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Los líderes de los 22 países que componen la Comunidad Iberoamericana han reconocido su preocupación por la expansión y diversificación de la delincuencia organizada trasnacional y han coincidido en que para hacerle frente es necesaria una «acción coordinada».
Así lo expresan en uno de los comunicados especiales acordados en el marco de la Cumbre Iberoamericana que se ha celebrado este miércoles y jueves en Madrid.
En él, admiten su «preocupación por la expansión, diversificación y creciente capacidad de adaptación de la delincuencia organizada transnacional que afectan la seguridad de las personas, sus derechos humanos, el Estado de derecho, la estabilidad institucional, la democracia y el crecimiento económico».
Asimismo, reconocen que «la delincuencia organizada transnacional puede operar mediante redes transfronterizas que abarcan delitos como el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, el lavado de activos, la corrupción, la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes, la extorsión, la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego, sus piezas, componentes y municiones, el contrabando, los delitos que afectan el medio ambiente, la minería ilegal y la ciberdelincuencia, entre otros».
Así las cosas, reafirman que «su prevención y combate requieren una acción coordinada de los Estados» y aclaran que esta tiene que llevarse a cabo «en el marco de la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus protocolos, así como de los demás instrumentos internacionales pertinentes».
Esta lucha, añaden, también debe llevarse a cabo «con pleno respeto de la soberanía, el Derecho Internacional aplicable, los Derechos Humanos, el debido proceso y los ordenamientos jurídicos nacionales».
Al hilo, destacan «la importancia de fortalecer, de conformidad con el Derecho Internacional e interno de cada Estado, la cooperación policial, judicial, aduanera, migratoria, financiera, tributaria y fronteriza, así como el intercambio oportuno y seguro de información entre las autoridades competentes» y también promover «una mayor coordinación entre INTERPOL, AMERIPOL, EUROPOL, y otras instancias y mecanismos de cooperación».
Igualmente, consideran necesario «privar a los grupos delictivos organizados de sus capacidades financieras y logísticas mediante el fortalecimiento de la cooperación entre las autoridades financieras y tributarias, las autoridades de Inteligencia, la investigación del lavado de activos, la detección, el congelamiento, el aseguramiento, el decomiso y la recuperación y el retorno de bienes, la trazabilidad de mercancías, la seguridad portuaria y el control de las cadenas de suministro, así como la prevención del desvío de armas y municiones a receptores no autorizados».
