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El Departamento de Estado de Estados Unidos ha justificado este jueves la decisión de denegar el visado a la exalcaldesa de Barcelona y candidata a la Presidencia del Gobierno español por el Frente Amplio, Ada Colau, advirtiendo de que la entrada al país norteamericano «es un privilegio, no un derecho». El Gobierno estadounidense responde así a las acusaciones de la dirigente política, que ha achacado la prohibición de viajar a Puerto Rico a un «veto político» e ideológico por su participación en una flotilla de ayuda a Gaza.
Un portavoz del Departamento de Estado ha señalado a Europa Press que, bajo el liderazgo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el secretario de Estado, Marco Rubio, la Administración está «poniendo los intereses estadounidenses primero en nuestro proceso de visados». «Como ha dicho el secretario Rubio, un visado estadounidense es un privilegio, no un derecho», ha aseverado la diplomacia norteamericana, detallando que cada solicitud se evalúa «caso por caso tras una revisión rigurosa y una investigación exhaustiva para determinar si el individuo es elegible bajo la ley estadounidense».
La respuesta de Washington llega después de que Colau denunciara públicamente que la Administración estadounidense le ha impedido viajar a Puerto Rico —con estatus de estado libre asociado—, donde tenía previsto participar dentro de dos semanas en el encuentro municipalista internacional 'Fearless Cities', en el que también está citado el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani. Tras serle denegada la autorización electrónica (ESTA) —que sí recibió el resto de su comitiva—, la exregidora catalana se sometió hace 15 días a una entrevista en la Embajada de EEUU en Madrid.
Según el entorno de la candidata, el interrogatorio del personal diplomático versó casi en exclusiva sobre su activismo propalestino y los tres días que pasó retenida en Israel tras participar en la Flotilla rumbo a Gaza. Finalmente, el equipo de Colau recibió la denegación definitiva amparada formalmente en la supuesta «sospecha de que quiere migrar ilegalmente al país», un argumento que consideran una excusa para ocultar una motivación estrictamente política.
La «revisión rigurosa» aludida por el Departamento de Estado se enmarca en la dura postura adoptada por la Administración Trump respecto a las iniciativas de apoyo a Palestina. El pasado mes de abril, el Gobierno estadounidense ya condenó enérgicamente la flotilla solidaria en la que participó Colau, tachándola de «iniciativa pro-Hamás» organizada por una entidad sancionada por terrorismo, y advirtió de posibles consecuencias legales para quienes formaran parte de ella.
Tras confirmarse el veto, Colau ha cargado contra lo que considera una muestra más del «autoritarismo que protagoniza Trump». «Llama la atención que Trump se llena tanto la boca de la palabra libertad, pero luego esté cerrando sus fronteras a cualquier persona que sencillamente no le gusta, porque en mi caso no tenía ningún argumento legal», ha criticado la candidata del Frente Amplio.
La decisión de Estados Unidos ha provocado una cascada de reacciones de solidaridad en el seno de su formación política. El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, ha tachado de «paradoja» la situación, contrastándola con la reciente visita a España del presidente argentino, Javier Milei. «Puede entrar (Milei) a España a hablar de recortes, pero Colau no puede entrar a Estados Unidos a hablar de derechos», ha dicho.
Por su parte, el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha afirmado que Colau «tiene que sentirse honrada» por el veto, contraponiendo su postura a la de las formaciones de derecha que «van de patriotas pero doblan la espalda ante Trump y Netanyahu».
