El presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., ha defendido su gestión frente a los casos de corrupción que estallaron el año pasado y que derivaron en protestas a nivel nacional por implicar a decenas de miembros del Parlamento, funcionarios y contratistas, muchos de los cuales recibieron sobornos por proyectos sobre inundaciones.
«Fiel a mi promesa, llevamos a cabo una investigación exhaustiva y profunda, sin prejuicios hacia nadie. Examinamos minuciosamente los hechos y seguimos el rastro adondequiera que condujeran las pruebas. Hicimos todo lo necesario para llegar al fondo del asunto», ha explicado durante un discurso a la nación.
El mandatario ha recordado que hay «contratistas, altos funcionarios y legisladores» enjuiciados por estos casos de corrupción, mientras que también ha asegurado que el Gobierno está sometiendo cada proyecto a un «escrutinio riguroso», desde su planificación y costes hasta su ejecución efectiva.
Ferdinand ha indicado además que, según el Defensor del Pueblo, «se está cerca de presentar múltiples cargos» contra el expresidente de la Cámara de Representantes, Martín Romualdez, familiar del presidente, es su primo, y que ha negado haber cometido cualquier irregularidad.
«Todo lo recuperado de los individuos corruptos implicados se reintegrará sin demora a las arcas públicas», ha indicado el mandatario después de que una comisión independiente que investiga los casos informara hace meses de que logró recuperar dinero en efectivo, automóviles de lujo y otros bienes de los contratistas y funcionarios corruptos.
En concreto, el valor total de los fondos y activos recuperados asciende a cerca de 25.000 millones de pesos filipinos (356 millones de euros). «Hemos incorporado a recién graduados, así como a personal honesto y confiable, bajo modalidades de contratación por orden de trabajo y prestación de servicios», ha detallado.
Marcos fue acusado por la oposición de utilizar una comisión independiente que tenía como objetivo investigar estos casos para protegerse a sí mismo, a su familia y a sus aliados más cercanos, con críticas precisamente a que Romualdez no hubiera sido detenido.
A principios de junio, el senador Jinggoy Estrada se entregó a las autoridades policiales tras ser acusado de recibir mordidas por valor de 573 millones de pesos filipinos, algo menos de ocho millones de euros, en un contrato de infraestructuras.
La trama corrupta tiene en su centro una serie de proyectos de control de inundaciones financiados por el Gobierno y valorados en unos 9.000 millones de euros. Sus contratistas privados se apropiaron de parte de esta cantidad a través de «proyectos fantasma» y chapuzas en muchas zonas que, en su momento, quedaron inundadas por el paso de los tifones 'Kalmaegi' y 'Fung-wong', que dejaron más de 250 muertos.
