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Naciones Unidas ha ampliado este viernes a 214 la lista de empresas vinculadas al desarrollo de los asentamientos israelíes tanto en los territorios palestinos ocupados, incluida Jerusalén Este, considerados ilegales en virtud del Derecho Internacional, una 'lista negra' que incluye a cinco compañías españolas.
La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ha registrado empresas de hasta once países distintos en su lista de 2026, a la que ha añadido 61 nuevas compañías de 126 que han sido revisadas. La mayoría de ellas pertenecen a los sectores de agricultura, transporte, almacenamiento, gestión de residuos, energía, alimentación y hostelería.
Pese a ello, la Oficina matiza que aún quedan entidades que no han sido evaluadas a fecha de publicación de este informe de un total de 381, lo que eleva a 255 las empresas de las que se desconoce si tienen lazos con los asentamientos israelíes en Cisjordania.
En el caso de las españolas, las empresas que figuran en el listado son Actividades de Construcción y Servicios (ACS); Sociedad Española de Montajes Industriales (SEMI); Construcciones y Auxiliar de ferrocarriles (CAF), Ingeniería y Economía del Transporte (Ineco), a la que se ha sumado Salvat Logistica.
Por otra parte, ha retirado de su 'lista negra' a cinco empresas que ya no participan en una serie de actividades que precisa en su documento: suministrar equipo o materiales que faciliten la construcción y el mantenimiento de los asentamientos, las demoliciones de casas o propiedades palestinas, así como las actividades de vigilancia, el uso de recursos naturales para fines comerciales o contaminación y el vertido de desechos en aldeas palestinas, realizar operaciones bancarias —incluidos los préstamos hipotecarios— que contribuyan al mantenimiento y desarrollo de los asentamientos, y las restricciones y limitaciones administrativas dirigidas a perjudicar a la empresas palestinas.
La agencia dirigida por Volker Turk ha precisado asimismo que de las 214 empresas que integran la lista, 200 «contribuyen al impacto adverso» sobre el derecho de autodeterminación de los palestinos, mientras que las 14 restantes tienen una «vinculación directa» en ese efecto negativo sobre los Derechos Humanos de los palestinos.
Turk ha emplazado a las empresas listadas a «cumplir con su propia responsabilidad de respetar los Derechos Humanos con arreglo a las normas internacionales ampliamente aceptadas» y a los Estados a tomar medidas para «garantizar (...) que, cuando se produzcan abusos contra los Derechos Humanos relacionados con las empresas en su territorio y/o bajo su jurisdicción, las personas afectadas tengan acceso a recursos efectivos, de conformidad con el Derecho Internacional».
