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El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha establecido este jueves que los Estados miembro deben aportar pruebas «objetivas y suficientemente sólidas» de que el presidente ruso, Vladimir Putin, ejerce un control efectivo sobre una empresa para poder congelar sus fondos en aplicación de las sanciones europeas, sin que baste para ello con aludir al carácter «autocrático y oligárquico» del régimen ruso.
Así lo ha determinado el tribunal, con sede en Luxemburgo, en una sentencia sobre el caso de Inter Rao Lietuva, una empresa que operaba en Lituania como importadora y suministradora independiente de electricidad y cuyos fondos fueron inmovilizados en 2022 por las autoridades lituanas por su vinculación indirecta con personas sujetas a las medidas restrictivas de la UE, en concreto Putin.
La decisión de las autoridades lituanas se apoyaba en que Inter Rao Lietuva pertenece indirectamente a la sociedad rusa Inter Rao, cuyos principales accionistas son empresas participadas indirectamente por Rusia. La compañía recurrió la congelación de sus activos y el la justicia de Lituania trasladó el caso al TJUE para aclarar, entre otras cuestiones, el nivel de prueba necesario para acreditar esos vínculos.
«La existencia de control sobre una sociedad por parte de una persona sujeta a las medidas restrictivas de la Unión debe demostrarse de manera objetiva y suficientemente sólida», ha establecido el TJUE, que señala que ese control puede acreditarse mediante pruebas directas o a través de «un conjunto de indicios suficientemente concretos, precisos y concordantes».
En este sentido, el Alto Tribunal europeo ha aclarado que el carácter «autocrático y oligárquico» del régimen político ruso no basta por sí solo para concluir que Putin ejerce un control real y efectivo sobre las empresas que operan en Rusia, incluso aunque su posición le permita ejercer una influencia de facto sobre los agentes económicos del país.
Con todo, el TJUE no excluye que pueda acreditarse la existencia de un control informal sobre una empresa aunque no exista ningún vínculo jurídico, de propiedad o de participación en su capital. Para ello, el juez nacional podrá tener en cuenta cualquier información o circunstancia que demuestre la realidad y efectividad de ese control, siempre que esté fundamentada «objetivamente y de manera suficientemente sólida».
