Los fiscales de la Cámara de Representantes a cargo del juicio político contra la vicepresidenta Sara Duterte han afirmado este sábado que las bases para la destitución han quedado firmemente asentadas, tras concluir la primera semana del juicio político en el Senado. Según los legisladores, el proceso ha avanzado con éxito en la conversión de las acusaciones formales en pruebas judiciales sólidas.
La representante del Partido Mamamayang (liberales), Leila de Lima, ha destacado en Ciudad Quezón que la fase inicial del juicio fue «significativa» gracias a la comparecencia del primer testigo, el agente John Mark Calilong, de la Oficina Nacional de Investigación.
«La primera semana fue significativa porque la Fiscalía comenzó a convertir las acusaciones descritas en los artículos de acusación en pruebas que luego fueron analizadas y sometidas a contrainterrogatorio. Esto involucró al primer testigo, el agente John Mark Calilong», ha expresado la diputada.
Calilong habría facilitado las grabaciones de vídeo en las que Duterte vertía amenazas de muerte contra el presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., la primera dama y el expresidente de la Cámara de Representantes, Martin Romualdez.
A su vez, De Lima ha subrayado que la conversión de las acusaciones en pruebas «irá seguida de otros testigos que corroborarán las pruebas o explicarán el significado de esas grabaciones».
Por su parte, el representante del partido Akbayan (progresistas), Chel Diokno, ha comparado la estrategia de la fiscalía con la «construcción de una casa», asegurando que los cimientos del caso ya han sido colocados.
Diokno ha adelantado que las próximas audiencias servirán para demostrar ante los senadores y opinión pública «cómo las acciones de la vicepresidenta supusieron una violación constitucional y una traición a la confianza pública», de cara a las próximas declaraciones de testigos que corroborarán los cargos.
«Queremos que todos, no solo los senadores-jueces, sino también el público que nos ve, comprendan el fundamento real de estos artículos de destitución, cómo implican violaciones de nuestra constitución o una traición a la confianza pública. Esto es lo que demostraremos en las próximas semanas. La fiscalía desempeñará el mismo papel para cada uno de los artículos de la acusación», ha matizado.
Duterte hace frente a acusaciones por presunto malversación de fondos públicos, enriquecimiento ilícito y amenazas contra el presidente del país, Ferdinand Marcos Jr., la primera dama y un expresidente de la Cámara de Representantes, si bien ha negado todos los cargos y ha calificado las acciones adoptadas como una cuestión meramente política.
En caso de ser declarada culpable por el Senado, podría ser destituida e inhabilitada para el desempeño de cargos públicos, lo que truncaría sus aspiraciones para presentarse como candidata a la Presidencia en 2028.
