La magnitud del genocidio perpetrado por el franquismo contra los defensores de la Segunda República fue una monstruosidad. Se ejerció una violencia de Estado sistemática y planificada, toda una «arquitectura y pedagogía del Terror». Y junto a los cadáveres se intentó sepultar la verdad y asegurar la impunidad de los asesinos.
La democracia española tiene una deuda que aún no está saldada. Para su vergüenza, más de 100.000 víctimas del franquismo están aún desaparecidas. Y Andalucía se llevó la peor parte en ese exterminio, con más de 45 500 víctimas en Andalucía, repartidas en, al menos, 798 fosas comunes (155 de ellas en la provincia de Sevilla, que albergan a más de 11 000 víctimas).
La Memoria Histórica y Democrática no se debe al deseo de venganza o de «abrir viejas heridas», que, por otra parte nunca fueron cerradas. No es «memez histérica», como ha dicho algún dirigente del PP: es un asunto de Derechos Humanos, de Justicia, de Democracia, de Humanidad.
Una democracia verdadera no puede construirse sobre la desmemoria. Es decir, sobre la mentira, la ocultación de lo que pasó, el olvido, el expolio y el silenciamiento de los vencidos. Las familias de las víctimas tienen derecho a conocer la verdad, a que se haga justicia, al reconocimiento y la reparación moral. Quieren saber dónde están los restos de sus familiares, recuperarlos y darles cumplida sepultura como hacemos con nuestros difuntos, y socializar la pena.
La memoria de las víctimas del golpe de Estado, la Guerra Civil y la dictadura franquista, su reconocimiento, reparación y dignificación, representan un deber moral inexcusable de nuestra sociedad. Es, además, una obligación legal.
Quienes gobiernan tienen obligación de poner los medios para encontrarlas. Así lo establece de manera taxativa la Ley de Memoria Democrática aprobada en 2022 por las Cortes Generales que, en afirmación de los principios y valores democráticos y de la dignidad de las víctimas, repudia y condena el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 y la posterior dictadura. La Ley declara ilegal el régimen franquista, y establece que la búsqueda de los desaparecidos es una obligación del Estado.
Tres derechos esenciales: el derecho a conocer, el derecho a investigar y el derecho a la reparación plena, son principios que se contemplan en la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía de 2017. Sin embargo, los actuales gobiernos del PP en la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Sevilla y otros municipios, han obstaculizado su efectiva aplicación práctica.
El actual gobierno municipal de Sevilla ha paralizado por completo las políticas públicas en materia de Memoria Histórica y Democrática. No ha iniciado el proceso de exhumación de la fosa Monumento, pese a disponer de un presupuesto inicial para ello consignado en los presupuestos municipales de 2023; no ha atendido la solicitud de reunión que le han presentado varias veces las organizaciones memorialistas; ha dejado sin actividad la Oficina Municipal de Memoria Histórica; no ha procedido a formar, como es preceptivo, el nuevo Consejo Municipal de Memoria Democrática; ha anulado el dispositivo antes establecido para la recogida de muestras de ADN; y no ha dado ni un solo paso para proseguir el proyecto museológico de la antigua cárcel de Ranilla. Y el alcalde ha hablado de «despilfarro», de reorganizar la política de memoria y de que es una competencia exclusiva de la Junta.
Cumplir las leyes es obligación de toda la ciudadanía, pero más aún de los gobernantes. Cumplir la ley no es una opción, es una obligación. Ningún gobernante puede ampararse en su apoyo electoral para incumplir las leyes, sea por acción o por omisión de su deber de ponerlas en práctica.
Un anuncio que puede significar un cambio de rumbo: en estos días se ha comunicado por parte de cuatro administraciones públicas (Gobierno central, Junta de Andalucía, Diputación Provincial y Ayuntamiento de Sevilla) que en breve se firmará un protocolo inicial de intenciones, base de un futuro convenio, a partir del cual se procederá a iniciar los trabajos en la fosa Monumento del cementerio de Sevilla.
Damos la bienvenida a este acuerdo, que viene a demostrar lo que ya afirmábamos: la obligación legal de todas las administraciones públicas de aplicar en su ámbito las leyes de Memoria, y la capacidad económica para acometer los trabajos, si se quiere emprenderlos.
Por lo expuesto, este colectivo memorialista de la provincia de Sevilla demandará la ejecución sin demora del acuerdo alcanzado, y seguirá reclamando políticas públicas activas en Memoria Democrática, para lo cual:
- Convocamos a la ciudadanía de la provincia, a una marcha desde la entrada del cementerio de Sevilla hasta la fosa Monumento, el sábado 16 de marzo, a las 11:30 h, para exigir el inicio inmediato de los trabajos de exhumación.
- Instamos a todos los Ayuntamientos, a debatir y aprobar mociones para impulsar la puesta en práctica en el municipio de las medidas establecidas en las leyes de Memoria: investigación de los hechos, exhumaciones, trabajo de la Memoria Democrática en los centros de enseñanza, depuración del callejero y otros símbolos franquistas, supresión de los honores y distinciones a franquistas, etc.
- Invitamos a las entidades políticas, sociales y ciudadanas de la provincia a desarrollar una campaña de difusión para la aplicación de las políticas de Memoria Democrática, que culmine en una gran manifestación en Sevilla, el viernes, 14 de junio.
