El portavoz del Gobierno argentino, Manuel Adorni, ha detallado este viernes la puesta en marcha de un nuevo paquete de leyes que pretenden continuar con su agenda de desregulación económica, la reforma del Estado y el fomento de la inversión privada, si bien todavía necesita el aval del Congreso.
«Estos son los cambios que introducirá, de ser sancionado, el nuevo paquete de leyes enviado al Congreso de la Nación: Ley de Ludopatía, para combatir a las plataformas ilegales de apuestas online en pos de reforzar la protección de los menores de edad; Súper RIGI, para incentivar proyectos de inversión dedicados exclusivamente al desarrollo de nuevas actividades económicas en el país», ha expresado el portavoz en una publicación en sus redes sociales.
Con la nueva 'Ley de Ludopatía', que busca combatir los sitios de apuestas online que operan sin licencia y endurecer los accesos a los menores de edad, el Gobierno argentino busca dar una respuesta a este reclamo social sin prohibir el negocio legítimo de las plataformas de apuestas.
Por otro lado, con el 'Súper RIGI', acrónimo de 'Régimen de Incentivos a Grandes Inversiones', Milei y su equipo se enfocan en financiar nuevas actividades económicas que, hasta ahora, no estaban contempladas en el antiguo esquema de beneficios fiscales.
Asimismo, Adorni ha presentado otras dos nuevas leyes. «Etiquetado Frontal, para derogar la ley actual, suprimir los octógonos, eliminar las restricciones al uso de personajes infantiles y avanzar hacia un sistema de información nutricional más preciso, adaptable y técnicamente consistente; Ley de Lobby, para ordenar y transparentar a todos aquellos que buscan influir sobre las decisiones públicas, con que funcionarios y en beneficio de quien», ha matizado.
De esta manera, con el 'Etiquetado Frontal', Argentina elimina la ley vigente de 2021 que obliga a productores a señalar con octógonos negros los excesos en azúcares o sodios, de modo que facilite el comercio aunque con la oposición de varias organizaciones internacionales.
Por último, Milei ha movido ficha para crear un registro obligatorio y público de los 'lobbistas' o gestores de intereses. Buenos Aires obligaría a registrar de una manera transparente quién se reúne con qué funcionario público, qué temas se discuten y a qué empresa o sector representan cada uno de ellos.
