se abandonaran bajo presión», ha concluido el Tribunal en el cierre de su comunicado.
Estas palabras llegan después de que el Departamento del Tesoro estadounidense haya dado este viernes un paso más en su campaña contra el TPI como institución, al que acusa de ser un organismo «supranacional corrupto» y «politizado» que abusa de su autoridad, si bien ya había trece jueces y fiscales del TPI sancionados por Washington en represalia por la investigación abierta a Israel por crímenes de guerra cometidos en la Franja de Gaza.
En esta ocasión, el anuncio de las sanciones se ha dado a conocer horas después de la decisión del Comité Noruego del Nobel de reconocer a la exjueza del TPI y antigua Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, con el premio Nobel de la Paz, galardón que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había reclamado en los días anteriores para sí mismo.
