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Al menos ocho reclusos han muerto y otros diez han resultado heridos en dos amotinamientos registrados este jueves en prisiones de Ecuador, una oleada de violencia que el Gobierno ecuatoriano ha sugerido que está vinculada con la detención, ese mismo día, de la excandidata presidencial y líder opositora Luisa González.
El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) ha detallado en un comunicado que los altercados han tenido lugar en el Centro de Privación de Libertad Cotopaxi N.º 1 y en el Centro de Privación Provisional de Libertad Pichincha N.º 1. En cada una de estas instalaciones se ha confirmado el fallecimiento de cuatro personas privadas de libertad (PPL).
Asimismo, la autoridad penitenciaria ha indicado que los diez reclusos heridos se encuentran recibiendo atención médica. Los presuntos responsables de estos incidentes violentos ya han sido identificados por las autoridades y serán trasladados a la cárcel 'El Encuentro'. En paralelo, el Bloque de Seguridad mantiene activos los protocolos operativos para garantizar el orden en los recintos afectados.
Los motines han coincidido en el tiempo con el operativo policial que se saldó con el arresto de la líder del movimiento Revolución Ciudadana (RC), Luisa González, un hecho sobre el que ha querido llamar la atención el ministro del Interior, John Reimberg. «Hoy, justo el día en que fue detenida Luisa González, de la RC5, se registran dos amotinamientos en cárceles del país, con fallecidos. ¿Casualidad? Que cada quien saque sus conclusiones», ha manifestado a través de sus redes.
Reimberg, además, ha endurecido el discurso del Ejecutivo de Daniel Noboa al advertir de que no permitirán «que el crimen organizado ni sus aliados políticos desafíen al Estado». «La ley no se negocia. El orden no se entrega», ha sentenciado el ministro.
Estos sucesos se enmarcan en un clima de alta tensión política e institucional en el país sudamericano tras el arresto de González, investigada por la Fiscalía en el marco del 'caso Laberinto' por presunto blanqueo de capitales e irregularidades en la financiación de su campaña presidencial de 2023. La líder progresista y su formación han tachado el arresto de «detención arbitraria e inconstitucional» y han acusado a la Administración de Noboa de actuar como una «dictadura» que utiliza tácticas de persecución judicial o 'lawfare' para silenciar a la oposición.
