La Unión Europea ha aprobado este viernes nuevas sanciones contra seis personas por su «responsabilidad en graves violaciones de los Derechos Humanos» en Irán, entre ellas cinco jueces de tribunales revolucionarios y un destacado integrante de un grupo de ciberdelincuencia vinculado al régimen, al que el bloque atribuye haber facilitado la persecución de opositores políticos, activistas y minorías religiosas.
La nueva batería de medidas adoptada por los Veintisiete responde al recrudecimiento de la represión interna en Irán y eleva a 269 personas y 53 entidades la lista de sancionados. Las medidas contemplan la congelación de activos, la prohibición de viajar a territorio comunitario y el veto a poner fondos o recursos económicos a disposición de los afectados.
«Mientras la atención del mundo está puesta en la guerra en Oriente Próximo, no podemos perder de vista la represión de Irán contra su propio pueblo», ha reivindicado la Alta Representante de la UE para Política Exterior, Kaja Kallas, en un mensaje en sus redes sociales.
En concreto, los Veintisiete han incluido en la lista de sanciones a cinco jueces de tribunales revolucionarios regionales por haber presidido procesos judiciales contra disidentes políticos y minorías religiosas, entre ellos la premio Nobel de la Paz Narges Mohammadi, basados en acusaciones de seguridad nacional y religión formuladas de manera imprecisa.
Según explica el Consejo de la UE, que reúne a los Estados miembros, estos magistrados han impuesto penas de muerte, largas condenas de prisión, castigos corporales, multas y otras penas adicionales contra activistas y opositores, incluidos participantes en las protestas del movimiento 'Mujer, Vida, Libertad' desencadenadas tras la muerte bajo custodia de Mahsa Amini en 2022.
Además, la UE ha sancionado a Nima Salehi, ingeniero informático y fundador del grupo cibernético Ashiyane, al considerar que esta organización coopera estrechamente con la Policía Cibernética iraní (FATA) y con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) en ciberataques dirigidos contra opositores e instituciones extranjeras.
Asimismo, el bloque mantiene la prohibición de exportar a Irán equipos que puedan utilizarse para la represión interna, incluidos sistemas de vigilancia de las telecomunicaciones.
Con esta decisión, la UE amplía el régimen de sanciones por violaciones de los Derechos Humanos en Irán, instaurado en 2011 y prorrogado por última vez hasta abril de 2027, después de reforzar de forma sucesiva estas medidas desde 2022 ante el aumento de la represión por parte de las autoridades iraníes.
En sus conclusiones de junio, además, el Consejo Europeo instó al régimen iraní a poner fin a la violencia contra su propia población, reclamó el respeto de los Derechos Humanos y de las libertades fundamentales y adelantó que la UE seguiría trabajando en nuevas medidas restrictivas contra los responsables.
