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El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha alertado este martes de que podría verse forzado a dejar de dar ayuda a 8,3 millones de personas a causa de los recortes de financiación internacional, incluidos impactos sobre programas esenciales de apoyo en algunas de las principales crisis de desplazamiento forzoso del mundo.
El organismo ha señalado en su informe 'Protección erosionada: el coste humano de la falta de financiación' que los fondos disponibles han caído de los 5.200 millones de dólares (unos 4.583 millones de euros) en 2024 a los 3.900 millones de dólares (cerca de 3.437 millones de euros) en 2025.
A finales de julio de este año, ACNUR había recibido solo el 32% de los 8.500 millones de dólares (alrededor de 7.490 millones de euros) requeridos para este año, en un momento en el que la cifra de personas en necesidad de ayuda está en niveles históricamente altos.
«Cuando faltan los recursos para registrar y documentar a las personas refugiadas, cuando cierran los espacios seguros o desaparecen los servicios de protección para la infancia, aumentan los riesgos a los que vuelven a estar expuestas estas personas: violencia, explotación y abusos», ha señalado la directora de Relaciones Externas de ACNUR, Dominique Hyde.
«Las familias quedan así en una situación de mayor vulnerabilidad, algunas se ven obligadas a desplazarse de nuevo en busca de seguridad y otras pueden acabar siendo víctimas de redes de trata», ha dicho, antes de agregar que «la protección no puede recortarse de forma indefinida sin poner en riesgo el funcionamiento de los sistemas que la garantizan».
Así, ha argumentado que «a partir de un determinado nivel de financiación, los servicios no se limitan a llegar a menos personas: pueden dejar de funcionar por completo». «Cuando esto ocurre, son precisamente las personas que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad quienes se quedan sin la protección que necesitan», ha subrayado Hyde.
ACNUR ha especificado que en estos momentos hay 319.000 refugiados en Chad que hacen frente a retrasos en los registros, los que las deja sin la documentación necesaria para acceder a servicios y las expone a ser detenidas. Así, hasta 200.000 mujeres corren el riesgo de perder el acceso a espacios seguros y programas de prevención, mientras que uno 233.000 niños podrían quedarse sin servicios de protección infantil.
En el caso de Etiopía, la capacidad de los espacios seguros para supervivientes de violencia de género se ha reducido en más de la mitad en un año, mientras que la cobertura de protección infantil en algunas zonas ha disminuido hasta un 85%. En otro caso como es el de Sudán, decenas de miles de supervivientes de violencia sexual y niños en situación de grave riesgo podrían perder el acceso a servicios esenciales de protección.
El organismo ha defendido que esta reducción de la financiación le ha llevado a acometer reformas y a adoptar decisiones difíciles para priorizar su labor, si bien ha hecho hincapié en que la continuada falta de fondos provocan que incluso estas actividades esenciales se vean afectadas, impactando además en la capacidad de los desplazados para superar la dependencia de la ayuda humanitaria.
En este sentido, hasta 350.000 refugiados y solicitantes de asilo en Irak podrían perder el acceso a oportunidades de inclusión económica, mientras que unos 162.500 desplazados internos en Siria en situación de vulnerabilidad y retornados no recibirán asistencia económica en las primeras etapas de su vuelta si no se obtienen fondos para respaldar este tipo de actividades.
En Afganistán, las ayudas para la reintegración solo han llegado a 175 hogares en lo que va de 2026, frente a los 5.300 hogares alcanzados en 2024, mientras que en general ACNUR tiene cada vez menos margen para destinar unos recursos cada vez más escasos allá donde se necesitan. De hecho, la proporción de financiación de ACNUR vinculada a actividades o proyectos específicos ha aumentado del 19% en 2022 al 51% en 2026.
«La financiación flexible nos permite trasladar los conocimientos especializados y los fondos adecuados allí donde más se necesitan», ha destacado Hyde, quien ha explicado que la misma permite a los equipos «actuar con rapidez cuando cambian las necesidades, proteger servicios esenciales y mantener la presencia sobre el terreno cuando las crisis se intensifican». «De forma fundamental, nos permite responder a nuevas emergencias sin olvidar aquellas crisis que han dejado de ocupar los titulares», ha zanjado.
