La Mancomunidad de Servicios La Vega ha abierto una consulta pública en su Sede Electrónica y en la Plataforma de Contratación del Sector Público para recabar «propuestas del mercado» sobre sistemas de control del absentismo laboral y del consumo de alcohol y estupefacientes entre los trabajadores de la entidad.
En el texto oficial, la Mancomunidad justifica la medida alegando una tasa media de absentismo del 25 % durante 2025, con picos del 30 %, «afectando especialmente al servicio de recogida de residuos sólidos urbanos». El objetivo declarado es «conocer soluciones disponibles en el mercado» para verificar bajas médicas, garantizar la confidencialidad de los datos personales y aplicar protocolos de detección de alcohol y drogas al personal.

La consulta, abierta hasta el 20 de octubre, permite la participación de cualquier persona o entidad, pública o privada. Entre los aspectos a valorar se incluyen la «cadena de custodia de las pruebas», el tipo de test homologados o los canales de reporte de información.
La comunicación abunda en que «la Mancomunidad va a aprovechar esta consulta para conocer también soluciones dirigidas a controlar el consumo de alcoholemia y estupefacientes entre su plantilla, una medida tomada junto con los Delegados de Prevención de la entidad para favorecer la seguridad de empleados y empleadas así como de la propia ciudadanía en general, ante el uso diario de vehículos pesados en circulación por vías urbanas e interurbanas para la recogida de residuos».
La publicación ha generado preocupación entre representantes sindicales y políticos de la oposición, que advierten de una posible confusión entre incapacidad temporal y absentismo injustificado, y de una deriva privatizadora del control médico y disciplinario.
Los trabajadores del servicio de recogida —a quienes se alude directamente en la comunicación— han expresado su indignación y acusan a la Mancomunidad de faltarles al respeto, señalando que «no somos delincuentes ni sospechosos, somos empleados públicos que realizamos un trabajo duro y necesario». Denuncian que el comunicado «lanza sombras sobre toda la plantilla» y «abre la puerta a un control externo injustificado», en un anuncio que tildan de «indignante».

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