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La relatora especial de Naciones Unidas para los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, ha subrayado este lunes que la retirada de escombros de la Franja de Gaza por parte de Israel «no debe destruir las pruebas de crímenes internacionales» en el marco de la ofensiva lanzada por las fuerzas israelíes contra el enclave tras los ataques del 7 de octubre de 2023.
«La retirada, trituración y reubicación de escombros en marcha en Gaza no debe destruir pruebas de crímenes internacionales ni impedir la recuperación e identificación de restos humanos en el enclave asediado», ha señalado, antes de afirmar que las implicaciones de estas acciones «son profundas».
Así, ha explicado que «los escombros en Gaza contienen restos humanos y pruebas físicas vinculadas a la investigación de supuestos crímenes internacionales, incluido un genocidio». Las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, estiman en más de 10.000 los cuerpos que continúan entre los escombros de los edificios bombardeados por Israel.
Albanese ha alertado por ello de que las restricciones de acceso impuestas por Israel en torno al 70% de la Franja, incluido el control militar parcial del enclave, no puede ser separado de la ilegalidad de la presencia de Israel en los Territorios Palestinos Ocupados, tal y como afirmó en julio de 2024 la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
«En la devastada Gaza, los escombros no son solo desechos de construcción. Son parte de la escena de un crimen, un cementerio y el testimonio material de lo sucedido durante una brutal e insensata campaña de bombardeos que duró dos años», ha sostenido Albanese, que ha recordado que el 4 de agosto fueron enterrados en la Franja más de 110 palestinos cuyos restos fueron recuperados en un edificio de la ciudad de Gaza destruido en noviembre de 2023.
En este sentido, ha descrito como «vital» que «antes de que se adopten decisiones sobre traslado o trituración (de los escombros) por parte del Ejército ocupante o sus aliados se lleve a cabo la recuperación e identificación digna de los restos humanos, la documentación sistemática de los lugares y los materiales, la preservación de las pruebas potencialmente relevantes y el establecimiento de una cadena de custodia ininterrumpida bajo supervisión independiente».
Albanese ha pedido para ello que investigadores internacionales supervisen estas labores, al tiempo que ha advertido de que «los actores estatales y las empresas involucradas en su eliminación deben tener en cuenta que, al destruir pruebas de crímenes internacionales, podrían incurrir en responsabilidad penal internacional en relación con esos crímenes»".
En este contexto, ha insistido en que su preocupación se enmarca en la escala y naturaleza de la destrucción sufrida por Gaza en el marco de la ofensiva, al tiempo que ha recordado un informe de un relator de la ONU que refleja que al menos el 92% de las unidades de vivienda de la Franja, junto con infraestructura civil, han quedado destruidas o han sufrido daños.
La relatora ha puntualizado además que Israel ha continuado usando maquinaria pesada para seguir llevando a cabo demoliciones en las zonas bajo su control a pesar del acuerdo alcanzado en octubre de 2025 para aplicar la propuesta de Estados Unidos para Gaza, que llevó aparejado un alto el fuego.
«Cualquier retirada (de materiales) debe realizarse en el marco de un plan diseñado por palestinos y respaldado por actores que gocen de su confianza», ha subrayado Albanese, que ha reiterado que «destruir pruebas de crímenes atroces es ilegal».« Es inaceptable que la reconstrucción de Gaza esté condicionada al borrado de su pasado y de las pruebas necesarias para garantizar justicia a sus víctimas», ha apostillado.
