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El Supremo de EEUU rechaza autorizar la orden de Trump contra el voto por correo para las 'midterms'

Redacción

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Lo esencial

El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha rechazado autorizar el plan de Trump para restringir el voto por correo en las elecciones de mitad de mandato.

Por qué importa

Es importante porque se trata de una medida que afecta directamente al derecho al voto de millones de ciudadanos estadounidenses.

Qué ocurrió

El Tribunal Supremo ha rechazado la solicitud de Trump para suspender una orden judicial que declaraba ilegal su plan para restringir el voto por correo. La jueza federal Indira Talwani había dictado una medida cautelar en septiembre contra la medida de Trump.

Entre líneas

El Tribunal Supremo ha dejado claro que la medida de Trump no tiene muchas posibilidades de prosperar, y que su implementación sería arbitraria y caprichosa. Además, se puede leer entre líneas que hay una división entre los jueces del Supremo sobre la legitimidad de la medida de Trump.

El contexto

El plan de Trump para restringir el voto por correo surgió después de que firmara una orden ejecutiva en marzo contra el voto por correo, alegando que contribuye al fraude electoral.

El panorama

Esta es la tercera vez que la Administración Trump acude al Supremo para intentar implementar su plan de restricción del voto por correo, lo que muestra una estrategia persistente de la Casa Blanca en este tema.

La clave

El fiscal general de California, Rob Bonta, ha celebrado la decisión del Supremo como una victoria para la democracia y el Estado de derecho.

Artículo completo

El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha rechazado este lunes autorizar el plan del inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, para restringir el voto por correo de cara a las elecciones de mitad de mandato —las 'midterms'—, respaldando la orden judicial que declaraba ilegal una medida que el presidente republicano pretendía tener implementada para los citados comicios, que tendrán lugar el 3 de noviembre.

«La solicitud de suspensión presentada ante la jueza (del Supremo Ketanji Brown) Jackson y remitida por ella al Tribunal queda denegada», ha anunciado el Tribunal en un breve mensaje en el que afirma que «el Gobierno tiene pocas posibilidades de prosperar en el fondo de su recurso contra la medida cautelar dictada» por la jueza de federal de distrito Indira Talwani a principios de septiembre.

El documento, al que ha accedido Europa Press, recoge dos opiniones. La primera de ellas y más breve es la del magistrado Brett Kavanaugh —nominado por Trump en 2018—, que afirma que, aunque «existe al menos una probabilidad razonable de que la norma definitiva» impulsada por la Casa Blanca «se ajuste a las facultades legales del Servicio Postal», aplicarla «en las elecciones de 2026 resultaría arbitrario y caprichoso, vulnerando así la Ley de Procedimiento Administrativo, dado que los funcionarios electorales estatales y locales no disponen de tiempo suficiente para implementarla de manera razonable antes de los comicios».

Más se ha extendido en sentido contrario el juez Samuel Alito, que —a lo largo de ocho páginas y respaldado por su par Clarence Thomas— defiende que «algunos de los demandantes carecen de legitimidad procesal, mientras que el resto plantea una reclamación que este Tribunal ha calificado recientemente como un 'último recurso' que 'rara vez tiene éxito'».

Alito ha acusado además a «los estados demandantes» de protestar contra «el calendario de aplicación de la norma (...) cuando ellos y los tribunales que conocen de sus reclamaciones son responsables de gran parte de la demora». «El Gobierno ha acreditado los requisitos necesarios para la suspensión; por consiguiente, disiento respetuosamente», ha zanjado.

Ningún otro del total de nueve magistrados que componen la Corte Suprema —seis de los cuales son conservadores— han indicado el sentido de su voto, y el documento emitido por el tribunal con su decisión no recoge tampoco el total de votos a favor o en contra.

Esta es la tercera vez que la Administración Trump acude de urgencia al tribunal, después de que varios grupos hayan intentado bloquear la medida.

De hecho, el Supremo había fallado en favor de Trump en una ocasión anterior, al considerar que los estados gobernados por demócratas probablemente carecían de legitimidad para impugnar la orden ejecutiva del presidente, uno de los argumentos esbozados por el juez Alito. Sin embargo, este último proceso se ha centrado en cómo el Servicio Postal de Estados Unidos (USPS, por sus siglas en inglés) implementaría la directriz presidencial a medida que se acerca el día de las elecciones.

Las demandas surgieron poco después de que Trump firmara en marzo una orden ejecutiva contra el voto por correo, que, según él, contribuye al fraude electoral.

Varios de los recursos interpuestos contra la norma han alegado que excede la autoridad de Trump, mientras que los estados gobernados por demócratas han alertado de que dicho plan provocaría el caos, alegando que sería imposible cumplir con sus requisitos antes de las elecciones de noviembre. Algunos han ido más allá, protestando porque, a su juicio, la medida impediría votar por correo a millones de personas.

Uno de ellos era el estado de California, cuyo fiscal genera, Rob Bonta, ha celebrado en redes la decisión del Supremo de este martes como «una victoria para nuestra democracia y una reafirmación contundente del Estado de derecho».

«Lo que estaba en juego en este litigio era de suma importancia. El voto es el derecho fundamental del que emanan todos los demás derechos, y los 50 estados permiten, de una forma u otra, emitir el voto por correo», ha subrayado.

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